La demanda persigue que se aplique la doctrina del Tribunal Supremo de 24 de julio que impide financiar este tipo de centros con dinero público
Era cuestión de días. La oposición y, en concreto la formación de izquierdas Esquerra Unida, anunció la semana pasada su frontal rechazo a que las Administraciones autonómicas sigan subvencionando colegios que segregan a los alumnos por sexo, tras conocerse la reciente doctrina del Supremo que, en sendos fallos del 23 y 24 de julio anula los conciertos educativos con este tipo de colegios en Andalucía y Cantabria. EU ha cumplido su palabra y ha presentado este lunes un recurso de reposición contra la resolución de la Consejería de Educación de la Generalitat Valenciana del 20 de julio de 2012, que amplía las unidades concertadas en cinco colegios que no admiten la coeducación de niños y niñas, que promulga la Ley Orgánica de Educación (LOE).
Este es, pues, el primer recurso para hacer valer la doctrina del Alto Tribunal en una comunidad autónoma, que fue pionera en 1999 en concertar de golpe con los cinco centros educativos privados vinculados a la prelatura del Opus Dei que había en ese momento.En total, ahora existen siete colegios en la Comunidad Valenciana que diferencian a los niños en función del sexo.
Esquerra Unida pide que en su recurso de reposición que se anule la orden la última orden publicada este verano por la Generalitat que autoriza la incorporación, modificación y prórroga de los colegios El Vedat de Torrent (Valencia), Miralvent y Torrenova de la población castellonense de Betxí, que aumentan en una unidad concertada cada uno y también con el Seminario Menor Diocesano de Segorbe, al que se le han ampliado tres unidades.
El fundamento jurídico para anular estos conciertos es, según la diputada autonómica de EU, Marga Sanz, el mismo que el del Supremo. “La impugnación se basa en el hecho objetivo de que los distintos centros discriminan en la admisión de alumnos por razón de sexo, de manera que solo admiten alumnos de uno u otro sexo, cosa que descarta su financiación con fondos públicos, de conformidad con lo dispuesto en la LOE de 3 de mayo de 2006”.
Sanz considera que atendiendo a esta ley “no cabe legalmente ampliar los conciertos con los centros educativos que segregan por sexo”.
En el tercer punto del recurso de reposición contra la orden valenciana que da cobertura legal a este tipo de conciertos, Sanz expone que “el motivo de la impugnación viene reforzado por la doctrina del Alto Tribunal, como sucede en la reciente sentencia de 24 de julio de 2012, del Tribunal Supremo, en la que no se cuestiona la existencia de la educación diferenciada, pero se descarta que pueda acogerse al sistema de enseñanza gratuita de los centros concertados sostenidos con fondos públicos”.
Este es, por tanto, el primero de una retahíla de recursos anunciados por el PSOE si el ministro de Educación, Ignacio Wert, blinda por ley estos conciertos y por la Federación de Enseñanza de UGT en la Comunidad Valenciana. Fete-UGT se reunirá la próxima semana en Valencia para presentar otro recurso contra los siete conciertos con centros que segregan alumnos por sexo y con los seminarios concertados por considerar que ya están subvencionados por el Concordato entre el Estado español y Estado Vaticano.
El debate, además, se prevé encendido en el parlamento autonómico valenciano. La diputada autonómica de Esquerra Unida anunció que llevará la discusión a las Cortes Valencianas.
El PSPV-PSOE también ha hecho públicos su compromiso de presentar una proposición no de ley en el parlamento autonómico para pedir al presidente de la Generalitat, Alberto Fabra, que rescinda estos conciertos.
La intención de la Generalitat, por su parte, es mantener los conciertos que, en su mayoría, vencen en 2013. “El fallo no nos afecta, porque la Comunidad Valenciana no ha sido parte del proceso”, sostiene la Consejería de Educación.
El Gobierno valenciano argumenta que la sentencia “solo afecta a Andalucía y Cantabria”, las dos autonomías que recurrieron estos conciertos amparándose en la LOE, “Formalmente no se plantea la cuestión en la Comunidad Valenciana”, remató el viernes pasado el vicepresidente del Consell, José Ciscar.
