La Ley de Mejora de la Calidad Educativa ya había tropezado con el rechazo ciudadano, pero en su estreno legislativo la pregonada "voluntad de consenso" del ministro de Educación, José Ignacio Wert, ha chocado de frente con una fuerte oposición parlamentaria. En el mismo día la mayoría del PP en el Congreso ha rechazado dos peticiones (del PSOE y de IU) de retirada del proyecto. Wert ha debido responder hasta siete preguntas en la sesión de control del Senado en las que, además de criticar aspectos de la ley, los grupos políticos han destacado la "soledad" de los populares en el apoyo a la reforma. Y eso que el texto remitido por el Consejo de Gobierno a la Cámara baja incorpora ciertas 'elipsis', al no incorporar o directamente eliminar ciertos detalles sobre temas polémicos.
Por ejemplo, los que se refieren al peso académico de la asignatura de Religión, que según confirmó el Ministerio contará para la nota media (algo que hasta ahora no ocurría) y, por tanto, para la obtención de becas. También contará, de no aprobarla, para repetir curso, al igual que su alternativa: "Valores sociales y cívicos"
Sí se incorpora al texto definitivo con el visto bueno del Consejo de Ministros una de las recomendaciones del Consejo de Estado; la de que los alumnos que cursen Religión puedan elegir también la otra opción, dada la importancia de sus contenidos. Para salvar este problema, en el primer grupo de asignaturas opcionales siguen figurando dos opciones: a) Religión b) Valores Sociales y Cívicos. Pero en el segundo grupo se vuelven a ofrecer ambas, por lo que los estudiantes podrían elegir las dos en el mismo curso.
En lo que el Gobierno no ha hecho caso al Consejo de Estado es en mantener Educación para la Ciudadanía. Una asignatura que, según su dictamen, "debería ser obligatoria en algún momento". Incluida en el programa electoral del PP, la eliminación de Ciudadanía era uno de los aspectos irrenunciables de la reforma Wert. Para salvar la objeción del organismo consultivo, se incorporan un par de párrafos al preámbulo, citando la recomendación del Consejo de Ministros del Consejo de Europa sobre la Educación para la ciudadanía democrática.
- "Esta ley orgánica considera esencial la preparación para la ciudadanía activa y la adquisición de las competencias sociales y cívicas, recogidas en la Recomendación el Parlamento Europeo y del Consejo de 18 de diciembre de 2006 sobre las competencias clave para el aprendizaje permanente. En el contexto del cambio metodológico que esta ley orgánica propugna se aborda esta necesidad de forma trasversal al incorporar educación cívica y constitucional a todas las asignaturas durante la educación básica, de forma que la adquisición de competencias sociales y cívicas se incluya en la dinámica cotidiana de los procesos de enseñanza y aprendizaje y se potencie de esa forma, a través de un planteamiento conjunto, su posibilidad de transferencia y carácter orientador".
En otro de los artículos se insiste en el carácter "transversal" de los conocimientos de educación cívica y constitucional.
- "Sin perjuicio de su tratamiento específico en algunas de las áreas de la etapa, la comprensión lectora, la expresión oral y escrita, la comunicación audiovisual, las Tecnologías de la Información y la Comunicación, el emprendimiento y la educación cívica y constitucional se trabajarán en todas las áreas". Ocho.6.
Otro de los puntos problemáticos de la ley, el de las evaluaciones al final de cada etapa educativa, pierde en el texto final uno de los enunciados que figuraban en el último borrador, en el que se refería a que las pruebas fueran realizadas por docentes externos, algo que el Consejo de Estado no veía bien en su informe.
- 3. "La realización material de las pruebas corresponde a las Administraciones educativas competentes. Las pruebas serán aplicadas y calificadas por profesorado externo al centro".
Así, parece que el Gobierno podría intentar sumar apoyos al texto eliminando del texto principal pequeños puntos conflictivos, que se incorporarían más tarde en el desarrollo de la ley. Pero si se toma como referencia la comparecencia del ministro Wert en el Senado, no parece que este gesto haya surtido efecto alguno.
El ministro ha respondido siete de las 15 preguntas de la sesión de control al Gobierno, que han retratado tanto el rechazo evidente de los grupos políticos como la posición del PP haciendo valer su mayoría como "legitimidad democrática".
Vicente Álvarez Areces (PSOE) ha acusado al Gobierno de recortar 10.000 millones de euros en educación, a lo que el ministro ha replicado que "la disminución la han operado, según su criterio, las comunidades autónomas". Ha desmentido que se hayan eliminado becas, a pesar de que el senador citó que el Plan de Reformas para 2013 recoge "una bajada del 8,5%" en este capítulo.
Wert: "La enseñanza concertada no la inventamos nosotros. Y ha funcionado bien. Lo importante es que la educación sea de calidad, sin importar la titularidad del centro"
Wert se ha encargado de defender que la ley abra la puerta a más conciertos educativos, al quitar la calificación de "públicas" a las plazas que debe garantizar el Estado. "La enseñanza concertada no la inventamos nosotros. Y ha funcionado bien. Lo importante es que la educación sea de calidad, sin importar la titularidad del centro, ha sentenciado.
También reiteró su apoyo a financiar a los centros concertados ligados a la Iglesia que segregan a los niños según el sexo. El ministro ha asegurado que es "una opción minoritaria, que no llega al 1% de los alumnos" pero que los padres tienen la libertad de elegirla. Y aseguró que, a pesar de las sentencias del Tribunal Constitucional, estos colegios no vulneran la convención contra las discriminaciones, porque ofrecen la misma educación a niños y a niñas. La LOMCE blinda la financiación pública de estas escuelas al incorporarlas en su articulado.
"Usted está solo, señor Wert. Esta ley no tiene futuro", le ha espetado el socialista Álvarez Areces. Wert ha dejado claro en sus intervenciones que "está dispuesto a hacer el máximo esfuerzo de diálogo", pero con reservas, "respetando los elementos cardinales de esta norma". De modo que, previsiblemente, el Gobierno se refugiará para aprobarla en su ventaja numérica en ambas Cámaras. O, como lo definió el senador de Entesa del Progrés de Catalunya (GPEPC) Rafael Bruguera, en "la tristísima soledad de la mayoría absoluta".
