Según manifestó el líder sindical a Europa Press, esta medida, que afecta a más de 180.000 estudiantes en Granada, generará «graves problemas en las aulas», ya que temas como el aborto o el divorcio, en los que la Iglesia Católica se muestra claramente contraria, serán impartidos por profesores designados por la Conferencia Episcopal. De este modo, «se darán casos de chavales que suspendan la asignatura porque se muestren contrarios a tal ideología».
En este sentido, señaló que tanto el divorcio, como el aborto, «con condicionantes» están recogidos legalmente en la Constitución Española, «por lo que un suspenso de estas características sería totalmente injusto y contrario a la ley establecida», al tiempo que indicó que la elección del profesorado «incumple los propios principios constitucionales de igualdad, mérito y capacidad».
Sierra acusó al PP de adoptar esta medida «como una prevenda a la Iglesia Católica por su coincidencia ideológica y a cambio de determinados favores que le pueda devolver ésta», señalando que «no debería hacerlo con dinero público porque el culto debe hacerse en lugares destinados para ello, como las parroquias».
