La rebelión ha comenzado. El recurso de la dirección nacional del PP ante el Tribunal Constitucional y la entrada en vigor hoy de la ley del aborto han dado el pistoletazo de salida para que las comunidades gobernadas por los populares empiecen a poner pegas y objeciones a la norma y reclamen en tromba la suspensión de su aplicación hasta que el alto tribunal emita un fallo sobre su constitucionalidad. El Gobierno ha defendido la constitucionalidad de la reforma. La ley que al Ejecutivo le parece "de prevención, de seguridad y europea"; los populares la ven como "inhumana, inconstitucional e injusta".
La ley ya acumula tres recursos: el del partido de Mariano Rajoy, el del Gobierno de Navarra y el de varias asociaciones encabezadas por el centro jurídico Tomás Moro en su nombre y en el de otras cuatro entidades y un ginecólogo de Cádiz.
La dirección nacional del PP se ha mantenido en un segundo plano, cediendo el protagonismo hoy a sus Gobierno autónomos. La rebelión ha estado encabezada por el Ejecutivo murciano. Ramón Luis Valcárcel ha avanzado esta mañana que "no hay razones para acatar" la ley, puesto que ésta "todavía no están en su punto final". Valcárcel, en declaraciones a los periodistas al término de la reunión en Madrid de la junta directiva nacional de su partido, ha indicado que ésta es la opción que maneja su Gobierno.
La portavoz de Política Social del PP, Sandra Moneo, preguntada por las declaraciones del presidente murciano, ha explicado que las comunidades autónomas que gobiernan los populares "harán el máximo esfuerzo por ofrecer a las mujeres y jóvenes toda la información" que necesiten ante embarazos no previstos. La dirigente popular ha considerado "muy urgente" la paralización de la puesta en marcha de la norma y ha dicho que espera "un pronunciamiento cuanto antes del Constitucional".
La Comunidad de Madrid no ha llegado tan lejos como Murcia, se ha limitado a enfatizar su intención "de proteger en todo momento el derecho a la objeción de conciencia de los profesionales sanitarios", informa Efe. Un derecho que Trinidad Jiménez, ha confirmado esta mañana. En este sentido "no cambia nada", ha subrayado la ministra de Sanidad. El consejero madrileño de Sanidad ha dicho que "es un día muy triste para la mayoría de los españoles que están en contra de la ley".
Galicia saboteará a su manera la nueva ley del aborto. La Xunta no introducirá información propia relacionada con las ayudas a las mujeres que quieran interrumpir su embarazo en el sobre que, por decreto del Gobierno estatal, las autonomías deben entregar a las gestantes a partir de hoy, informa Cristina Huete. Aunque la Consellería de Sanidade sostiene que cumplirá "escrupulosamente" la ley española, fuentes del mismo departamento de Pilar Farjas han confirmado a este diario que Sanidade será un "mero transmisor de la información que meta Madrid" en el paquete.
El Gobierno valenciano por su parte ha indicado que debería haberse dejado en suspenso hasta la resolución del Constitucional, tal como ha pedido la dirección nacional del PP en su recurso.
Ha habido más pronunciamientos. La portavoz de Igualdad del PP en el Senado, María del Carmen Dueñas, ha acusado a la norma de ir "en contra de la mayoría de los españoles". Y el portavoz del Grupo Parlamentario Popular en la Asamblea de Madrid, David Pérez, ha señalado por su parte que la nueva ley "es inhumana, inconstitucional e injusta". "Es el mayor retroceso democrático en 30 años de democracia, porque por primera vez se establece que un grupo de personas, las no nacidas, pueden ser eliminadas de forma terrible y sin derecho a defensa alguna", ha subrayado en un comunicado.
Una ley de prevención
Las posiciones del PP y del Gobierno socialista no pueden estar más alejadas. Tras el fin de la guerra del Estatuto catalán , que se ha saldado cuatro años después con el fallo del Tribunal Constitucional al recurso interpuesto por el partido de Mariano Rajoy, comienza ahora otra batalla coincidiendo con la entrada en vigor de la nueva ley del aborto , también recurrida ante el alto tribunal por los populares. En torno a la aplicación de esta norma han girado esta mañana buena parte de los comentarios políticos, con posiciones nada templadas.
El presidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, ha subrayado en una rueda de prensa conjunta con el presidente sirio, Bashar al Asad, que se trata de una ley "de prevención; de seguridad y europea". Antes de esta declaración los populares la habían descalificado en todos los foros en los que han tenido voz desde bien temprano.
Zapatero ha aprovechado su comparecencia de esta mañana para apuntalar su defensa a la nueva legislación sobre la interrupción del embarazo y además ha reprochado al principal partido de la oposición "una constante de la anterior legislatura y también de ésta": "Lo que pierde políticamente en la mayoría social y parlamentaria siempre lo traduce en un recurso ante el Constitucional ". A continuación ha añadido: "Está en su derecho, pero las posiciones de fondo de los partidos políticos son las que marca la mayoría parlamentaria dentro de la Constitución".
El presidente ha definido la ley como "de prevención, de seguridad y europea". "De prevención porque está destinada a evitar embarazos no deseados, de seguridad porque da más garantías a los profesionales y a las mujeres y europea porque está en la media de las leyes de países de la UE con Gobiernos de todos los colores políticos". También ha defendido su plena constitucionalidad; "no crea inseguridad jurídica".
Poco antes, la secretaria de Política Internacional y Cooperación del PSOE, Elena Valenciano, había declarado que el objetivo que se persigue con esta reforma es "frenar los embarazos no deseados y, por tanto, que cada vez haya menos abortos". Mientras que la ministra de Igualdad, Bibiano Aído, ha asegurado que la norma es totalmente respetuosa con los límites establecidos en su día por el Tribunal Constitucional".
Navarra seguirá derivando los abortos a otras comunidades
El Gobierno de Navarra reiteró ayer su desacuerdo con la nueva ley del aborto y confirmó que, tras su entrada en vigor, seguirá derivando a las mujeres que deseen interrumpir su embarazo en los supuestos legales a centros de otras comunidades autónomas y bajo subvención. Según destacó la consejera navarra de Salud, María Kutz, esta decisión se debe a la "inseguridad jurídica" que existe por no estar regulada convenientemente la objeción de conciencia de los médicos.
Kutz defendió que Navarra "cumplirá la ley" y "garantizará" los abortos pero lo hará como hasta ahora, ya que el derecho a la objeción "está sin regular" en varias cuestiones como es la titularidad de la propiedad del registro de objetores, quién tiene o no acceso a ese registro, cómo se hace efectivo el derecho a objetar o la capacidad de cambiar de opinión, así como las disciplinas a las que afecta esta objeción. También valoró positivamente que haya sido admitido a trámite el recurso de inconstitucionalidad presentado por el Ejecutivo foral, porque "sin duda alguna hay una invasión de las competencias de Navarra".
