Aunque no quieren la religión dentro del currículum educativo, los padres de la red pública están de acuerdo en que "las aulas estén abiertas para todos en horario extraescolar".
La Confederación Gonzalo Anaya va más allá y también solicita la revisión "urgente" del Concordato de 1979 con la Santa Sede, en el que se regulan las relaciones Iglesia-Estado. En concreto, pide "la abolición del artículo 1, en el que se expresa que 'la educación que se imparta en los centros docentes públicos será respetuosa con los valores de la ética cristiana". Según Giménez, este artículo "no tiene ningún sentido en un Estado aconfesional y laico -como recoge la Constitución española-, y en una sociedad cada vez más multicultural".
"La materia concebida para enseñar a nuestros hijos e hijas las pautas para la convivencia en una sociedad multicultural e igualitaria donde los ciudadanos, con independencia de sus creencias, tienen los mismos derechos es Educación para la Ciudadanía", opina la asociación valenciana mayoritaria de padres de la escuela pública. Y ésta debería ser "transversal y presente en todas las materias".