El lunes 31 de octubre la Audiencia Nacional denegó el recurso con el que la defensa de Mohamed Said Badaoui intentaba suspender la orden de expulsión que pesa sobre él activista.
10 días después de su internación en el CIE de Zona Franca, en Barcelona, Mohamed Said Badaoui se tuvo que enfrentar a otro revés en su causa: la segunda denegación para suspender cautelarmente la orden de expulsión que pesa sobre él desde el pasado mes de agosto, y que provocó su detención el pasado 18 de octubre.
El pasado lunes día 31 de octubre de 2022, fue la Audiencia Nacional la que denegó el recurso de reposición interpuesto por el abogado contra la primera denegación de suspensión cautelar de la expulsión. El objetivo de este segundo recurso era detener la deportación, en un intento más para que Badaoui, con 30 años de residencia en Catalunya, viera garantizados sus derechos, pues, según denuncia el Grupo de Apoyo formado para defender al vecino de Reus, las acusaciones de radicalización contra él no están fundamentadas en pruebas, y el proceso de detención para su deportación no está respetando las garantías necesarias.
La preocupación porque Interior esté vulnerando los derechos de Badaoui desde que respondiera negativamente a su solicitud de nacionalidad alegando radicalización por parte del presidente de la Asociación de Derechos Humanos de la comunidad musulmana (Addcom), contestara al recurso de Badaoui contra la denegación con una orden de expulsión, y lo detuviese finalmente el martes 18, ha concitado la solidaridad tanto del tejido social de Reus, como de numerosas formaciones políticas a nivel local, autonómico y estatal. La Sindicatura de Greuges (defensor del pueblo) de Barcelona, David Bondía, programaba ayer 1 de noviembre una visita al CIE de Zona Franca para entrevistarse con Badauoi.
Denuncian que con la amenaza de deportación, se está impidiendo que se investiguen las acusaciones vertidas sobre Badaoui, lo que supondría una vulneración “de la presunción de inocencia y el derecho a un juicio justo”
El Grupo de Apoyo a Mohamed Said Badaoui denuncia que con la amenaza de deportación, las autoridades están impidiendo que se investiguen las acusaciones vertidas sobre este activista, lo que supondría una vulneración “de la presunción de inocencia y el derecho de Mohamed Said Badaoui a un juicio justo”. Denuncian así mismo que no se han presentado evidencias que justifiquen la orden de expulsión contra Badaoui, y que las múltiples alegaciones del abogado del caso siguen sin respuesta, mientras que las autoridades se obstinan en acometer la expulsión antes de que exista una sentencia que la justifique. En contraste, Amarouch Azbir, vecino de Vilanova i la Geltrù que fuera detenido el mismo día que Badaoui, en el marco de un proceso paralelo, pudo volver a su casa el sábado 22 de octubre después de que otro juez admitiera suspender su orden de expulsión.
El Grupo de Apoyo argumenta que con la decisión de la Audiencia Nacional respecto a Badaoui, el poder judicial avala las políticas migratorias del Ministerio de Interior que, señalan, utilizan la ley de extranjería para ejercer discriminaciones atravesadas por la islamofobia. Así, el caso de Badaoui, reivindican, ha generado solidaridad entre una amplia red social y política, que identifica su situación como “un ataque a la libertad de asociación, de expresión y a la libertad religiosa”.
Alertan también de que esta manipulación de la Ley de extranjería como vehículo de deportación de activistas, supone un precedente peligroso que allanaría el camino a una extrema derecha deseosa de usar “los mecanismos del Estado para ejercer violencia y destruir las vidas de familias enteras”. Por todo ello, instan a Interior a no ejecutar la expulsión de Badaoui, y escuchar al amplio movimiento que se ha generado en Catalunya y en otras partes del Estado para que la ley de extranjería no sea utilizada para expulsar a activistas de los derechos humanos.
