En 1979, España firmó cuatro acuerdos con la Santa Sede que siguen vigentes. Aquellos pactos se suscribieron en plena Transición, cuando el país trataba de salir de una dictadura que había impuesto el nacionalcatolicismo y buscaba un equilibrio con una Iglesia entonces y todavía hoy muy poderosa.
Más de cuatro décadas después, vivimos en una democracia plural y aconfesional. La sociedad ha cambiado profundamente, pero los acuerdos apenas lo han hecho. Seguimos utilizando un marco jurídico-religioso del siglo XX en pleno siglo XXI.
El artículo 16.3 de la Constitución es inequívoco: “Ninguna confesión tendrá carácter estatal.” Sin embargo, los acuerdos actuales otorgan a la Iglesia católica privilegios que contradicen este principio constitucional. Algunos ejemplos son el mantenimiento de la asignatura de Religión en centros sostenidos con fondos públicos, la financiación directa vía IRPF o el reconocimiento del matrimonio canónico con efectos civiles. Son prerrogativas que vulneran el principio de neutralidad del Estado.
El PSOE ha incluido en numerosos programas electorales la revisión o denuncia de estos acuerdos. En 2008, la vicepresidenta María Teresa Fernández de la Vega anunció una reforma de la Ley de Libertad Religiosa de 1980, aprobada por el Gobierno de Adolfo Suárez, con la intención de transformarla en una Ley de Libertad de Conciencia que garantizara la neutralidad institucional. La iniciativa del Ejecutivo de Zapatero pretendía actualizar una norma nacida cuando España aún despertaba del largo sueño nacionalcatólico. Pero aquella promesa acabó, una vez más, en un cajón.
En 2012, durante la pugna por la Secretaría General del PSOE, tanto Carme Chacón como Alfredo Pérez Rubalcaba recuperaron la idea de revisar los acuerdos con la Santa Sede. Sin embargo, la realidad es tozuda: ningún Gobierno socialista ha dado pasos efectivos. Prometer es fácil; cumplir la Constitución, parece que no tanto.
La religión debe ser libre. El Estado, también
Los efectos de estos acuerdos no son meramente simbólicos. España sigue siendo el único país que mantiene una Diócesis Castrense, con su arzobispo y un cuerpo de capellanes militares equiparados a oficiales del Ejército, la mayoría con rango de capitán y retribuidos con fondos públicos. Es un privilegio anacrónico en un Estado que se define como aconfesional.
La enseñanza de religión en centros financiados con dinero público es otro ejemplo de esa herencia que conviene revisar. La educación debe ser neutral y basada en el conocimiento, no en la fe. Las creencias pertenecen al ámbito privado en el hogar, las parroquias, las mezquitas o las sinagogas, no en las aulas sostenidas por todos. Solo así se garantiza el respeto a todas las confesiones y también a quienes no profesan ninguna. Ninguna democracia avanzada impone una religión desde la educación pública.
Revisar los acuerdos con la Santa Sede no es un ataque a la Iglesia. Es una oportunidad para garantizar la neutralidad del Estado, proteger la libertad de conciencia y modernizar las relaciones entre España y el Vaticano, como ya han hecho otros países europeos. Si la Santa Sede se negara a revisarlos, España tiene el derecho y el deber de denunciarlos unilateralmente, tal y como permite la Convención de Viena sobre el Derecho de los Tratados.
La alternativa es clara y razonable: educación pública sin religión; financiación voluntaria de las confesiones, como en Alemania; régimen fiscal común para todas las entidades; matrimonio civil único con efectos legales; y relaciones diplomáticas normales con la Santa Sede.
No se trata de eliminar ninguna religión, sino de situarlas donde corresponde: en el ámbito privado y comunitario, sin privilegios ni interferencias. Revisar o denunciar los acuerdos no es una cuestión ideológica, sino jurídica, política y democrática. La Constitución de 1978 nos ofrece las herramientas necesarias para consolidar un Estado plural y neutral. Cuatro décadas después, ha llegado el momento de utilizarlas.
La religión debe ser libre. El Estado, también.
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Juan Antonio Gallego Capel es funcionario de carrera de la Administración de la Región de Murcia, socialista, defensor del Estado federal, laico y republicano.
