Los socialistas han anunciado en al menos cuatro ocasiones que revisarán los acuerdos de 1979, que confieren un trato privilegiado a la Iglesia Las advertencias no han cuajado todavía en una iniciativa parlamentaria que pida la anulación de los t
"No es una broma ni una pataleta". Alfredo Pérez Rubalcaba quería enfatizar el pasado sábado en Oviedo que sí, que su partido va en serio, que si finalmente el PSOE cuestiona el Concordato con la Santa Sede de 1979, lo hará ya para siempre y no habrá vuelta atrás. El secretario general de los socialistas ligaba así la petición de denuncia de los acuerdos con el Vaticano con la aprobación de la ley Wert. Como un mes antes condicionó la revisión de las relaciones con la Iglesia a la contrarreforma del aborto prevista por Alberto Ruiz-Gallardón. Como un año antes, en el congreso federal de Sevilla, unió la suerte de la entente con los obispos a la consumación de un retroceso de "30 años".
El anuncio, o la amenaza, no es por tanto enteramente nuevo. El PSOE saca del cajón la bandera cada cierto tiempo. Algo que, como también se le ha echado en cara desde otras fuerzas progresistas, no hizo cuando estaba en el Gobierno, ni con Felipe González ni con José Luis Rodríguez Zapatero. El Concordato no cambió en nada. Y hasta el Ejecutivo enterró su prometida Ley Orgánica de Libertad Religiosa.
Lo que no tiene ese anuncio son fechas. El PSOE amaga, pero no acaba de dar. Ninguna de sus al menos tres amenazas en poco más de un año se han materializado en una iniciativa parlamentaria concreta donde se reclame al Gobierno que renegocie los acuerdos de 1979. La justificación que siempre llega de Ferraz es que si el Ejecutivo finalmente se decide volver a la Transición yendo más atrás incluso que la derogada Ley del Aborto de 1985 o haciendo que la Religión compute para las notas y la concesión de becas, si se "rompen las reglas del juego" sobre las que se ha construido la convivencia y el consenso en las tres últimas décadas, entonces "el PSOE también las romperá" y planteará una revisión completa del Concordato.
¿No cabe esperar ninguna iniciativa del PSOE hasta que no se apruebe la ley Wert, la Ley Orgánica para la Mejora de la Calidad Educativa (LOMCE)? ¿Podría llegar la petición de denuncia de los acuerdos antes de que la reforma educativa sea aprobada por las Cortes (por ahora es sólo un proyecto de ley visado por el Consejo de Ministros)? "Eso no lo hemos decidido aún. Ya veremos cuándo lo hacemos. Ahora nuestra prioridad es nuestro plan para reactivar la economía y el empleo, y parar la ley Wert y la contrarreforma del aborto", aseguraba ayer lunes un alto miembro de la ejecutiva de Rubalcaba.
Mayo de 2012: que se cobre el IBI por lugares no de culto
Las demás fuerzas de izquierdas, especialmente Izquierda Unida, han recriminado mil y una veces al PSOE que si tanto quería cambiar los acuerdos con el Vaticano, tuvo más de siete años en el Gobierno para poder hacerlo. Los socialistas no se plantearon refundar las relaciones con los obispos en aquel tiempo, deshacer los acuerdos de 1979, los que blindan los privilegios de la Iglesia. Hasta la vicepresidenta María Teresa Fernández de la Vega mejoró en 2006 la financiación de los obispos al subir el porcentaje de asignación de la casilla del IRPF del 0,52% al 0,7%. Y al menos en cinco ocasiones, entre 2004 y 2011, rehusó dar una vuelta al Concordato y avanzar hacia la laicidad del Estado.
En el congreso federal de Sevilla, en febrero de 2012, el candidato Rubalcaba ofreció una ruptura controlada con la Iglesia para reconciliarse con sus bases: "Si cada vez que la derecha llega al poder vuelve a imponer dogmas que son sólo de algunos, nosotros tendremos que reconsiderar también algunas normas con las que iniciamos la Transición. Os digo que si siguen retrocediendo, el PSOE se replanteará seriamente la revisión del acuerdo con la Santa Sede. ¡Seriamente! Si quieren retroceder 30 años, retrocedamos en todo. Si quieren vulnerar todos los consensos, aceptamos el reto: volveremos a hace 30 años y nos replantearemos nuestras posiciones".
Pocos meses más tarde, en mayo de 2012, el PSOE pidió a sus concejales que exigieran que se cobrara el IBI por pisos, garajes, lonjas y otros inmuebles no ligados al culto que figurasen a nombre de la Iglesia y de otras confesiones. En cierta medida, suponía cuestionar los acuerdos financieros de 1979, que establecen una "exención legal" del pago de la contribución por bienes inmuebles a los lugares de culto. El PSOE defendió en aquel momento que se había hecho una "aplicación extensiva" de esa disposición y se había concedido el gratis total a otros inmuebles de la Iglesia. Mariano Rajoy cortó el debate de raíz, afirmando que no iba a reclamar el pago del IBI a los obispos con la que estaba "cayendo" con la crisis.
El pasado abril, Gallardón anunció que "muy pronto" estaría listo el proyecto de reforma de Ley de Interrupción Voluntaria del Embarazo, en la línea de llevarse por delante los plazos para abortar para sustituirlos por indicaciones e incluso amenazando con liquidar el supuesto de malformación del feto. Elena Valenciano, la vicesecretaria general, replicó enseguida: si el Gobierno "va de la mano" de los obispos para "limitar los derechos de las mujeres", el PSOE exigirá "que se denuncien los acuerdos con la Santa Sede". Posteriormente, la portavoz en el Congreso, Soraya Rodríguez, calificó la cesión del Gabinete de Mariano Rajoy de "chantaje" e insistió en la idea de que si el Gobierno "rompe" las reglas del juego, los socialistas se sentían legitimados para cuestionar el Concordato. Y Rubalcaba llamó incluso a la movilización contra la involución de Gallardón.
Sin referencias en el documento de debate
En Oviedo, este último sábado, el PSOE discutió sobre su documento para mejorar la democracia. Un texto de 64 páginas que no contiene una palabra sobre la Iglesia o el Concordato, más allá de exigir que los obispos se sometan a la Ley de Transparencia. Rubalcaba lo introdujo a través de su discurso ante los asistentes al foro temático, el cuarto de los seis que componen el camino hacia la Conferencia Política de octubre: "Yo le pregunto al ministro qué tiene que ver la calidad de nuestra educación con que la religión puntúe para obtener una beca o para poder entrar en la carrera de Medicina. Es pura ideología que nos ha llevado a los 80 y si este es el debate, si la derecha española nos lleva a los 80, los socialistas nos sentimos legitimados para regresar a los 80 y revisar los acuerdos con la Santa Sede, lo plantearemos seriamente si esta ley queda así". Anuncio este que se complementa con este otro: que si el proyecto de ley no cambia en su trámite parlamentario, los socialistas lo llevarán ante el Tribunal Constitucional (TC).
Así que la clave en todos los casos, el hilo conductor que conecta el congreso de Sevilla con la convención del pasado fin de semana es el mismo: el PSOE actuará si se "rompen los consensos y los equilibrios" que los grandes partidos se dieron en la Transición. En la cúpula socialista reconocen que muchos dirigentes habrían sido partidarios de denunciar los acuerdos de 1979 "desde hace mucho tiempo", pero se fue "prudente" para no hacer saltar por los aires "los consensos de los ochenta". Cierre del argumento: si el PP los hace estallar, entonces ya no habrá razones para preservar el estatus de privilegio de la Iglesia.
La duda que sigue quedando es cuándo. Si el PSOE presentará sus iniciativas parlamentarias de exigencia de revisión del tratado antes de la aprobación definitiva de la LOMCE –esta sí que es proyecto de ley y entra hoy martes en el Congreso– o si sólo lo hará cuando sea norma y se compruebe que no ha habido cambios con la materia de Religión. La decisión no está tomada.
Alfredo Pérez Rubalcaba y su número dos, Elena Valenciano, en el foro temático sobre democracia, el pasado sábado en Oviedo. INMA MESA
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