Los doce centros andaluces de educación diferenciada por sexo existentes en Andalucía han recibido ya una notificación de la Consejería de Educación de la Junta de Andalucía en la que se formaliza, tras la solicitud de concierto de los m
La decisión se toma en base a resoluciones del Tribunal Supremo (TS) que avalan la tesis de que este modelo pedagógico no debe ser subvencionado con fondos públicos.
Así lo han confirmado a Europa Press fuentes de Educación, respecto a una propuesta de orden que, así, elimina progresivamente el convenio en los niveles de entrada de cada etapa –Infantil, Primaria, Secundaria, Bachillerato o FP– en cada uno de estos centros, manteniendo no obstante el concierto para los estudiantes ya escolarizados.
Ahora, se abre un periodo de diez días en el cual los colegios podrán estudiar el texto al objeto de presentar alegaciones. Al respecto, una de las argumentaciones fundamentales a la que estas estructuras educativas se acogerán por vía administrativa será la de que la legalidad vigente ha cambiado y la actual Ley de Presupuestos Generales del Estado legitima este modelo.
Por otro lado, es una idea generalizada entre todos los colegios afectados –algunos de los cuales han resaltado la anticipación de la misma con vistas a dejar el asunto resuelto antes del inicio de la escolarización– que, una vez agotada la vía administrativa y si la respuesta de la Junta sigue siendo la de oponerse al convenio, el caso acabe en los tribunales de justicia.
El rechazo fue adelantado este lunes por la consejera de Educación de la Junta de Andalucía, Mar Moreno, que incidió en que estos colegios aún tendrían la posibilidad de cambiar de modelo pedagógico durante el plazo de alegaciones.
Moreno recalcó que la Consejería tiene "muy claro" que no va a renovar las subvenciones de aquellos centros educativos que quieran seguir impartiendo una educación diferenciada, si bien, "desde luego, se abrirá un plazo de alegaciones en el que pueden comprometerse a la enseñanza mixta, que es lo que quiere la Junta".
La idea es que los colegios pagados con fondos públicos "sean como la inmensa mayoría, de educación mixta, no sólo porque creamos que la educación y la escuela debe ser el reflejo de la sociedad y la convivencia entre niños y niñas, sino porque estamos cumpliendo seis sentencias del Tribunal Supremo".
Los centros afectados son los colegios Campomar de Aguadulce (Almería), Torrealba de Almodóvar del Río (Córdoba), Zalima de Córdoba, Yucatal de Posada (Córdoba), El Soto de Chauchina (Granada), Nuestra Señora de Lourdes de Carmona (Sevilla), Ángela Guerrero, Albaydar, Ribamar y Altair de Sevilla capital, Elcható de Brenes (Sevilla) y el Molino Azul de Lora del Río (Sevilla).
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