El Gobierno, que anunció la reforma para junio, prefiere centrarse en la crisis
El aplazamiento se confirma solo un día después de la cita del presidente con el Papa
El giro del Gobierno en sus postulados económicos está siendo de tal contundencia que amenaza con llevarse por delante los principios ideológicos. La primera víctima del cambio de la agenda de la Moncloa es la ley de libertad religiosa, una de las promesas estrella del programa electoral de José Luis Rodríguez Zapatero que el Ejecutivo se había comprometido a presentar antes del verano. Este objetivo, según confirmaron ayer fuentes gubernamentales, ha quedado aparcado hasta que vengan mejores tiempos.
Los ministerios de la Presidencia y de Justicia llevan trabajando desde el 2009 en la elaboración del anteproyecto de reforma de la actual normativa, que data de 1980. En enero de este año, la vicepresidenta primera, María Teresa Fernández de la Vega, aseveró que la intención era aprobar el primer documento y registrarlo en las Cortes para su debate parlamentario antes del 30 de junio, es decir, dentro del actual periodo de sesiones plenarias.
VOTO DEL PSOE / El pasado 18 de mayo, ERC llevó al Congreso una moción para instar al Ejecutivo a cumplir esos planes y logró ganar la votación con el apoyo del PSOE, lo que hacía pensar que se iba a cumplir –aunque fuera en el último segundo– el calendario previsto. Pero ayer, y tras unos días de rumores insistentes al respecto, se anunció que la iniciativa ya no es «prioritaria». Las mismas fuentes argumentaron que el nuevo rebrote de la crisis sufrido tras el ataque de los mercados al euro y a la deuda pública de los países de la Unión Europea (UE) ha convertido este tema en la única preocupación de la Moncloa. Tanto, que se ha decidido retrasar todos los proyectos normativos en curso que no estén vinculados con las medidas de recorte del gasto y las reformas económicas estructurales (la laboral, la de las cajas de ahorro, la de las pensiones y la ley de economía sostenible).
La confirmación del aplazamiento llegó solo un día después de que Zapatero cumpliera con el protocolo obligado, como presidente de turno de la UE, de ser recibido en audiencia por el Papa. En su primer encuentro en el Vaticano, ambos dirigentes hablaron de los temas más espinosos en los que mantienen discrepancias (el aborto, las clases de religión en la enseñanza pública y los matrimonios homosexuales). También «debatieron», como reconoció posteriormente Zapatero, sobre la ley de libertad religiosa.
BUENAS RELACIONES / Fuentes de la Moncloa negaron el jueves que el líder socialista anunciase a Benedicto XVI que la reforma se aparcaba, aunque destacaron el tono cordial del encuentro y las buenas relaciones que mantienen actualmente el Gobierno y el Vaticano, simbolizadas en las visitas a tres ciudades españolas (Santiago de Compostela, Barcelona y Madrid) que el Pontífice realizará el 8 y 9 de noviembre y en agosto del 2011, respectivamente.
Aunque el texto que se está elaborando descarta modificar el concordato que establece las ayudas estatales a la Iglesia católica española, el Vaticano mantiene sus reticencias a la norma por el apartado que pretende regular la presencia de símbolos religiosos en los espacios públicos. También se institucionaliza la libertad de trato a todas las confesiones y se da un nuevo paso a favor de la laicidad de las administraciones.
Fuentes socialistas explicaron que el Gobierno no considera oportuno, en una situación tan delicada como la actual, abrir ahora un nuevo frente de polémica ciudadana. Lo que no significa que la ley no se vaya a tramitar en esta legislatura. Según las previsiones del Ejecutivo, si no se producen nuevos sobresaltos económicos y se aprueban las reformas en marcha, retomar el proyecto para el último tramo del mandato sería un buen revulsivo en aras de recuperar la confianza de los electores.
MARCAR DIFERENCIAS IDEOLÓGICAS / No es la primera vez que el PSOE utiliza el choque con la Iglesia católica para marcar diferencias ideológicas con el PP. Estas serán más necesarias que nunca, como recuerdan dirigentes del partido, ante el intento de apropiación, por parte de los conservadores, del discurso social y de defensa del Estado del bienestar aprovechando los últimos recortes aprobados por el Gobierno.
