Si es condenado en Estados Unidos, podría recibir una pena hasta de 175 años de cárcel, según los abogados de Assange, aunque las autoridades estadounidenses han dicho que la condena probablemente sería menor.
El juicio contra Assange revela el enseñamiento, la inquina y la preocupación de Washington contra quien reveló al mundo los crímenes de lesa humanidad cometidos por sus fuerzas armadas en Afganistán e Irak.
El juez británico Paul Goldspring, en una visita de siete minutos a la prisión de Belmarsh, ordenó que el caso de extradición de Julian Assange se traslade a la ministra del Interior, Priti Patel, en lo que supone un paso más para la entrega del comunicador australiano a Estados Unidos, donde se busca condenarlo a 175 años de prisión bajo cargos de espionaje. Assange siguió el fallo por videoconferencia desde la prisión.
Goldspring autorizó oficialmente la extradición a Estados Unidos donde deberá enfrentar cargos de espionaje. El caso pasará ahora al ministerio británico del Interior para que tome una decisión, aunque el fundador de Wikileaks aún tiene opciones para apelar. La Corte Suprema británica denegó el mes pasado autorizar una apelación de Assange contra el fallo de una corte inferior sobre su extradición.
Rechazando en marzo el permiso para apelar solicitado por los abogados del periodista australiano, coordinados a nivel internacional por el exjuez español Baltasar Garzón, la Corte Suprema británica dictó que el caso fuera trasladado a la ministra del Interior. La defensa tendrá ahora hasta el 18 de mayo para presentar sus alegaciones a Patel, con la esperanza de que se oponga a la entrega. Una vez anunciada su decisión, tendrán 14 días para intentar recurrirla, o buscar una nueva apelación sobre otros aspectos jurídicos.
Partidarios y abogados del australiano alegan que cuando publicó documentos que expusieron las acciones contra los derechos humanos del ejército estadounidense en Irak y Afganistán, Assange actuaba como periodista y tiene derecho a las protecciones a la libertad de expresión contempladas en la Primera Enmienda de la Constitución estadounidense. Todos son concientes que el caso tiene motivaciones políticas.
Mientras, fuera de la Corte de Magistrados de Westminster, en Londres, se llevó una protesta para exigir la liberación del fundador de Wikileaks, acto en el que participó el exlíder del Partido Laborista Jeremy Corbyn, una de las pocas voces dentro de la política occidental que se marcó su posición ética en torno a lo que probablemente sea el proceso más importante para la libertad de expresión y de prensa a escala global.
En marzo, la Corte Suprema del Reino Unido ya había rechazado el permiso para apelar solicitado por los abogados del australiano, por lo que ahora los recursos disponibles para su defensa son presentar alegaciones a Patel, intentar recurrir su petición si ésta es desfavorable, y apelar otros aspectos jurídicos.
Lo cierto es que el comportamiento de las autoridades judiciales y políticas del Reino Unido, dispuestas a satisfacer los deseos de Washington a lo largo de todo el proceso, deja pocas esperanzas de un resultado positivo. Rusia calificó de farsa la decisión.
En el caso del sistema judicial del Reino Unido, su embate contra Assange se basa en equiparar la Ley de Espionaje estadounidense con la Ley británica de Secretos Oficiales, que protege los desmanes imperiales del conocimiento público.
Para el fiscal James Lewis, si un periodista o un periódico publica información secreta que probablemente cause daño a los intereses del Reino Unido, indudablemente está cometiendo un delito, argumento que deja pocas dudas sobre la verdadera naturaleza de la persecución contra Assange: aterrorizar a toda persona que investigue los hechos que los gobiernos y las grandes corporaciones desean mantener ocultos.
Tanto Washington como Londres consideran como acto de espionaje cualquier ejercicio periodístico que haga patentes abusos y violaciones a los derechos humanos perpetrados desde el poder, y que manifiestan su expresa voluntad de poner todo el aparato del Estado al servicio de la persecución y el silenciamiento de quien publique secretos oficiales. En suma, se criminaliza a quien desenmascare a los criminales y se pone la mesa para la impunidad de los funcionarios que cometan ilícitos al amparo de poder.
Assange se encuentra recluido en una prisión londinense desde abril de 2019, cuando el gobierno de Lenín Moreno lo expulsó de la embajada de Ecuador en la capital británica, donde permaneció refugiado durante siete años, como único medio para ponerse a salvo de la persecución en su contra.
Estados Unidos dispuso de todo su aparato de Estado, incluidas sus capacidades de persuasión y coerción diplomática, para llevar a Assange a su territorio y someterlo a una serie de acusaciones por espionaje que carecen de cualquier mérito jurídico. El “crimen” fue la publicación en Wikileaks de cientos de miles documentos clasificados hace más de una década. Los crímenes y criminales denunciados allí fueron protegidos por Washington, que trata de tapar los muchos trapos sucios criminalizando a Assange.
Entre esos archivos destacó un video que mostraba a civiles, incluidos dos periodistas de la agencia Reuters, muertos por disparos de un helicóptero de combate estadounidense en Irak en julio de 2007.
El juicio solo revela el enseñamiento, la inquina y la preocupación de Washington contra quien reveló al mundo los crímenes de lesa humanidad cometidos por sus fuerzas armadas en Afganistán e Irak, así como la descomposición, la inmoralidad y hasta las facetas criminales de la superpotencia en su proyección diplomática, económica y militar en el ámbito internacional.
Via crucis
Si es condenado en Estados Unidos, podría recibir una pena hasta de 175 años de cárcel, según los abogados de Assange, aunque las autoridades estadounidenses han dicho que la condena probablemente sería menor. Assange, de 50 años, lleva retenido en la prisión Belmarsh de alta seguridad en Londres desde 2019, cuando fue detenido por incumplir su fianza en otra batalla legal.
Antes de eso pasó siete años en la embajada de Ecuador en la capital británica, para evitar su extradición a Suecia, donde enfrentaba acusaciones de violación y agresión sexual. Suecia archivó los casos por esos delitos en noviembre de 2019 porque había pasado demasiado tiempo.
En el centro de una larga saga judicial, Assange fue condenado a un año de cárcel en Londres por violación de su libertad condicional en 2012, antes de emprender la batalla contra su extradición a Estados Unidos. En enero de 2021, la justicia británica decidió a su favor. La juez Vanessa Baraitser rechazó la extradición por considerar que el australiano, de frágil salud física y sicológica, corría el riesgo de suicidarse en el sistema penitenciario estadounidense.
Pero en diciembre, Washington logró que la Alta Corte de Londres anulara esa decisión, asegurando que no sería encarcelado en la prisión de alta seguridad ADX de Florence, en Colorado, donde están detenidos miembros de la organización yihadista Al Qaeda.
Para sus defensores, encabezados por Stella Moris, la abogada sudafricana con la que tuvo dos hijos en secreto durante sus años en la embajada ecuatoriana y con quien se casó en Belmarsh el mes pasado, estas garantías no son creíbles.
Al subrayar que el destino de Julian está ahora en manos de la ministra del Interior, Moris insistió en marzo en que este es un caso político y ella puede ponerle fin. Hace falta valor político, pero esto es lo que se necesita para preservar una sociedad abierta que proteja a los editores de la persecución extranjera, afirmó.
El primer ministro «Boris Johnson y Priti Patel no pueden entregar a Julian a un país que conspiró para asesinarlo. Ellos pueden detener esta pesadilla hoy mismo y devolver a Julian con su familia», dijo la abogada, quien advirtió que el artículo 4 del Tratado de extradición británico-estadounidense «prohíbe las entregas por delitos de carácter político», dijo Morris.
En Moscú, la portavoz del Ministerio del Exterior de Rusia, María Zajárova, declaró que la Corte de Magistrados de Westminster “en realidad interpretó la escena final en la farsa titulada La justicia británica”.
“En la peor tradición de Inglaterra, todo se hace a tiempo, ‘aprovechando el ruido’, cuando la comunidad internacional, gracias a los medios occidentales, permanece en una realidad paralela, y en ese estado, en un principio, todo es posible, incluso extraditar a Assange a EEUU, a pesar de las demandas de los defensores de los derechos humanos. Para la comunidad occidental, el fin siempre justifica los medios”, comentó.
Zajárova agregó que corresponde a la ministra del Interior británico poner un punto formal en este proceso vergonzoso.
Isabella Arria*
* Periodista chilena residenciada en Europa, analista asociada al Centro Latinoamericano de Análisis Estratégico (CLAE)
