La causa abierta por supuestos abusos sexuales a menores contra el sacerdote Josep Lluís Mollà Ferrer, de 40 años, párroco en Sant Josep de Ibiza y director del colegio religioso de Can Bonet en Sant Antoni, ha quedado hoy sobreseída y archivada por la juez del caso, a petición de la fiscalía, según han informado fuentes judiciales.
El cura fue detenido en abril de 2011, estaba imputado y en libertad con cargos. La retirada por el fiscal de las acusaciones penales y la asunción por el instructor de sus argumentos conlleva el levantamiento de las medidas cautelares de alejamiento del centro y de los tres alumnos que inicialmente le denunciaron con sus familias. En la fiscalía y el juzgado se han valorado, finalmente, como poco creíbles, endebles o inciertos los relatos de las supuestas víctimas.
La Unidad de Mujeres y Menores de la Guardia Civil que investigó las denuncias recogió “relatos, situaciones límite, de presuntos abusos”, según fuentes del caso, bajo secreto por afectar a menores de edad. El obispado de Ibiza y el claustro de profesores y la asociación de padres del centro de enseñanza que Mollà dirigía apoyaron de manera cerrada y activa la inocencia y honorabilidad del clérigo y docente. Al menos un alumno retiró la denuncia, hecho que se anunció desde el entorno del colegio.
Por las medidas judiciales, Mollà no pudo dar clases de Religión, Ética y Educación para la Ciudadanía en su centro. Pidió permiso para acceder por las tardes, sin lograr permiso judicial. El colegio está a más de 20 kilómetros de su parroquia. El obispo de Ibiza, Vicente Juan Segura, lo mantuvo al frente de las parroquias de Sant Josep y Es Cubells, que el ahora liberado de sospechas tenía asignadas.
La Iglesia abrió un expediente informativo sobre el caso y habló de "conducta intachable". El obispo Segura le separó cautelarmente de sus funciones como director del colegio, función que el sacerdote no podía ejercer por no estar autorizado por el juez a acceder al colegio, con el deber de mantenerse lejos de los alumnos.
En el Diario de Ibiza, que ha avanzado la retirada de la acusación del fiscal, se mantiene que los docentes y padres “no daban ninguna credibilidad a la denuncia y la atribuían a una 'venganza' maliciosa de los denunciantes”. El expediente judicial ha estado extraviado durante dos semanas.
