El bufete contratado por la Conferencia Episcopal también trabajará con dos abogados del despacho alemán que publicó un informe sobre la pederastia en la archidiócesis de Múnich.
El despacho de abogados que recibió el encargo de la Conferencia Episcopal Española (CEE) para auditar la pederastia en la Iglesia española en las últimas décadas contará con expertos internacionales sobre el tema, como el presidente de la comisión homóloga portuguesa, Pedro Strecht. También participarán los abogados Martin Pusch y Ulrich Wastl, socios fundadores del despacho alemán Westpfahl Spilker Wastl (WSW) que elaboró un informe sobre estos delitos en la archidiócesis de Múnich y Frisinga. “Estamos hablando de profesionales con experiencia y de prestigio, con mucha credibilidad en lo que hacen. Hay que tener en cuenta que en España es la primera vez que se lleva a cabo algo de esta envergadura y queremos estar seguros de que se hará bien”, ha explicado a EL PAÍS Javier Cremades, presidente y fundador de Cremades & Calvo-Sotelo, bufete al que la CEE ha encomendado la auditoría sobre los abusos en su seno.
También se han sumado nombres como Patricia Lee Refo, expresidenta de la American Bar Association, una de las asociaciones de abogados más importante del mundo; Carolina Marín Pedreño, abogada de familia, jefa del departamento de menores del despacho británico Dawson Cornwell y experta en sustracción internacional de menores; Katharina Miller, socia fundadora del despacho hispano alemán 3C Compliance y presidenta de la Asociación Europea de Mujeres Juristas; Juan Carlos Gutiérrez, abogado venezolano del despacho Cremades y presidente del Instituto de Derechos Humanos de la Asociación Mundial de Juristas; la abogada Liza M. Velazquez, del despacho estadounidense Paul Weiss; la psicóloga costarricense Marina Peña; y Juan Pablo Gallego, abogado argentino especialista en abusos sexuales en la Iglesia que encabezó la querella contra el cura Julio César Grassi (condenado a 15 años de cárcel en 2009).Strecht, que recibió el encargo de la Conferencia Episcopal de Portugal de liderar su comisión, es un reconocido psiquiatra especializado en infancia y adolescencia, que había atendido a los menores abusados en el gran escándalo de la Casa Pía hace dos décadas.
Este miércoles está prevista una rueda de prensa donde Cremades presentará a los 18 miembros que compondrán dicho equipo e informará sobre los criterios que el despacho está siguiendo para contabilizar las decenas de denuncias que han recibido en las últimas seis semanas.
El presidente del bufete ya especificó el pasado febrero que el objetivo es hacer una radiografía de la problemática en España, tanto del número de casos cometidos como del posible encubrimiento de los obispos. Para ello, Cremades asegura que las diócesis españolas abrirán sus archivos y los prelados accederán a entrevistarse con los miembros de su equipo. El fin, añadió, será publicar un informe con unas conclusiones que incluya recomendaciones, también sobre indemnizaciones siguiendo los baremos de los tribunales españoles y las compañías aseguradoras. No obstante, al contrario que el informe de la comisión independiente de Francia (que estimó al menos 216.000 víctimas), no se contempla estimaciones y extrapolaciones estadísticas, y tampoco valoraciones sobre las causas del problema de los abusos y el funcionamiento. El plazo inicial que el bufete maneja es de al menos entre 12 y 18 meses para completar el encargo de la CEE.
Los trabajos previstos, que el despacho de Cremades realiza gratuitamente, seguirán el modelo aplicado por la Iglesia de Alemania y el despacho WSW. “Conocemos los requisitos metodológicos y los problemas asociados a estas investigaciones. Además, tenemos experiencia en sistemas de atención a las víctimas y de prevención. Esperamos que con nuestra experiencia, que hemos recogido en cuatro investigaciones, también podamos contribuir a la mejor evaluación posible en España”, explica a este diario Pusch, que junto a Wastl fueron los autores del informe alemán. El resultado de dicho estudio, publicado a comienzos de este año, cifraba en 497 las víctimas de abusos sexuales cometidos por 235 religiosos entre 1945 y 2019 solo en ese obispado. El punto más relevante fue que señalaba el presunto encubrimiento de algunos casos por parte de Benedicto XVI, en su paso por la diócesis.
Los abogados alemanes no han querido, de momento, hacer una valoración sobre cómo la Iglesia española se ha enfrentado hasta ahora a esta cuestión, aunque han subrayado que “es importante que ahora se reconozca el problema y se aborde”. Preguntado sobre si temen que las diócesis españolas se nieguen a abrir sus archivos, Pusch ha puntualizado: “Tuvimos pleno acceso a los archivos de la Archidiócesis de Múnich y Frisinga y no tenemos ninguna razón ni indicios para suponer que la iglesia española no concederá pleno acceso”.
Cremades también insiste en que la dirección de sus trabajos estará orientada a colaborar con la comisión paralela que pondrá en marcha el Defensor del Pueblo, después de que el Congreso de los Diputados aprobase por mayoría su creación el mes pasado. “Nuestra intención no es elaborar un estudio alternativo al del Defensor del Pueblo, sino complementario. Parte del trabajo será organizar la información que recopilemos para entregársela a dicha comisión cuando lo necesiten”, dice Pusch. Por otro lado, el Defensor del Pueblo, Ángel Gabilondo, no ha aclarado aún cómo funcionará su comisión, aunque aseguró que para Semana Santa le gustaría que estuviese en marcha.
Una pieza fundamental del puzle
Para el presidente del despacho, la labor de la investigación sobre la pederastia que el diario EL PAÍS ha llevado a cabo desde 2018, su dosier y la base de datos de los casos conocidos, será muy importante para que esa radiografía que la jerarquía eclesiástica le ha encargado sea una realidad. “El trabajo de EL PAÍS es una pieza fundamental del puzle que tenemos que armar. Sin ella, estará incompleto”, ha aseverado Cremades. Hace un mes la Iglesia reconoció de golpe 506 casos, sin cifrar el número de víctimas o abusadores, mientras que este diario ha contabilizado al menos 614 casos y 1264 víctimas.
Por otro lado, para la mayoría de las asociaciones de víctimas, la iniciativa de la CEE de contratar a este bufete sigue siendo una maniobra para lavar su imagen. De hecho, la asociación nacional Infancia Robada se reunió el 23 de marzo con el presidente de la entidad, el cardenal Juan José Omella, para solicitarle que rompiese su acuerdo con Cremades. “Infancia Robada no puede reconocer la autoridad del despacho Cremades & Calvo-Sotelo debido a la existencia de intereses contrapuestos, al ser su presidente miembro destacado del Opus Dei, cuya conducta se ha basado en una postura negacionista y el silencio cómplice. Exigimos una rectificación”, dijo Ana Cuevas, portavoz de la entidad y madre de una víctima.
