Acusa al ministro Wert de emprender un «ataque frontal contra el Estado de las autonomías»
Un rechazo total a las principales novedades contempladas en la reforma educativa que ha empezado a tramitar el ministro José Ignacio Wert. Es lo que se desprende de la valoración que la comisión permanente del Consejo Escolar de Andalucía —el máximo órgano de participación del sistema de enseñanza, donde están representadas familias, alumnado, profesorado, personal de administración y servicios y titulares de centros concertados— realizó el pasado 27 de septiembre. El informe, aprobado por 11 de los 15 miembros que se reunieron el sábado en Granada, es una dura enmienda a la ley orgánica que ha presentado el Ministerio de Educación.
Respecto a redistribución de los contenidos entre el ministerio y las comunidades, el consejo cree que "representa un ataque frontal al Estado de las autonomías al recortar el ámbito de competencias que durante años ha venido funcionando". El ministerio pretende fijar el 75% del currículo de cada materia, cuando hasta ahora era del 65%, lo que en la práctica limita el margen de maniobra de las autonomías.
En el texto también se carga contra la "anticipación de la segregación del alumnado en itinerarios" y contra las reválidas en primaria, ESO y Bachillerato. "La realización de una evaluación sobre la adquisición de competencias básicas al finalizar el tercer curso de primaria nos parece excesivamente temprana", dice el consejo sobre la prueba externa a los más pequeños.
Este órgano consultivo no oculta su disgusto con estas evaluaciones. En su opinión, el ministerio "vuelve a imponer el viejo modelo de reválida que desapareció con la Ley General de Educación de 1970 y que, en realidad, actuaba como una auténtica barrera de difícil franqueo para los sectores sociales económica, social y culturalmente más desfavorecidos". "No parece que sea esta una medida que vaya a favorecer la reducción del fracaso escolar", dice el consejo en el caso de ESO. "Otorgarle un peso del 30% en la calificación final de la ESO supone un auténtico menoscabo hacia la autonomía de los centros y hacia la confianza del profesorado", se añade sobre esta futura prueba externa.
En el pleno del consejo también se abordó la intención del ministerio de proteger las ayudas públicas a los concertados que segregan por sexo, unos 70 centros en todo el país, muchos vinculados al Opus Dei. "La reforma legal parece responder a la pretensión de blindar esta opción a raíz de dos sentencias del Tribunal Supremo denegando la financiación pública a dos centros de educación diferenciada y dar respuesta a determinados colectivos que demandan este tipo de educación", se indica en el texto, donde también se critica que los padres y madres pierdan poder de decisión. "Aunque se afirma el deseo de potenciar la participación de las familias (…), en realidad se está quitando capacidad ejecutiva a las mismas", ya que el consejo escolar de cada centro ya no aprobará el proyecto educativo, ni decidirá sobre la admisión de alumnos.
