Tras cuatro meses de debate político y social, una mayoría de diputados rechaza el proyecto de ley que pretendía despenalizar la ablación, declarada ilegal desde 2015
El Parlamento de Gambia ha decidido este lunes mantener la prohibición sobre la mutilación genital femenina, una práctica que se declaró ilegal en este país africano en 2015 pero que un grupo de legisladores pretendía despenalizar. Tras un amplio debate político y social que ha durado cuatro meses, una mayoría suficiente de 33 diputados ha rechazado todas las cláusulas de la reforma legal frente a 19 que votaron a favor, lo que ha llevado al presidente de la Asamblea Nacional, Fabakary Tombong Jatta, a desestimar el proyecto de ley y mantener la citada prohibición.
“El Parlamento no puede involucrarse en un ejercicio tan inútil como permitir que el proyecto de ley pase a una tercera lectura”, dijo Jatta tras la votación, “el proyecto de ley es rechazado y el proceso legislativo queda agotado”. Un 76% de las mujeres gambianas de entre 15 y 49 años han sido víctimas de esta agresión, según un informe de Unicef publicado el año pasado. Gambia podría haberse convertido en el primer país del mundo en revertir la protección contra esta violación de los derechos humanos que afecta a 234 millones de mujeres y está en alza, según Unicef.
Los colectivos de la sociedad civil que han hecho un enorme esfuerzo de presión y sensibilización en los últimos meses para que la ablación del clítoris siga siendo ilegal en Gambia reaccionaron con satisfacción ante la votación, pero pidieron que se haga un mayor esfuerzo para la aplicación integral de la ley de 2015. “Me alivia que se haya derogado el proyecto de ley que buscaba levantar la prohibición de la MGF, pero me entristece que se haya puesto en riesgo las vidas de las niñas gambianas”, aseguró a través de X la activista Fatou Baldeh, quien dio las gracias a los diputados por “haber hecho lo correcto”. Asimismo, añadió que “esto no es en modo alguno una victoria ya que cinco de cada diez niñas menores de 14 años han sido sometidas a MGF y siete de cada diez mujeres entre 15 y 49 años ya han sido mutiladas (…) Debemos garantizar que esta ley se aplique efectivamente. Fueron necesarios ocho años desde que se promulgó para obtener una condena a pesar de que la MGF se practicaba impunemente. Esto no puede suceder en el futuro”.
Por su parte, Adriana Kaplan, responsable de la ONG Wassu Gambia Kafo, que lleva décadas luchando contra la MGF, expresó que se trata de “toda una conquista”. Al igual que Baldeh, expresó su deseo de que a partir de ahora “se haga cumplir la legislación, lo que son palabras mayores”. El proyecto de ley para derogar la prohibición, presentado por el diputado Almameh Gibba por considerar que la MGF es “una práctica cultural y religiosa con raíces muy profundas”, fue aprobado en segunda lectura en el Parlamento el pasado 18 de marzo con 42 votos a favor, cuatro en contra y una abstención. Sin embargo, ese mismo día se decidió la elaboración de un informe por parte de un comité parlamentario antes de proceder a su aprobación definitiva.
Tras numerosas consultas, dicho informe fue presentado a los diputados el pasado 8 de julio y concluía que debía mantenerse la prohibición de la MGF “para proteger la salud y el bienestar de niñas y mujeres”, dado que esta práctica estaba indudablemente vinculada “a diversas complicaciones sanitarias”. De hecho, se instaba al Gobierno a reforzar la ley de 2015 e impedir todo intento de medicalizar la MGF.
Desde marzo, los debates al respecto en el Parlamento eran observados con atención por organismos internacionales, ONG y donantes de este país necesitado de financiación y apoyo, donde alrededor del 40% de la población es pobre, según el Programa de la ONU para el Desarrollo (PNUD). En estos meses, ha habido un periodo de diálogo nacional en el que dos comisiones del Parlamento han escuchado a médicos, expertos, organizaciones internacionales, supervivientes y activistas. La conversación también llegó a la calle y a las redes sociales, donde ha habido una especie de Me Too de la mutilación, con casos en los que unas mujeres podían reconocerse en la historia de otras.
La ley aprobada en 2015, cuya intención era acabar con esta práctica dañina para la salud de las mujeres, establecía penas hasta tres años y una multa de unos 773 euros tanto para quien la practique como para quien “la solicite, incite o promueva proporcionando herramientas o mediante cualquier otro medio”, así como la cadena perpetua si dicha ablación conduce a la muerte. Además, establecía una multa de unos 154 euros para quien, teniendo conocimiento de la práctica de la mutilación genital, no lo denunciara a las autoridades.
Sin embargo, hasta el año pasado nadie había ido a la cárcel en aplicación de la ley. Todo cambió en agosto de 2023, cuando un juez condenó a una circuncidadora y dos madres por practicar la ablación a ocho niñas. La multa impuesta a cada una de ellas fue de 217 euros o un año de cárcel. En ese momento, el imam Fatty, un líder religioso conocido por su homofobia, su defensa de la ablación como parte de la religión musulmana y su colaboración con el ex dictador gambiano Yahya Jammeh, pagó las multas para sacarlas de prisión, mientras animaba a los gambianos a continuar con esta práctica sin esconderse. “Si todos acuerdan hacerlo abiertamente, el Gobierno no puede encarcelar a un pueblo entero y mucho menos a todo un país”, dijo entonces.
