El borrador de la Ley de Libertad Religiosa, que maneja el Gobierno para sustituir a la de 1980, habla claro por primera vez de la laicidad del Estado Español.
Además, establece que el Estado organizará exclusivamente funerales civiles y solo se podrá desarrollar una ceremonia religiosa si las familias de los fallecidos lo solicitan, y también prohibirá los símbolos en los edificios públicos.
Esta expresión sirve de título para uno de los capítulos, pero, en su desarrollo, no se define a España como un estado laico, sino que habla de la "neutralidad" de los poderes públicos ante las creencias religiosas.
Este texto se conoce tras la reunión la semana pasada entre el presidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, y el Papa Benedicto XVI. Tras la audiencia, el jefe del Ejecutivo anunció que el proyecto de ley no se enviará a las Cortes Generales hasta después del verano, en contra de lo previsto, ya que se esperaba para este mes de junio.
