Distintas asociaciones laicas y los grupos de izquierda en el Congreso de los Diputados han exigido al Gobierno que retire los símbolos religiosos de los colegios públicos después del fallo emitido por el Tribunal Europeo de Derechos Humanos que hace unos días dio la razón a una ciudadana italiana que había pedido la retirada de crucifijos del centro educativo donde estudian sus dos hijos.
Por unanimidad, los jueces europeos entienden que tener cruces u otros objetos religiosos vulnera el artículo 9 de la Convención de los Derechos Humanos al restringir el derecho de los padres a educar a sus hijos según sus creencias así como la libertad de religión de los alumnos. En principio, la sentencia no afecta al Estado español pero marca un precedente para actuaciones futuras que los magistrados no pueden ignorar.
Ya en 1982, el Tribunal Constitucional obligó a las escuelas públicas no exhibir símbolos religiosos. Además, el fallo de Estrasburgo se ajusta al contenido de los artículos 16 y 27.3 de la Carta Magna, que garantizan tanto el derecho de libertad religiosa y de culto, como el derecho de los progenitores a que sus hijos reciban “la formación moral y religiosa que esté de acuerdo con sus propias convicciones”. Si bien es cierto que cada vez son menos los colegios en España que tienen colgadas cruces de sus paredes o muestran figuras de santos -de los alrededor de 30.000 centros sólo uno de cada cinco conserva simbología religiosa- los “reductos” que van quedando pueden plantear litigios jurídicos y conflictos sociales.
Ese ha sido el caso del colegio Macías Picavea en Valladolid donde hace un año el Juzgado de lo Contencioso Administrativo número 2 dictó una sentencia que obligaba al centro a retirar los crucifijos de sus aulas y espacios comunes, después de que un grupo de padres así lo demandara desde 2005. El litigio se mantiene tras el recurso interpuesto por la Junta de Castilla y León.
Desde la Asociación Europa Laica, su presidente Francisco Delgado, considera “lamentable” que se produzcan este tipo de situaciones por un asunto que debería haberse “normalizado” hace años. En su opinión sólo bastaría con que el Gobierno y las Comunidades Autónomas emitieran una circular instando a los centros la retirada de símbolos lo que evitaría enfrentamientos que acaban por dirimirse en los juzgados. El problema –dice- es que existe “una cierta pereza política” para abordar la cuestión, sobre todo por parte del PSOE que se comprometió a reformar la Ley de Libertad Religiosa de 1980 en su programa electoral, un proyecto que por el momento sigue aparcado.
El Gobierno aduce que el texto aún no está concluido pero prevé que pueda iniciar su trámite parlamentario en 2010. Sin embargo, la presidencia española de la Unión Europea durante el primer semestre del próximo año podría posponer la reforma legislativa. La polémica por la ley del aborto y las discrepancias surgidas en el seno del PSOE por cuestiones relativas a la conciencia constituyen también un freno a esta iniciativa que ya se ha anunciado con ciertas limitaciones.
Lo que pretende el Ejecutivo es equiparar los derechos de la Iglesia Católica con el resto de confesiones religiosas, en particular musulmanes, judíos y evangelistas, aunque la primera mantendrá sus privilegios derivados de los acuerdos con la Santa Sede firmados en 1976 y 1979. En opinión de Delgado, el Concordato ha generado una situación “anacrónica” inspirando una filosofía que ha calado a lo largo de este tiempo en innumerables normas y leyes educativas, tributarias, patrimoniales, societarias, jurídicas, sanitarias e, incluso, asistenciales que conceden innumerables privilegios a la Iglesia Católica española, convirtiendo al Estado, de hecho, en un Estado confesional.
Europa Laica presentó hace un año a todos los grupos políticos en el Congreso un proyecto de ley de libertad de conciencia para su debate y discusión que incluye un apartado dedicado a la financiación de la Iglesia Católica, uno de los asuntos más polémicos que el Gobierno socialista se niega a tocar. A la espera de que se presente la ley, la izquierda parlamentaria (ERC, IU-ICV) ha movido ficha registrando una proposición no de ley para que se debata en Pleno la retirada de los símbolos religiosos de los centros educativos públicos.
