Horas después de la polémica intervención del ministro de Justicia, Alberto Ruiz-Gallardón, sobre el aborto en el Congreso, el exalcalde de Madrid, durante una entrevista con este periódico, puso algunos ejemplos de esa “violencia de género estructural” que dice detectar contra las mujeres" por el mero hecho del embarazo", una "presión" que les lleva a abortar. “Pienso en el miedo a perder el puesto de trabajo o a no obtener un empleo como consecuencia del embarazo; pienso en la presión [que sufren] muchas inmigrantes; pienso en mujeres que en este tipo de situaciones [de embarazo no deseado] carecen de apoyos de los poderes públicos para poder libremente optar por una alternativa a la interrupción de su embarazo”.
Según el titular de Justicia, la ausencia de medidas “de carácter laboral, asistencial, ayudas a la vivienda o al transporte” impide a la mujer decidir “en libertad” sobre su embarazo. Ha habido “una dejación de los poderes públicos”, que se han “conformado con establecer una despenalización” del aborto, subrayó Ruiz-Gallardón. Pero no explicó por qué aumentarán las ayudas —en un momento, además, en el que lo que anuncia el Gobierno son recortes generalizados— por el hecho de derogar la ley del aborto de 2010.
En su discurso de por la mañana, el ministro dio una vuelta de tuerca a su discurso en favor de la anunciada reforma de la ley del aborto. No apeló ya, como había hecho hasta ahora para justificar el fin de la ley de plazos, al derecho del feto, sino que alertó de una supuesta situación de indefensión de las mujeres embarazadas y anunció que el Gobierno "protegerá" la "dignidad" de esas mujeres defendiendo "uno de sus valores fundamentales, que es el derecho a la maternidad".
Sus palabras, en respuesta a una pregunta del PSOE, incendiaron las redes sociales a los pocos minutos. En Twitter se creó una línea de conversación con el nombre #violenciaestructural que se plagó de críticas a Ruiz-Gallardón —de internautas y de dirigentes socialistas, de IU y de otros grupos— y fue tema del momento todo el día. “El ministro se ha metido en un jardín y de forma demagógica, utilizando la violencia de género. Las mujeres no somos menores de edad”, protestaron algunas asociaciones feministas.
Ya en el Congreso, el ministro había provocado intensos rumores en el hemiciclo con su respuesta —que llevaba manuscrita— a una pregunta de la diputada socialista Ángeles Álvarez. “No solo no vamos a recortar los derechos sexuales y reproductivos, sino que vamos a aumentar la protección del derecho reproductivo por excelencia de la mujer, que es el derecho a la maternidad”, afirmó. “Muchas mujeres”, según Ruiz-Gallardón, “ven violentado su derecho a ser madres por la presión que generan a su alrededor determinadas estructuras”. “En muchas ocasiones se genera una violencia de género estructural contra la mujer por el mero hecho del embarazo”.
La nueva ley se centrará “en el derecho de la mujer a la maternidad”, prosiguió, hablando del embarazo sin decir cómo se regulará el aborto. Para que ninguna mujer se vea obligada a “renunciar a la maternidad por un conflicto familiar, laboral o social”, la futura norma reforzará “la formación, la información y la prevención”.
“Todas las administraciones públicas tendrán que trabajar para que los servicios sociales, la educación, la sanidad, la vivienda, el transporte y el empleo sean prioritarios para la mujer embarazada. En definitiva, lo que vamos a hacer es defender la dignidad de la mujer con uno de sus valores fundamentales, que es el derecho a la maternidad”. Ruiz-Gallardón terminó sin haber respondido a la pregunta de Álvarez: qué va a cambiar exactamente el PP de la ley vigente. Si se volverá a la despenalización del aborto en tres supuestos acordada en 1985 o se crearán supuestos distintos.
La diputada Álvarez acusó al ministro de atender “compromisos con determinados sectores del fundamentalismo en España”. Las asociaciones provida Foro Español de la Familia y Derecho a Vivir coincidieron con Ruiz-Gallardón en que hay una “violencia estructural” que fuerza a las embarazadas a abortar al no darles otra alternativa, aunque le criticaron porque sospechan que la nueva ley seguirá siendo demasiado laxa, informa Europa Press.
La asociación que agrupa a las clínicas que practican abortos, ACAI, replicó al ministro que “obligar a una mujer a continuar con un embarazo no deseado es un acto de violencia tan grave como impedirle que continúe con una gestación deseada”. “Las mujeres evalúan las circunstancias que les llevan a abortar, que unas veces serán económicas, otras por razones de salud y algunas por conflictos familiares. Pero de ahí a decir que se ven obligadas a abortar…”, protestó Francisca García, vicepresidenta de ACAI.
“Los informes internacionales coinciden en que la mujer abortará si así lo ha decidido y penalizarla por ello no es solución. El Gobierno debe facilitarles esa intervención en las mejores condiciones posibles. Y también proteger la maternidad, que eso es otra cosa distinta”, añadió. Coincidió con ella Empar Pineda, de la clínica Isadora, en Madrid: “La maternidad se protege de otra forma, concediendo los recursos necesarios y sostenidos en el tiempo”.
“El ministro se ha metido en un jardín y de forma demagógica, utilizando la violencia de género. Las mujeres no somos menores de edad, somos libres para decidir sobre nuestro cuerpo y eso es lo que tienen que garantizar. Además, si una mujer está coaccionada para tener el hijo o para abortar, esto último lo he visto en sectores conservadores, por aquello de la deshonra”, señaló Consuelo Abril, de la Coordinadora de Organizaciones por la Participación y por la Igualdad (Compi).
