Comunidades y colegios acatarán la decisión del Supremo que rechaza la objeción
Los padres insumisos a Educación para la Ciudadanía se quedan cada vez más solos, al menos en lo que se refiere al apoyo, connivencia o manga ancha institucional de la que han gozado hasta ahora, bien por indefinición legal o por posicionamientos ideológicos. Tanto los Gobiernos autonómicos como los colegios aseguran que acatarán la decisión del Supremo que ha rechazado la posibilidad de objetar. Sin embargo, los padres, al menos los más aguerridos detractores de la materia, se resistirán con uñas y dientes y llevarán la insumisión hasta el final.
Con todas las prevenciones de no tener en la mano el texto de la sentencia (que se conocerá en las próximas semanas), las comunidades gobernadas por el PP dan por hecho que todos los alumnos insumisos tendrán que volver a clase, a pesar de que los responsables nacionales del partido insistan en que seguirán apoyando la lucha de estos padres.
El consejero de Educación de La Rioja, Luis Alegre, dijo que, "a priori", los alumnos ya no podrán faltar a las clases. Algo más concreto fue el portavoz del Gobierno madrileño, Ignacio González, que explicó que cuando se conozca el contenido del fallo lo pondrán "en conocimiento de los centros para que procedan a su cumplimiento". En Castilla y León van a esperar a que el Tribunal Superior de la comunidad retire las medidas cautelares que había concedido a 138 alumnos hasta que se pronunciara una instancia superior. En el Gobierno, en cualquier caso, asumen que las retirarán en breve, dice un portavoz.
Más curiosa es la postura de la Comunidad Valenciana, que asegura que acatará la sentencia, pero su presidente, Francisco Camps, hace una interpretación del fallo diametralmente opuesta a la de la mayoría: "Es un varapalo de primera magnitud" al Gobierno del PSOE. Los insumisos se agarran a los detalles de la sentencia. Por ejemplo, ponen en duda que el fallo afecte a todos los recursos pendientes (unos 500, según el Gobierno, cerca de 2.000, según los promotores del boicoteo), aunque la propia Comunidad de Madrid escribió el miércoles en un comunicado que considera que "el Tribunal Supremo ha fijado doctrina respecto a los contenidos de la asignatura Educación para la Ciudadanía y el derecho a la objeción de conciencia". Asimismo, los promotores del boicoteo sostienen, como Camps, que la sentencia cuestionará esos contenidos.
Pero los colegios tampoco parecen estar por la labor de seguir facilitando las cosas a los objetores si sus gobiernos regionales así se lo indican. "Si todos los niños tienen que entrar en clase, tendrán que entrar", dice la directora del Colegio Santa María de Las Rozas (Madrid), un centro de ideario católico. "Cumpliremos lo que nos manden", añaden desde la dirección del Colegio El Vedat, de Torrent (Valencia), centro de Fomento, vinculado al Opus Dei.
Muchos colegios de Fomento están representados por la Confederación Española de Centros de Enseñanza (CECE), cuya directiva se ha significado entre los promotores del boicoteo (junto al Foro de la Familia, la Confederación Católica de Padres de Alumnos o los colegios de San Pablo CEU). Rafael Caamaño es secretario general de la Federación Andaluza de Centros de Enseñanza Privada (CECE): "No vamos a dar instrucciones a los centros hasta conocer la sentencia y saber cómo debe ejecutarse (…) Daremos instrucciones para que se cumpla lo que diga la sentencia". El director de los colegios del CEU San Pablo, Antonio Urzaiz, tampoco quiere hablar de momento, pero dice que se acatará el fallo.
Pero los padres que se declaran objetores (50.000 según sus propias cuentas, unos 7.000 que les toque estudiar Ciudadanía este año, según las cifras de los Gobiernos autonómicos) no dan la batalla por perdida. Guillermo, el padre de un chico de 14 años que estudia en un instituto público del Puerto de Santamaría (Cádiz), lo tenía claro ayer. "Mi hijo no asistirá hasta que yo lea la sentencia del Supremo", aseguró este padre gaditano, que cuenta con respaldo judicial para que su hijo falte a Ciudadanía. "De momento, mañana [por hoy] no entrarán en clase, y el lunes ya veremos", dijo Ana Lomas, de la asociación La Rioja Educa en Libertad. Joaquín Polo, de Barbastro (Huesca) cuya hija no está entrando en clase amparada por un juzgado de primera instancia, dice no volverá a clase hasta que un tribunal no revoque el permiso para faltar.
Los insumisos insisten en que la decisión del miércoles del Supremo no implica al resto y, en cualquier caso, irán hasta el final con cada uno de los recursos pendientes, es decir, hasta el Supremo, después al Constitucional y al Tribunal Europeo de Derechos Humanos, aún cuando es muy posible que el resultado sea el mismo que ha marcado la sentencia del Alto Tribunal. Y aunque pierdan cada uno de los procesos, muchos seguirán peleando. "Atenderemos antes a nuestra conciencia que a ninguna ley", dijo José Sanz, de la Plataforma Padres por la Libertad, de Valladolid.
