Las organizaciones laicistas, MHUEL y Europa Laica denuncian “el escandaloso intento de usurpación de bienes públicos, por parte de la Iglesia Católica”, entre los que destaca el caso de la Mezquita de Córdoba (declarada por la Unesco “patrimonio de la humanidad” y originariamente utilizado para las actividades de una organización religiosa diferente), y explican que “utilizando una normativa que considera a una corporación religiosa privada, como de derecho público y a los obispos (designación interna de esa organización religiosa) como funcionarios fedatarios públicos y ello con la complicidad y pasividad del gobierno del estado español“.
Denuncian que estos apuntes registrales no son constitucionales y exigen a los poderes legislativos, judicial y ejecutivo, que actúen en su ámbitos respectivos, con el fin de anular estos actos, así como la norma preconstitucional que lo permite.
Basan está denuncia en el sentido común más elemental y en una sentencia del Tribunal Constitucional de 1993, que advertía al Estado español de la inconstitucionalidad de dicho reconocimiento, basándo el argumento, entre otras razones, en que desde 1978, estamos, jurídicamente, en un estado no confesional.
En el caso de nuestro país, nos encontramos con que estas usurpaciones se han realizado en las diócesis (denominación interna de las divisiones territoriales de esta organización religiosa) de Chaca, Balbastro-Monzón, Uesca, Zaragoza y Teruel-Albarracín, por lo que estos actos inconstitucionales se producen en diferentes comarcas de la totalidad del territorio aragonés.
Por otra parte, el pasado 26 de octubre se celebró en Córdoba, un encuentro promovido por Europa Laica, Andalucía Laica, el Colectivo Prometeo y Córdoba Laica, al que fueron invitados diversos expertos, manteniéndose un primer debate cuyo objetivo era hacer una denuncia pública, recabar información y analizar la ilegitimidad de una norma: “Ley Hipotecaria y su Reglamento“, establecida en la “dictadura nacional-católica española”, que todavía sigue vigente y que permite a la “Corporación Iglesia Católica” registrar bienes que son públicos, a su nombre, en algunos de los cuales celebra culto religioso y desarrolla negocio mercantil, sin abonar impuestos de ningún tipo. Y que estas asociaciones entienden como “algo realmente vergonzoso y aun más cuando se hace con la complicidad y la pasividad de los poderes públicos“.
Según algunas de las conclusiones de este encuentro, todo esto se puede calificar de “una gran estafa consentida por el Estado español y que asciende a miles de millones de euros, tanto en el intento de espolio de patrimonio público, como en cuestión tributaria“. Otra de las conclusiones destacables de este encuentro es que “en esta situación se encuentran centenares de viviendas, suelo rústico y urbano, calles junto a iglesias, patrimonio cultural, y un largo etcétera en todo el Estado español, que los “obispos diocesanos”, actuando como funcionarios públicos, dan fe y registran sin ningún tipo de escrúpulo, los registradores de la propiedad apuntan a cambio de un puñado de euros y la inmensa mayoría de las corporaciones locales, el gobierno español, (o el Gobierno de Aragón en nuestro caso) miran hacia otro lado, en lo que podríamos considerar como un delito político de gran alcance“.
Por todo lo anterior, desde Europa Laica informan de su intención de “solicitar, mediante la puesta en marcha de una campaña permanente de denuncia de carácter estatal, nacional e internacional, los apoyos políticos y sociales que se vayan sumando, con el fin de exigir la anulación con carácter retroactivo de estas normas que privilegian a una entidad religiosa privada. Y si así se considera elevar las demandas judiciales pertinentes”.
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