Reacciones al informe Gabilondo: Cremades «valora y respeta» el estudio
Tras hacerse público el informe del Defensor del Pueblo sobre la pederastia en España, Podemos ha abogado por tomar «medidas valientes e inmediatas» para acabar con las agresiones sexuales vinculadas a la Iglesia católica y ha propuesto para ello derogar el concordato (sic) con la Santa Sede, eliminar su financiación pública y acabar con los centros educativos religiosos e integrarlos a la red pública
La Compañía de Jesús, como parte de la CONFER, ha anunciado que «se suma a su comunicado», donde el órgano de representación de la Vida Religiosa en España acoge la publicación del estudio del Defensor del Pueblo
Tras hacerse público el informe del Defensor del Pueblo sobre la pederastia en España, Podemos ha abogado por tomar «medidas valientes e inmediatas» para acabar con las agresiones sexuales vinculadas a la Iglesia católica y ha propuesto para ello derogar el concordato (sic) con la Santa Sede, eliminar su financiación pública y acabar con los centros educativos religiosos e integrarlos a la red pública.
Fuentes de Podemos citadas por la agencia EFE han indicado que se debe «derogar el actual concordato con la Santa Sede» para «acabar con el actual régimen de privilegios» y denuncian que es «inadmisible que una institución que ha amparado hechos de esta gravedad, ocultándolos y entorpeciendo su investigación, reciba financiación pública y gestione centros escolares».
«La violencia sexual contra la infancia ha sido una constante en la Iglesia católica, que ha silenciado a víctimas y protegido a agresores», sostiene el partido de Ione Belarra, que insiste en que «solo con medidas contundentes se podrá poner fin a la mayor red de pedofilia conocida hasta la fecha, que podría afectar a una de cada 100 personas en nuestro país, según los datos conocidos».
Sobre los centros escolares religiosos, Podemos propone integrarlos en la red pública e insiste en que «una institución que reiteradamente ha ocultado y silenciado abusos sexuales a menores está inhabilitada para gestionar centros escolares».