Nueve de cada 10 personas que han pedido ayuda legal para morir han preferido que el equipo sanitario les administre la sustancia letal a ingerirla ellas mismas
La sala se oscureció un poco y en la pantalla apareció Fátima García Castejón. No podía mover más que el cuello y hablaba con una dicción tan ajena a la que la definió toda la vida que el vídeo necesitó subtítulos…
«Me voy de mi cuerpo, que no me deja ser lo que soy. Mi cuerpo ahora es una cárcel y yo no he hecho nada malo para estar en una cárcel. Y eso lo tiene que entender todo el mundo».
Los juristas y sanitarios que estaban allí reunidos para hablar de eutanasia tragaron saliva. Era un silencio de permiso, un íntimo convencimiento de derecho. Ahí estaba, como en un testamento animado, el final de la historia de Fátima, 50 años de edad, psicopedagoga y reclusa de una distonía degenerativa irreversible que le impedía ya cualquier movimiento autónomo.
Fue el primer caso de eutanasia legal acometido en Castilla-La Mancha y un equipo de la televisión autonómica había grabado el testimonio para emitirlo un día después de que Fátima muriera.
Ella recibió la eutanasia el 11 de enero, el vídeo se emitió el 12 y un auditorio de abogados, jueces, médicos y técnicos lo vio a finales del pasado septiembre en una sala tenue y sobrecogida del XXX Congreso Derecho y Salud, organizado en Logroño por la asociación Juristas de la Salud.
Se trataba de repasar 15 meses de eutanasia en España…
Y la conclusión es que el proceso está garantizando en mayúsculas la voluntad de la persona, aunque tiene algunas goteras: plazos de tiempo demasiado largos para los enfermos terminales y demasiado cortos en enfermedad mental, médicos que tardan en tramitar la solicitud o aplicación no totalmente homogénea de la ley en toda España.
Y también algo que no es un obstáculo y no se trató en las jornadas de aquel congreso, pero que EL MUNDO ha ido confirmando en la experiencia de varias CCAA y ayuda a dibujar la sociología de este nuevo derecho: nueve de cada 10 casos son eutanasia y no suicidio asistido. Es decir, que pese a que la ley obliga a que la acción eutanásica se practique en presencia y vigilancia de un equipo médico, los pacientes prefieren que sea el sanitario el que les administre por vía intravenosa la sustancia que acabará con sus vidas a ingerirla oralmente ellos mismos.
¿Por qué?
«Porque se sienten más arropados con sus médicos o enfermeros. Aunque en el suicidio asistido el equipo sanitario también tiene que estar presente, en la práctica, a los pacientes les da un poco de reparo administrarse ellos mismos la medicación. Además, si viene de manos de un profesional, les resta incertidumbre». Es Nuria Terribas, vocal de la Comisión de Evaluación y Garantías de la Eutanasia de Cataluña, la comunidad que más peticiones ha recibido y más eutanasias ha practicado durante el primer año de la ley, que entró en vigor a finales de junio de 2021.
La incertidumbre es un demonio con tanto poder que altera la vida… y la muerte. Para alguien que ha tomado la decisión de ser ayudado a morir, no estar absolutamente seguro de que la última sustancia sea lo último debe ser una tortura.
«Aunque el compuesto que ingiere el paciente en suicidio asistido está preparado y validado por el equipo farmacéutico y médico, puede haber una sensación subjetiva de incertidumbre», sostiene Terribas, vicepresidenta del Comité de Bioética de Cataluña y directora de la Fundación Víctor Grifols i Lucas, dedicada a la ética en la salud humana.
Así que, frente a la incertidumbre, certeza. Y unida a ella, confianza, otra de las grandes razones. «La gente se fía de sus médicos. Ellos han aceptado la petición de la persona, les han acompañado en todo el proceso y les ofrecen mucha confianza. No sólo es confianza personal, sino confianza en el sistema sanitario. Por eso los pacientes confían en los sanitarios a la hora de recibir la sustancia». Habla María Martín Ayala, jefa del Servicio de Coordinación Sociosanitaria de Castilla-La Mancha.
El tercer argumento es la rapidez. Lo sabe bien el psicólogo Javier Velasco, presidente de la asociación Derecho a Morir Dignamente, que lleva décadas estudiando las figuras de la eutanasia y el suicidio asistido en los países donde hace mucho tiempo que están legalizadas. «La eutanasia es un método más rápido que el suicidio asistido. La solución química entra por vía intravenosa y actúa antes que con un método oral en el que el paciente tiene que ingerir una sustancia. En esos casos hay posibilidades de vómito, con lo que el paciente no fallecería y habría que volver a ingerir el compuesto. Siendo ambas modalidades tranquilas y eficaces, los propios sanitarios prefieren claramente la de la eutanasia».
Nuria Terribas ofrece un dato: «De las 60 personas que obtuvieron ayuda para morir durante el primer año de vigencia de la ley en Cataluña, 58 optaron por la eutanasia y 2 por el suicidio asistido».
O sea, 97% frente a 3%.
Eutanasia… un derecho que han ejercido sobre todo personas con enfermedades neurológicas (procesos degenerativos, parálisis o demencias) seguidas de enfermos oncológicos con mal pronóstico y pacientes con multimorbilidades.
Todos estaban dentro de los dos supuestos de la ley:
Tener una «enfermedad grave e incurable que origina sufrimientos físicos o psíquicos constantes e insoportables sin posibilidad de alivio que la persona considere tolerable, con un pronóstico de vida limitado y en un contexto de fragilidad progresiva».
O…
Sufrir un «padecimiento grave, crónico e imposibilitante, que hace referencia a limitaciones sobre la autonomía física de manera que no permite valerse por sí mismo, así como sobre la capacidad de expresión y relación, y que llevan asociado un sufrimiento físico o psíquico constante e intolerable, existiendo seguridad o gran probabilidad de que tales limitaciones vayan a persistir en el tiempo sin posibilidad de curación o mejoría apreciable».
Pese al «alto garantismo» que los juristas conceden a la ley, estos 15 meses de andadura han dejado algunos rasguños por curar.
Por ejemplo, la detección de que algunos médicos, sin llegar a inscribirse en los registros de objeción de conciencia (que tampoco están desarrollados igual en todas las CCAA), tardan en tramitar la primera solicitud de eutanasia de un paciente. «En algunos casos temen que en su actual saturación laboral, esto les suponga una sobrecarga. Y en otros, tiene que ver con que la eutanasia sigue siendo un tema ideológico y un tabú», cuentan algunos especialistas.
Otra de las heridas afecta a los plazos, al futuro, al tiempo…
María Martín afirma que la ley de eutanasia es «el texto legislativo más trascendente del derecho sanitario en España desde la aprobación de la ley del derecho del paciente», garantiza la decisión autónoma de todos los enfermos «sin que se deba descartar por sistema a los que padecen una enfermedad mental o están en situación de vulnerabilidad» y «promueve los cuidados paliativos al ser obligatorio su ofrecimiento, pero sin imponerlos».
Pero, junto a los elogios, esta jurista y experta en investigación en Bioética sugiere que habría que «acortar el tiempo de deliberación en casos de pacientes terminales».
O, en palabras de Matilde Vera, directora de los Servicios Jurídicos del Servicio Andaluz de Salud (SAS) y una de las vocales de la Comisión de Evaluación y Garantías de la Eutanasia de Andalucía, «agilizar el procedimiento sin merma de garantías».
Y es que ha habido fallecimientos antes del final del proceso. «A los pacientes terminales se les hacen largos los 47 días de media que pasan entre la petición y la eutanasia. Algunas personas se preguntan por qué tienen que esperar tanto. De las 137 personas que han presentado solicitud de eutanasia en Cataluña en el primer año, 37 han muerto durante el proceso», ilustra Carla Martín Verdaguer, miembro del equipo jurídico del Hospital Sant Pau de Barcelona.
Sin embargo, para enfermos mentales, la demanda de los especialistas es la contraria.
Nuria Terribas está en uno de los tres equipos de médicos y juristas que funcionan en Cataluña. «Hemos visto de todo. Pacientes oncológicos en estado terminal, personas con procesos neurológicos degenerativos no terminales pero con un sufrimiento grave e imposibilitante que te dicen: ‘No sé cuánto tiempo me queda, pero así no quiero seguir porque tampoco sé lo que vendrá’. Y también casos de envejecimiento con muchas patologías, mucha medicación y que están muy frágiles. Son ancianos que te dicen: ‘Voy todo el día medicado, sigo sintiendo dolor y esto no es vida’. La ley está para todo eso».
– Pero, ¿qué ocurre con los enfermos mentales?
– Hay que valorar la capacidad de la persona a pesar de su diagnóstico, ver en qué se traduce el sufrimiento intolerable y analizar qué terapias ha tenido. En salud mental hay tratamientos, pero hay que ver qué trayectoria ha tenido esa persona y comprobar que esa enfermedad no ha debutado hace cuatro días. La cronicidad es más o menos a partir de dos años. Hay que ver qué tratamientos ha probado y ofrecerle otros antes de pedir la eutanasia.
– Eso significa más tiempo…
– Y más profesionales. La ley española tiene cosas buenas, como las comisiones de garantía con carácter previo, que no las tienen otros países. Pero debería haber copiado la de Holanda y la de Bélgica en requerir la opinión de un tercer psiquiatra en casos de enfermedad mental. También debería fijar un mínimo de trayectoria de tratamiento. Se requerirían más tiempo y más profesionales: cuántos psiquiatras, cuántos tratamientos… Ahora hay que resolver en 20 días y eso, en salud mental, es poco.
