El alcalde de Barcelona, Jordi Hereu, volvió ayer a sorprender a la ciudadanía con el anuncio de que el ayuntamiento prohibirá por decreto de la alcaldía el uso del burka y del niqab en los espacios municipales. Así, sin siquiera debatirlo y votarlo en el pleno del consistorio, como se ha hecho en Lleida o ayer mismo en Tarragona. En Barcelona, da la impresión de que es tal la necesidad del alcalde de hacer algo, de tomar alguna iniciativa, a cual más sorprendente, que la ansiedad se impone a la reflexión.
Hay serias razones para prohibir esas prendas islámicas en los establecimientos públicos, como las hay para considerar que, aun estando radicalmente en contra de su uso, el veto es contraproducente y creará más problemas que los que pretende solucionar. Lleida, con alcalde del PSC, inauguró las prohibiciones, pero en El Vendrell los concejales socialistas abandonaron el pleno donde se votaba el veto por considerar el debate «artificioso y estéril». Ayer mismo, el jefe de campaña del PSC, Jaume Collboni, expresó sus reticencias a regular el burka a nivel autonómico o estatal, aunque defendió la autonomía de Hereu para prohibirlo por decreto.
Pero una cosa es la autonomía municipal y otra la incoherencia. Lo menos que se puede pedir en un tema tan delicado es que los partidos de gobierno y el Govern como tal tomen una postura clara y no dejen el debate a la opinión personal o a la conveniencia –electoral o de cualquier otro tipo– de un alcalde o de otro. Las contradicciones solo pueden dar la razón a quienes ven en la prohibición razones espurias.
