Serafín Castellano alega que el fallo del Tribunal Supremo solo afecta a Cantabria y Andalucía
La Generalitat, que desde 1999 ha apostado por subvencionar a los colegios vinculados al Opus Dei que segregan a los alumnos en función del sexo, no se plantea suprimir las subvenciones, pese a que el Tribunal Supremo ha sentado doctrina y “excluye a estos colegios de la posibilidad de concertar con la Administración su sostenimiento con fondos públicos”. El consejero de Gobernación, Serafín Castellano, zanjó la cuestión con el argumento de que la sentencia “solo afecta a Andalucía y Cantabria”, los dos gobiernos autonómicos que recurrieron estos conciertos amparándose en la Ley Orgánica de Educación (LOE), que prohíbe de forma explícita financiar la segregación. “Formalmente no se plantea la cuestión en la Comunidad Valenciana”, remató.
La intención de la Generalitat es mantener los conciertos que, en su mayoría, vencen en 2013. “El fallo no nos afecta, porque la Comunidad Valenciana no ha sido parte del proceso”, sostiene la Consejería de Educación.
De hecho, la consejería concertó en agosto nuevas unidades con dos colegios que segregan alumnos en Castellón, pese a que el Supremo ya había dictado ambas sentencias que ilegalizan las ayudas públicas. La sentencia de Cantabria es del 23 de julio y la de Andalucía del 24, aunque se difundió el miércoles.
Fuentes judiciales insisten en que “si la renovación de los conciertos no se hace acogiéndose al fallo del Supremo podrán ser declarados ilegales en el momento en que alguien los recurra”.
Y ese momento está cerca. La Federación de Trabajadores de la Enseñanza de UGT estudiará fórmulas legales para rescindir estos conciertos en su primera reunión ejecutiva. Laureà Puig, portavoz sindical por Castellón, confirmó ayer que ya estudian recurrir los conciertos con colegios que segregan, con los seminarios (subvencionados por el Concordato) y los de Bachillerato con todos los centros privados, aprobados en 2008.
La Federación de Trabajadores de la Enseñanza de UGT ya recurrió en junio de 1999 los conciertos con los siete colegios valencianos que segregan a los alumnos por sexo, en su mayoría vinculados a la prelatura del Opus Dei. El sindicato argumentó ante el Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana que no cumplían con la educación mixta, que rige el sistema educativo español, tanto la anterior Ley Orgánica General del Sistema Educativo (Logse) y ahora con la vigente Ley Orgánica de Educación (LOE) de 2006.
El sindicato estudia con sus servicios jurídicos recurrir la orden de conciertos valenciana de acuerdo a la doctrina sentada por los dos fallos de Tribunal Supremo, que consideran que el artículo 84 de la LOE “las Administraciones educativas regularán la admisión de alumnos en centros públicos y privados concertados", apostillando en el apartado 3º de que "en ningún caso habrá discriminación por razón de nacimiento, raza, sexo, religión o cualquier otra condición o circunstancia”. Y los “excluyen de la posibilidad del concierto”.
Según adelantó Laureà Puig, Fete-UGT considera que estos centros mantienen además un carácter elitista, con lo que incumplen la obligación de cualquier centro subvencionado de atender las necesidades de matrícula y a la población en condiciones socioeconómicas desfavorables. El sindicato rechaza frontalmente el modelo de educación diferenciada (que separa a los alumnos de las alumnas) por considerar que la LOE ya prohíbe subvencionar estos centros y el Supremo lo ha ratificado en sendas ocasiones.
“Las sentencias del Alto Tribunal no solo sirven para Andalucía y Cantabria”, defienden fuentes jurídicas. Estas fuentes explican que fallos del Supremo “lógicamente abren un camino seguro para que cualquier decisión similar a la de esas dos Administraciones sea recurrida con éxito y, por tanto, anule los conciertos que se puedan otorgar en los mismos términos. Aunque para ello necesariamente tendrá que plantearse un recurso”. Es lo que Fete-UGT llevará a su primera reunión ejecutiva en septiembre.
Los socialistas valencianos, de entrada, ya han anunciado que presentarán en las Cortes Valencianas una proposición no de ley (PNL) para exigir a la Generalitat que “retire inmediatamente los conciertos que mantiene con siete colegios que todavía segregan a los alumnos en función de su sexo”.
En este sentido, el exdirector general de Educación del anterior Ministerio de Educación, Miguel Soler, recordó que “la Generalitat no puede alegar que las sentencias afectan solo a las comunidades de Cantabria y Andalucía, porque la LOE afecta a todo el conjunto de España y el motivo de los recursos es el mismo en las dos comunidades, al igual que las sentencias”. Ante esto, el vicesecretario de Educación del PSPV-PSOE ha asegurado que: “Los socialistas siempre hemos mostrado nuestra oposición a que con el dinero de todos los ciudadanos se pague a estos centros, a estos colegios elitistas, que separan a los alumnos en función de si son chicos y chicas”. Sin embargo, para Soler, “en estos momentos es mucho más grave todavía porque la Generalitat está realizando recortes en las becas de comedor y de libros, recortando el número de profesores, subiendo las tasas universitarias; en definitiva, un recorte generalizado y un ataque al conjunto de la educación y a la escuela pública en particular”.
La diputada de Esquerra Unida, Esther López, reiteró ayer que “estos centros se mantienen al margen de la ley” y reiteró que su grupo elevará el tema a las Cortes.
El presidente de la Confederación de Padres de la escuela pública Gonzalo Anaya, Tomás Sempere confió en que “el Gobierno valenciano acate la sentencia del Tribunal Supremo y frene el desvío de fondos hacia este tipo de centros privados que discriminan a los alumnos por razón de sexo”.
