El Gobierno proyecta una norma que avala a todos los credos y no avanza en el laicismo
Es esperable que el prometido proyecto de ley de libertad religiosa que envíe el Gobierno socialista al Parlamento profundice en la aconfesionalidad del Estado. El borrador que maneja el Ejecutivo contiene, sin embargo, mensajes contradictorios que indican que no hay una voluntad real de emprender ese camino. Se prohíben los crucifijos en las escuelas y establecimientos públicos y, al mismo tiempo, se mantiene la garantía de la enseñanza religiosa en la escuela, además de pedir a los centros docentes que procuren adecuar la alimentación a las confesiones de los alumnos. Se dictamina que los actos oficiales organizados por los poderes públicos se lleven a cabo sin ceremonias religiosas y, al tiempo, no se abre la puerta a la objeción de conciencia para aquellos funcionarios públicos que deban participar en ellas.
El Gobierno se comprometió a sacar adelante una ley de libertad religiosa en esta segunda legislatura y todo parece indicar que ni las circunstancias ni el alcance de su propia convicción aconsejan un cambio legislativo que puede quedarse muy corto y abrir, sin embargo, un agrio debate. Tras un año de trabajo ha vuelto a aplazar su proyecto, pero su falta de convicción lo demuestra, fundamentalmente, el contenido de ese primer borrador publicado por EL PAÍS. Dicho borrador proclama la neutralidad de los poderes públicos respecto a la religión o las creencias, pero no se baraja la derogación de los dos acuerdos (el de 1979 y el de financiación de 2007) que deparan a la Iglesia católica una situación privilegiada frente al resto de las confesiones. Tampoco se proyecta retirar de la Constitución la alusión directa a la Iglesia católica, una mera cita que la Conferencia Episcopal utiliza en su beneficio.
En vez de profundizar en el laicismo del Estado, este proyecto parece querer convertirlo en multiconfesional. Algunos de los cambios que se proponen no están relacionados con nuestro ordenamiento jurídico, sino con tradiciones que en ocasiones no respetan la actual ley vigente de 1980. Para eliminar los símbolos religiosos quizá no sería necesario legislar, sino provocar su retirada bajo el aval de una sentencia del Tribunal de Estrasburgo que ha declarado incompatible el crucifijo en la escuela pública con la libertad religiosa. Para eximir a un militar de participar en un acto religioso basta aplicar la ley actual, que la condiciona a la voluntariedad; y para dejar de organizar funerales católicos de Estado, bastaría con no programarlos.