La marea conservadora avanza. Contra el aborto, la educación sexual, la contracepción, el matrimonio homosexual… Los grupos que se oponen abiertamente a estos derechos ganan terreno en Europa y Estados Unidos. Muy organizados y bien financiados, buscan contrarrestar los avances en salud sexual y reproductiva que se han logrado durante décadas. Su discurso, gracias a sistemas políticos cada vez más a la derecha, resurge y ocupa un espacio creciente en la agenda política. Y aprovechan ese soporte, se muestran sin complejos, con iniciativas para introducir en las leyes ideas como que la vida empieza con la concepción o que las escuelas deben enseñar la importancia de la abstinencia sexual. Poco a poco, sus apoyos crecen. Sobre todo en la lucha contra el aborto, su caballo de batalla, el aglutinador de posturas al que empiezan a unirse también ciudadanos y políticos menos conservadores.
Esto es lo que está ocurriendo en EE UU, donde la oposición al aborto se nutre en los últimos tiempos de un número creciente de demócratas e independientes. La laboriosa presión de los autodenominados grupos provida, en el Capitolio y fuera de él, ha logrado una inversión notable de las tornas en las opiniones sobre el aborto con respecto a los años noventa. En 1995, un 56% de los estadounidenses se manifestaba a favor de la legalización de la interrupción voluntaria del embarazo. Eran mayoría, por tanto. Hoy, esas cifras han cambiado posiciones y el apoyo a esta prestación está en un mínimo histórico: solo un 41% dice estar a favor del aborto y un 50% asegura estar en contra, según un sondeo anual de Gallup.
En Europa no hay una encuesta similar, pero las iniciativas para restringir la interrupción del embarazo se suceden, aunque con poco éxito. “Ningún Gobierno ha tocado sus normas para endurecerlas, aún, pero las propuestas son cada vez más drásticas”, analiza Irene Donadio, de la Federación Internacional de Planificación Familiar (IPPF) European Network. En España, el Gobierno de Mariano Rajoy ha confirmado que modificará la ley —que actualmente permite a la mujer abortar sin dar explicaciones hasta la semana 14 de gestación— para limitar la prestación. Es el que ha llegado más lejos en sus intenciones. Pero no está solo.
El año pasado, en Hungría, el Gobierno del ultraderechista Viktor Orban modificó la Constitución para introducir en un artículo que la vida debe protegerse “desde su concepción”. Aunque el país —donde el aborto es libre hasta la semana 18— no prevé aún ninguna reforma. También Suiza, donde se votó una propuesta ciudadana para eliminar el aborto de la financiación pública; o Rusia, que pretendía obligar a las mujeres a escuchar el latido del feto, han paseado por ese camino.
Pero el ejemplo más reciente del avance de grupos conservadores en Europa es la iniciativa ciudadana encabezada por el Grupo Popular Europeo —con Jaime Mayor Oreja a la cabeza— para eliminar de los programas de cooperación internacional la financiación a cualquier programa que haga referencia al aborto. Incluso al concepto de aborto seguro. También a organizaciones que tengan cualquier programa relacionado con esto; lo que podría dejar sin financiación, por ejemplo, a asociaciones centradas en la planificación familiar.
Para Neil Datta, secretario del Foro Parlamentario Europeo de Población y Desarrollo (EPF), esta iniciativa es el mejor ejemplo del avance del movimiento. Tras ella están parlamentarios y organizaciones antiabortistas de toda Europa: Italia, Polonia, Hungría, Austria o Lituania. Líderes políticos e instituciones con posturas muy próximas al Vaticano.
Pero ¿quiénes son esos grupos? ¿Cómo se mueven? Los autodenominados provida (o antielección, en función de quién se refiera a ellos) no son unitarios. Comparten lucha e ideales, fundamentalmente la defensa de la “familia natural”, pero pueden distinguirse en tres grandes familias. La primera, presente en toda Europa y la más visible en España, es la alineada con las posturas del Vaticano. Con organizaciones como Derecho a Vivir, Hazteoir o Foro Español de la Familia. Asociaciones que beben de las enseñanzas de organizaciones estadounidenses, mucho mayores, más experimentadas y, sobre todo, mucho mejor financiadas.
La segunda familia la integra una alianza formada entre católicos tradicionalistas anglófonos (de Reino Unido e Irlanda) con evangélicos holandeses, suizos y de los países de Europa del Este, y a la que se suman incluso algunos cristianos ortodoxos. Una corriente responsable de recientes iniciativas contra el aborto en Rumanía y la educación sexual en Bulgaria, y cuyo brazo político sería el European Christian Political Movement.
La tercera familia es la más radical. La encarnan entidades como Fraternidad de San Pío X, que agrupa a los seguidores de Marcel Lefebvre, que rechazan el Concilio Vaticano II por modernista. O la nebulosa organización fundamentalista Tradición, Familia y Propiedad, considerada una secta en algunos Estados, y a quien muchos ven como el resquicio moderno de los movimientos fascistas europeos de los años treinta.
En EE UU, país de mayoría protestante, los grupos antiaborto están más en línea con la segunda de esas familias. Y están ganando la batalla. Por segunda vez en la historia reciente, sus simpatizantes son mayoría en el electorado. En ese país, la interrupción del embarazo ha sido legal desde 1973, cuando el Tribunal Supremo estableció que la Carta Magna “protege de la actividad del Estado en contra de la privacidad, incluido el derecho garantizado de la mujer a finalizar su embarazo”. Una encuesta de Gallup de ese año demostraba que en su sentencia el Supremo no había seguido el sentir mayoritario de la ciudadanía. Solo un 46% de los encuestados aseguraba estar a favor de “una ley que le permita a la mujer acudir al médico para finalizar el embarazo durante sus primeros tres meses”. Un 45% se oponía. Casi cuatro décadas después, esa división se mantiene casi intacta.
Ahora se ve cómo la fortaleza de estos grupos no solo se nutre de un sólido apoyo, lógico, de las bases republicanas y conservadoras. También de independientes y demócratas. En la última encuesta de Gallup, los demócratas partidarios del derecho al aborto han pasado del 68% al 58% en un año. Los que se identifican como "provida" han crecido del 27% al 34%.
“La cifra de estadounidenses provida crece, sobre todo por la generalización de las ecografías y el descubrimiento de que un bebé es, ya desde su paso por el vientre, un ser humano formado”, asegura Kristen Day, directora ejecutiva del grupo Demócratas a Favor de la Vida. “Antes de la formación de nuestro grupo, los demócratas temían expresar sus ideas a favor de la vida por la firme posición del partido a favor del aborto. Desde nuestra fundación hemos visto cómo más demócratas han asumido que ser provida es legítimo y acorde con sus ideales de ayudar a los desfavorecidos”.
Los demócratas antiabortistas han encontrado a un líder en el expresidente Jimmy Carter. Recientemente, en una entrevista con la comentarista conservadora Laura Ingraham, Carter dijo: “Nunca he creído que Jesucristo hubiera permitido el aborto, y ese era uno de los principales problemas a los que me enfrenté cuando era presidente, porque tuve que garantizar el cumplimiento de Roe v. Wade (la sentencia del Supremo del aborto), y aun así hice lo que pude para minimizar la necesidad de que se produjeran abortos. Facilité las adopciones… Pero excepto en las instancias en que una vida está en peligro o de violación o incesto, no autorizaría en ningún caso los abortos”.
Pero el avance de estos grupos es palpable en todo el mundo. Sobre todo, dice Marta O'Kelly, directora de la organización por los derechos sexuales y reproductivos RedActivas, en los últimos 10 años. “Han conseguido reforzarse y articularse mejor. Están acaparando cada vez más recursos y promoviendo estrategias de defensa de sus planteamientos a todos los niveles, nacional, regional y en la ONU, donde intentan lograr retrocesos en los derechos adquiridos”, opina.
Los expertos creen, además, que esta corriente utiliza el aborto —un tema de debate con muchas connotaciones no solo políticas, sino también religiosas y espirituales— para ganar posiciones y abordar otras cuestiones. Como la que busca frenar el uso de la contracepción o la que se opone a la educación sexual. Batalla, en la que están también cada vez más activos.
Y sorprende, porque el uso de la píldora o el preservativo están asentados en todos los países occidentales, donde junto a otros métodos de planificación familiar han supuesto un avance en la incorporación de la mujer al empleo y en su participación activa en la sociedad. Con la educación sexual no ocurre lo mismo. Sobre todo en los países de tradiciones católicas, como España, donde la Iglesia y estos grupos opositores han jugado un papel fundamental para frenar el desarrollo de programas de formación en las escuelas e institutos.
“Los grupos antielección intentan promover sus puntos de vista y estigmatizar los derechos sexuales y reproductivos difundiendo información errónea”, analiza Irene Hernández, de la IPPF. “Por ejemplo, que los condones no reducen estadísticamente el riesgo del VIH o que la educación sexual promueve la promiscuidad y la irresponsabilidad. Tratan de erosionar todas las opciones de libertad que tienen los ciudadanos, incluida la reproductiva”, añade.
Esos ataques, dice Hernández, han llegado a obstaculizar políticas públicas. Como la limitación de la anticoncepción de emergencia en algunos países de América, como Honduras. Una restricción que también estudia España. Gillian Kane, asesora de Ipas, entidad que trabaja por los derechos sexuales de la mujer, cree, de hecho, que España juega un papel clave en el liderazgo del movimiento en Europa. Sobre todo con la llegada al poder del PP.
Un ejemplo de ese liderazgo, dice, es la celebración a finales de mayo en Madrid del Congreso Mundial de Familias, donde se dieron cita asociaciones antielección de todo el mundo. Entre ellas, varias estadounidenses, como Howard Center, Focus on the Family o Alliance Defense Fund, una entidad con un presupuesto de 30 millones de dólares (logrados con donaciones privadas) y que cuenta con un equipo de abogados que trabaja presentando recursos en los tribunales de EE UU por el derecho de los padres a decidir la educación de sus hijos o contra el matrimonio homosexual.
En España, sin embargo, las organizaciones son mucho más modestas y jóvenes. Ignacio Arsuaga, presidente de Hazteoir, una de las mayoritarias y también una de las convocantes del congreso de familias, reconoce que entidades como la suya están ahora más vivas. “La llegada de Rodríguez Zapatero al poder en 2004 y la aprobación de leyes como la del matrimonio homosexual, Educación para la Ciudadanía o, en 2009, la reforma de la ley del aborto fueron el revulsivo para la movilización”, dice. Ahora, con la llegada de Rajoy, ven la oportunidad de influir para cambiarlas. “Cuando Aznar estuvo en el poder no cambió la ley del aborto, no queremos que se repita”, dice Arsuaga.
Quizá ahora la sociedad tampoco apoye ese cambio. Porque aunque España es uno de los países en los que las manifestaciones de estos grupos son las más numerosas de Europa, el apoyo a que la ley permita el aborto es mayoritario. Lo apoya un 75% de la población, según la última encuesta de Metroscopia. Aunque con matices: son favorables el 57% de los votantes del PP, el 86% de UPyD, el 89% del PSOE y el 93% de IU.
El director de Hazteoir expone que es precisamente en esa población sobre la que tratan de influir. El avance en Europa de grupos como el suyo, analiza, se apoya en dos factores: la influencia del modelo estadounidense; y la profesionalización de un movimiento formado por asociaciones que trabajan más como una empresa que como un grupo de voluntarios guiados por unos mismos ideales. Hazteoir (5.200 socios) ha pasado de tener un presupuesto de 850.000 euros en 2010 a más de 1,4 millones en 2011. “Con donaciones privadas”, matiza Arsuaga.
Ahora organizaciones como el European Center for Law and Justice (sucursal de una entidad estadounidense que busca influir en Europa), comienzan también a judicializar su causa con recursos en los tribunales estatales y en el Tribunal Europeo de Derechos Humanos, donde han logrado una sentencia que no obliga a los países a reconocer el matrimonio homosexual.
“Hay que defender los derechos fundamentales y en lo que creemos en los tribunales”, dice Arsuaga. Y en esa palabra ‘derechos’ está para Gillian Kane la clave del cambio de discurso y el avance del movimiento. “Se están apropiando del lenguaje de derechos humanos para apoyar sus argumentos en contra de los derechos sexuales. Argumentan que va contra su derecho a la libertad de expresión o a la religión que se les obligue a respetar los derechos de los gais o el acceso a derechos reproductivos”, sostiene.
Ulrika Karlsson, portavoz en el Parlamento sueco de temas de salud sexual y reproductiva y miembro del grupo de los Moderados (conservadores liberales) constata ese avance. Aunque para ella, proveniente de un país líder en la implantación de estos derechos, ser conservador nada tiene que ver con estar en contra del aborto o la contracepción. En Suecia, aunque su influencia es minoritaria, han tratado de boicotear la educación sexual, obligatoria en las escuelas, tratando de asociar la edad de inicio de esas clases con la del debú sexual. “Hemos escuchado preguntas como si está bien comenzar a tener sexo a los cinco años”, dice Karlsson. “Pero el núcleo de la educación sexual es el conocimiento sobre la sexualidad, enfermedades, anatomía, anticonceptivos…”, dice.
Enseñanzas clave para Jon O’Brien, director de Catholics for Choice, que cree que estas iniciativas restrictivas parten de la jerarquía eclesiástica o cuentan con su apoyo, aunque no convencen a la población de base. “Están provocando una guerra cultural desastrosa para los católicos y su acceso a los derechos reproductivos”.
Y ejemplo de esa batalla es EE UU, un país que los grupos provida toman como referencia. Allí la defensa del aborto no ha seguido un camino similar al de otras causas sociales que tomaron fuelle en los años setenta, como el matrimonio gay o el ecologismo. EE UU sigue dividido sobre la interrupción del embarazo. Un sondeo anual del prestigioso centro de estudios Pew de Washington mantiene que, desde 1995, una ligera mayoría de estadounidenses favorece que el aborto se mantenga legal para algunos supuestos, mientras menos de un 45% es favorable a ilegalizarlos del todo.
Pero, según ese estudio, las generaciones más jóvenes en EE UU están menos a favor del aborto que las de sus padres. Hay un ligero descenso progresivo en el apoyo a esta prestación, que sitúa a los de menos de 30 años cerca de los mayores de 65, que solo están a favor de la legalización del aborto en un 48%. Si el apoyo al matrimonio gay sí ha aumentado de forma apabullante entre las generaciones más recientes, el aborto aún divide notablemente a la sociedad estadounidense. Y, en realidad, a la de todo el mundo.
