Amparados en Usos y Costumbres vinculados al catolicismo, una veintena de pueblos ha violentado derechos humanos como la libertad de culto, pese a que México es un Estado laico; autoridades estatales argumentan su autonomía, por lo que impera la impunidad
San Juan Bautista Tuxtepec.- Salvador Velasco Yesca no lo sabe, pero en unas horas se quedará sin hogar y patrimonio: será desterrado. Justo ahora, armadas con rifles pequeños, machetes y palos, decenas de personas rodean su casa para exigirle a él y a toda su familia que renuncie a su fe por escrito o que abandone la comunidad chinanteca de Santiago Jalahui sin posibilidad de retorno. Es un domingo 25 de julio por la mañana, el día de la fiesta patronal en honor a Santiago Apóstol.
Los hostigadores son tanto habitantes como policías comunitarios de este pueblo perteneciente a Santiago Choápam, un municipio indígena del norte de Oaxaca, y con su presencia quieren obligar a Salvador, a su papá, a su mamá y a dos de sus hermanos a que firmen un documento donde renuncian a la religión cristiana evangélica, bajo la amenaza de que si no lo hacen deben empacar lo que puedan y salir del pueblo inmediatamente, antes de que comiencen las celebraciones del santo patrono. De no irse, les advierten, se atienen a que los expulsen por la fuerza.
Unas semanas antes, los Velasco Yesca se habían negado a cooperar para las fiestas católicas del apóstol, para cumplir los preceptos de su credo, que argumenta que la biblia prohíbe inclinarse delante de una imagen y rendirle adoración. Como familia decidieron meses antes que participar en esas celebraciones contravenía los preceptos de su fe.
“Creíamos que éramos libres de adorar a Dios en cualquier lugar que estuviéramos, pero la asamblea no entendió eso y nos quitó nuestra casa y nuestra vida”, cuenta Salvador, atribulado en medio de la pequeña habitación donde vive ahora con toda su familia. Han pasado más de cinco años desde el día del destierro, aquel domingo de 2018.
La familia ahora vive en San Juan del Río, otro pueblo chinanteco al que tuvo que huir después de que, por decisión de la asamblea, en Jalahui le quitaron el derecho a pertenecer a su propia comunidad por no profesar la misma fe que la mayoría de los pobladores y por negarse a cumplir con cargos religiosos amparados en los Usos y Costumbres, Sistema Normativo Indígena en el que se entreteje el poder político y el catolicismo. El presidente municipal, recuerda Salvador, les dijo que esa era “la ley del pueblo”.
“No nos dejaron defendernos, llegaron a la casa y nos sacaron a empujones por no honrar la imagen de Santiago, el que dicen que es el santo protector de los españoles. Nosotros les dijimos que nos pusieran a hacer faenas o cooperar para otras cosas, pero dijeron que el pueblo ya había decidido que nos fuéramos ”, narra Salvador, quien a cinco años aún se quiebra al recordar cómo lo arrancaron de su pueblo sin siquiera convocarlo a la asamblea, el máximo órgano comunitario de toma de decisiones en el cual se determinó la expulsión.
Según cifras oficiales y casos documentados, en este momento en todo Oaxaca hay al menos 500 personas y 50 familias que viven en el exilio por las mismas razones que Salvador: una violencia que toleran y justifican las autoridades estatales nacida de la intolerancia religiosa.
¿Autonomía o impunidad?
Si hay algo de lo que nadie tiene duda es que a Salvador Velasco Yesca y a toda su familia se les violentaron y negaron de tajo cuestiones básicas consideradas derechos humanos, que fueron víctimas de un serie de delitos y que el gobierno de Oaxaca prefiere no intervenir en casos que como éste se registran en comunidades indígenas, alimentando con ello la impunidad.
Elizabeth Lara Rodríguez, titular de la Defensoría de los Derechos Humanos del Pueblo de Oaxaca (DDHPO), por ejemplo, reconoce que es muy complejo salvaguardar y garantizar los derechos de víctimas de intolerancia religiosa en pueblos originarios, ya que el Estado mexicano prefiere no involucrarse argumentando respetar la autonomía comunitaria depositada en la asamblea y su toma de decisiones.
No es algo aislado. Sólo de 2018 a la fecha, el año del destierro de Salvador, la Defensoría ha iniciado 76 expedientes de queja y ocho cuadernos de antecedentes por casos de intolerancia religiosa a nivel comunitario. De ellos, 46 se registraron en municipios indígenas. Hace unos cuantos días, a finales de noviembre, se registró el más reciente: también contra una familia evangélica originaria de la Cuenca del Papaloapan, la misma región de Salvador.
Según el informe proporcionado a EL UNIVERSAL por la DDHPO, en casos como estos lo que se violenta es en sí misma la libertad, tanto a nivel jurídico como en lo referente a la libre consciencia y religión, al libre tránsito y a la seguridad personal, pues se transgreden derechos humanos que velan esas garantías.
Porfirio Flores Zuñiga, un abogado oaxaqueño que se ha especializado en la defensa de víctimas de intolerancia religiosa en poblaciones indígenas y que ha documentado estos actos violentos desde el 2008 a través de testimonios de creyentes evangélicos, asegura que actualmente en Oaxaca hay conflictos vigentes en 20 comunidades y suman al menos 50 familias y 500 personas las afectadas. Los casos se han registrado en cinco de las ocho regiones del estado: Cuenca, Mixteca, Sierra Norte, Sierra Sur y Valles Centrales. El grueso de los casos se acumula entre la Cuenca y la Sierra Sur.
Su registro histórico detalla que en los 14 años que ha documentado este fenómeno la intolerancia religiosa en Oaxaca se ha manifestado en destrucción de templos, encarcelamientos, expulsión de niñas y niños de escuelas públicas, hostigamiento a familias, destierro, despojo e incluso tortura. También revela que todos los casos siguen impunes.
La sombra de Acteal
Para que se detengan los destierros de personas por motivos religiosos, principalmente de quienes profesan la fe evangélica, se necesita una reforma profunda al Sistema Normativo Indígena que desvincule esta forma de gobierno y de organización social de la religión católica, pues actualmente el poder político se sostiene en un escalafón de cargos que mezcla actividades religiosas con otras cotidianas que abonan a la vida comunitaria, todos ellos regidos por la asamblea.
Lo anterior lo argumenta el abogado Porfirio Flores Zuñiga, quien agrega que lamentablemente se trata de un tema al que el gobierno de Oaxaca siempre ha rehuido y en el que “prefiere no meterse”, tolerando con ello que se niegue la libertad religiosa, se violenten derechos humanos y se pisotee al Estado laico.
Así como no es algo aislado, tampoco es algo menor. En México, existe un antecedente desgarrador: la masacre de Acteal en los Altos de Chiapas, cuando 45 tzotziles de fe evangélica, incluidas mujeres embarazadas y niños, fueron asesinados el 22 de diciembre de 1997 mientras oraban en una pequeña iglesia cristiana, como resultado de una serie grave de omisiones de las autoridades.
“Debemos recordar que en los hechos de Acteal, además de un componente paramilitar, existía un conflicto religioso detrás, una persecución a todo un pueblo por profesar una religión distinta al catolicismo que fue permitida por el Estado mexicano. En Oaxaca, el caldo de cultivo está sembrado e igualmente las autoridades con poder político sólo administran los conflictos, pero no van a la resolución de fondo”, sostiene el abogado, quien desde hace cinco años lleva el caso del destierro de Salvador y su familia.
En el estado, la responsabilidad de atender y dar solución a estos casos corresponde a la Secretaría de Gobierno (Sego), la dependencia encargada de la política interna, de vigilar la gobernabilidad y de la construcción de paz, la misma que para Flores Zúñiga sólo “perpetúa la violencia”, escudada en el argumento de la autonomía de los pueblos indígenas.
Explica que en la entidad existe un patrón con el que opera la intolerancia a religiones ajenas a la católica en comunidades originarias. Consiste en que en muchos pueblos, a través de las asambleas, los pobladores aprueban el hostigamiento a familias completas de cristianos evangélicos, principalmente, su expulsión y muchas veces el despojo de sus tierras.
Por esta razón, considera, de nada sirve que existan recomendaciones de órganos defensores de derechos humanos, ni estatal, ni nacional, pues sus resoluciones no son vinculantes y “no tienen dientes” para detener o castigar estos conflictos. Mientras que la Sego sólo se limita a convocar al diálogo. Es por ello que es necesario que se modifique la ley.
“Debe haber reformas al artículo 40 de la Ley de Derechos de los Pueblos y Comunidades indígenas de Oaxaca, sobre la relación de las autoridades tradicionales y la manera cómo ejercen su jurisdicción o su sistema de cargos comunitarios. Una solución sencilla, que no quiere tocar el Estado, sería realmente aplicar la laicicidad, entendida como el respeto a la libertad de culto”, argumenta el especialista.
Esta vía, agrega, no significa que los habitantes que no profesen la fe católica dejen de participar en su comunidad o no tengan responsabilidades para su funcionamiento, sino que sencillamente no se les obligue a tener cargos que son exclusivos del catolicismo si son de otra religión, por ejemplo mayordomías en honor a santos.
Familias errantes
El día de su destierro, Salvador Velasco Yesca tenía 21 años y recibía tratamiento para la epilepsia que padece desde niño. Actualmente, el despojo de su vivienda y patrimonio lo obliga a pagar renta y le impide costearse los medicamentos para controlar la enfermedad. La otra opción es vivir errante con su familia en espacios prestados por temporadas.
A su padre, Modesto Velasco, el exilio también le ha mermado la salud y empeorado los padecimientos de la edad. Su mayor miedo es morir sin poder volver a su raíz. Aunque están apenas a 10 kilómetros de Santiago Jalahui, su comunidad y la de sus ancestros, no tienen permitido volver. Mientras que Zeferino y Aurelio, los hermanos de Salvador, aún no se recuperan en lo económico del patrimonio que les fue arrebatado con violencia.
En su caso, lo que más lamenta el joven de hoy 26 años es la pérdida de los documentos que acreditan que terminó su educación preparatoria como alumno del Instituto de Estudios de Bachillerato del Estado de Oaxaca (IEEBO), lo que le ha impedido conseguir un empleo estable, algo ya complejo en una comunidad primordialmente campesina ubicada a más de 100 kilómetros de la ciudad más cercana, Tuxtepec. Al no tener tierras, el campo tampoco es una opción.
A Salvador también le duele la venta de las cabras que criaba, pero sobre todo le preocupa una deuda de 30 mil pesos que lleva cinco años sin poder pagar, dinero que empleó para montar y surtir una pequeña tienda de abarrotes y que obtuvo a crédito a través de un programa gubernamental.
“Todo lo vendieron, los animales de Zeferino y Aureliano también. Me dijeron los otros hermanos en la fe, a los que dejaron quedarse después de firmar los documentos por miedo a perderlo todo, que esos dineros nadie sabe quién se lo quedó o si lo usaron para las fiestas de Santiago al año siguiente”, cuenta el joven.
Salvador explica que muchos evangélicos fueron obligados a renunciar a su fe y a prestar servicios en la iglesia católica de la comunidad. Lo hacen, abunda, porque temen el destierro y eligen profesar su fe en privado. Ese miedo no es infundado: actualmente hay decenas de personas originarias de Jalahui en el exilio, pues los Velasco Yesca no son la única familia que fue desterrada.
En la misma situación que la de Salvador existen otras 12 familias evangélicas sin un lugar a dónde ir, como los Loyola Sánchez y los Valentín Palomeque. Son familias enteras que incluyen personas enfermas, niñas y niños pequeños y mujeres embarazadas. A todas les quitaron sus casas, parcelas y animales y las expulsaron por profesar otra creencia religiosa, una fe distinta al catolicismo cuya doctrina afirma que se fundamenta en la misericordia.
