Tras la pancarta ‘Dinero público para lo público’, exigiendo la abolición de los conciertos “innecesarios” y “porque la privada amañada se llama concertada”, la Marea Verde ha salido a la calle en Cádiz ya que “nos están robando la educación pública”. La Junta del PP se parapeta tras números e “inversiones históricas”.
Con el apoyo de colectivos, sindicatos y partidos políticos, Marea Verde Cádiz ha celebrado este sábado una nueva manifestación en la capital gaditana, con carácter provincial, “porque nos están robando la educación pública”. Una movilización que también se ha llevado a cabo en Sevilla y Málaga, contestada por la Junta de Andalucía con un esperable comunicado lleno de cifras globales jactándose de que la educación pública (donde también contempla a la privada-concertada), desde que gobierna la derecha en esta comunidad autónoma, “dispone de la mayor inversión de la historia”.
Así, el movimiento en defensa de la escuela pública en Cádiz ha mostrado músculo para pedir la eliminación de los conciertos y una “apuesta decidida” por la pública. Tras el lema ‘Dinero público para lo público’, la marcha ha salido a mediodía de la trasera de las mismas Puertas de Tierra (la futura Glorieta de la Educación Pública), para terminar en la plaza Mina.
Arropando a la Marea Verde han participado en la protesta representantes de la Flampa, Marea Blanca, Apdha, PTIS de Cádiz, Europa Laica y Facua; de sindicatos como Ustea, CGT, SAT, Sindicato de Estudiantes; y de partidos como Ganar Cádiz, Adelante Andalucía, PSOE, IU, Sumar y Podemos.
Saliendo a la calle este 27-A, básicamente, se rechaza el cierre de líneas y colegios de la red pública con la excusa de la bajada de la natalidad, “mientras se desvían cientos de millones de euros a conciertos innecesarios” con el negocio de la educación privada; “porque la privada amañada se llama concertada”.
“SUPRIMIR CONCIERTOS ES NECESARIO Y PERFECTAMENTE POSIBLE”
La escuela pública, se subraya en el manifiesto leído en esta convocatoria, “es la única que garantiza el derecho humano a la educación gratuita y universal, asegurando la plena escolarización de la población en condiciones de calidad y equidad”; “hace de la diversidad y la pluralidad un valor; respeta la libertad de conciencia, educa sin dogmas y rechaza el adoctrinamiento”; “genera cohesión social, al no excluir ni segregar; atiende a todo tipo de alumnado y promueve la inclusión de los niños con capacidades diferentes”; “es democrática las familias participan y deciden, cuenta con profesionales con compromiso y preparación que han pasado duros procesos de selección”; y “es global, no pretende que un centro sea el mejor sino coopera para que todos los centros sean mejores. Busca el éxito escolar y social de todas y todos”.
En este punto, Marea Verde repasa que desde 2019, año en el que el PP (con los votos de la derecha de Cs y la ultraderecha) accede al Gobierno de la Junta de Andalucía, los centros públicos de la comunidad autónoma “han perdido el 5,9% de sus clases, casi 2.000”, mientras que los de la red concertada “no solo no han disminuido, sino que han aumentado un 5%”. En este mismo periodo, “en Andalucía la red pública ha perdido un 10,7% de su alumnado, frente al 4,3% de los centros concertados”.
El sistema mixto que existe hoy en España, educación concertada combinado con el público, se creó en el año 1985, “dado la escasez de colegios heredados desde el franquismo, y el aumento de la población escolar”. Pero este modelo, “que no comportaba el control por el Estado de la enorme asignación presupuestaria, ni siquiera del procedimiento de contratación del profesorado, se ha demostrado, además, como generador de problemas de equidad”, se argumenta.
La situación actual “es muy diferente; la población escolar se ha reducido y la red de centros públicos ha aumentado considerablemente”; por lo que para Marea Verde, “se hace innecesario mantener unos conciertos educativos que en Andalucía han alcanzado el récord durante el curso actual de más de 1.000 millones de euros desviados de los fondos públicos para mantener estas empresas educativas privadas”. Al tiempo que el Gobierno de Moreno Bonilla “niega ese dinero para bajar la ratio, aumentar la plantilla de profesionales o adaptar los centros al cambio climático”.
Y mientras esto sucede, “se han venido cerrando líneas e incluso centros educativos públicos por toda Andalucía”. Cierres y recortes “que privan a barrios enteros de un centro próximo a los domicilios de los menores, que suponen la pérdida de un patrimonio y unos recursos que los gestores públicos deben estar obligados a conservar y mejorar”.
Aunque esta situación, precisan a su vez desde Adelante Andalucía, viene de más atrás, durante el gobierno del PSOE en la Junta, “que fue el responsable de ampliar la renovación de los conciertos de cuatro a seis años, dejó en la calle a 5.000 interinos y que construyó los mimbres políticos que el PP está siguiendo para desmantelar la educación en Andalucía”.
Para los promotores de esta marcha, “denunciar, es decir, suprimir conciertos, es necesario y perfectamente posible. Así lo ha dejado sentado el Tribunal Constitucional con su sentencia del 10 de julio de 1985”. Y es que la Constitución “establece que la enseñanza básica es obligatoria y gratuita, pero no establece que el Estado esté obligado a garantizar esa gratuidad en colegios privados”.
“LA PÚBLICA EN CÁDIZ ESTÁ EN SITUACIÓN DE ABSOLUTA EMERGENCIA”
“En toda Andalucía y en la provincia de Cádiz sufrimos esta problemática. Pero en el caso de Cádiz capital la situación ha llegado a una gravedad extrema”, se vuelve a alertar; reiterando en que aquí “es de absoluta emergencia y por ello pedimos una sensibilidad y un plan de actuación urgente. Es hora de denunciar conciertos, planificar las necesidades de cada barrio de la ciudad y una apuesta decidida por la escuela pública”.
Ante la pérdida de población y la escasez de nacimientos, en lugar de ir adecuando la oferta a la demanda, “denunciando unos conciertos que ya no tenía ningún sentido mantener”, la administración ha optado por el recorte de líneas en los colegios e institutos públicos o incluso con el cierre de ocho colegios en la capital gaditana en los últimos años; y donde en este momento coexisten 14 centros públicos y 13 concertados.
“ES DIFÍCIL DE SOSTENER QUE EXISTA UN DETERIORO EN LA PÚBLICA”, REPLICA LA JUNTA
Ante la protesta de la Marea Verde Cádiz, desde la delegación territorial de Desarrollo Educativo y FP emitían un comunicado enlatado, poco después de iniciarse la manifestación, sin aportar novedades, y repitiendo el argumentario consabido: “la educación pública andaluza dispone de la mayor inversión de la historia de la Junta en este curso escolar 23/24, con un incremento de 2.500 millones en los últimos cinco años, un 43% más que en 2018, hasta casi 8.900 millones de euros”.
“Aunque queda camino por recorrer y que en un servicio público esencial como la educación nunca son suficientes los recursos, es difícil de sostener que exista un deterioro cuando la educación pública disfruta del mayor presupuesto y de la mayor plantilla docente pública en este curso, con casi 108.000 maestros y profesores, 6.800 docentes más que en 2018, gracias a los acuerdos firmados con los sindicatos de la Mesa Sectorial”, exponen desde el Gobierno autonómico del PP en la nota remitida a DIARIO Bahía de Cádiz.
“Con 90.000 alumnos menos por la bajada de la natalidad y 6.800 docentes más gracias -se asevera siempre recurriendo a números y medias globales de toda Andalucía-, las ratios han ido bajando de forma progresiva en los últimos cinco cursos. En Infantil y Primaria casi el 44% de las aulas tiene menos de 20 alumnos, sin contar con las aulas rurales. El 93% cuenta con menos de 25 alumnos; en Secundaria, el 92% está por debajo del límite de 30 alumnos”.
Además, la derecha defiende que la inversión por alumno “se ha incrementado en la escuela pública en 1.500 euros desde 2018, hasta los 5.752 euros, y se ha elevado en un 28% para el alumnado de Necesidades Educativas, hasta los 7.290 euros por alumno”. Y entre otras cifras, se habla de “47.000 nuevas plazas creadas en la Formación Profesional pública”, y se presume de que la inversión ejecutada en infraestructuras educativas desde 2019 “se eleva hasta los 480,5 millones, un 45% más respecto al periodo 2014-2018”.
