El Gobierno parece, por fin, decidido a abordar el debate sobre el uso del velo integral (burkas y niqabs) en los espacios públicos españoles. Es una buena noticia. Solo una iniciativa que se pretende debatir sosegadamente, exenta por tanto del sesgo electoralista que está caracterizando la ola prohibicionista catalana, será capaz de arrojar luz sobre un asunto que, sin duda, preocupa a los ciudadanos. Basta consultar algunas encuestas y comprobar los encendidos debates que suscita. Hasta ahora, el PSOE lo ha eludido alegando que no existía un problema real al respecto, afirmación que, en contradicción con el anuncio de regularlo, repitió ayer la vicepresidenta del Gobierno.
Es innegable que el problema es minoritario y también que el debate está envenenado por razones electorales que excitan los sentimientos más xenófobos, pero admite poca discusión que el uso del velo integral limita a las mujeres tanto social como personalmente y que, por tanto, cercena sus derechos y las discrimina. Tampoco se puede negar que una regulación no aportaría la mágica solución al problema de origen, íntimamente relacionado con la difícil integración de los colectivos inmigrantes y el mayor rechazo de la población autóctona en tiempos de crisis. Por eso, en las propuestas prohibicionistas catalanas se echan en falta políticos responsables capaces de plantear el asunto en toda su extensión.
El ministro de Justicia explicó el martes que se podría prohibir el velo integral en los espacios públicos por razones identificativas, lo que es de sentido común y sortearía impedimentos jurídicos. Anunció también que se podría regular dentro de la Ley de Libertad Religiosa. Fernández de la Vega se decantó ayer por hacerlo separadamente, lo que quizá sería más idóneo, puesto que el velo integral ni siquiera responde a un precepto religioso, sino a unas tradiciones que solo rigen en algunos países y en ciertos sectores integristas.
