Un matrimonio de Sevilla denuncia un presunto caso de discriminación
En cinco días pueden ocurrir muchas cosas. Por ejemplo, que un colegio privado diga que no hay plazas disponibles para escolarizar al hijo de un matrimonio, que luego admita que sí las tiene y que, al final, vuelva a negarle el acceso a ese niño. Rodrigo, que es como se llama el menor, tiene dos padres. Ricardo Lucas cree que está claro lo que ha ocurrido con su pequeño, de dos años y medio: “es un caso de discriminación por homofobia”. Han colgado su denuncia en la web actuable.es. Y la Consejería de Educación va a abrir una investigación para averiguar qué ha ocurrido.
Como cualquier otro matrimonio, Ricardo Lucas y su pareja, Iván Vallejo, se pusieron en el mes de septiembre pasado a buscar el centro educativo en el que su pequeño empezará a estudiar el próximo curso. Alguien les habló del Yago School, un nuevo y pequeño colegio ubicado en Castilleja de la Cuesta (Sevilla). El centro parecía encajar en sus preferencias, según recuerda Lucas. Era bilingüe y se presentaba en su web como un colegio laico. Entre los principios del centro figura “animar a los alumnos a cooperar con los otros, ser sensibles a las necesidades de los demás y respetar otras culturas, religiones y modos de vida”.
Escribieron un primer correo electrónico al colegio para reclamar información adicional e intentar concertar una cita. “Somos una familia homoparental”, informaban en la segunda frase del email. El colegio les contestó también por correo electrónico que no había plazas suficientes para el pequeño el próximo curso, recuerda Lucas.
Su marido telefoneó hace unos días al centro, sin identificarse, y preguntó si había vacantes. “Le dijeron que sí y concertó una cita”. Allí se presentó el jueves 16 de febrero y se reunió con la directora de admisión del Yago School. En mitad de la cita, Iván Vallejo le explicó quien era y le enseñó el correo en el que el colegio les había anunciado que no tenían sitio. “La directora le dijo que había sido un error administrativo y que sí disponían de plazas suficientes”. La sorpresa final llegó este lunes, cuando la responsable de admisión les llamó para retractarse otra vez y anunciarles que todas las vacantes estaban comprometidas ya, según la versión que ofrece Lucas. Este periódico ha intentado conocer la versión del centro. Pero sus responsables se han negado. Sí tendrán que dar explicaciones a la Inspección educativa. Jaime Mougán, delegado de la Consejería de Educación en Sevilla, ha trasladado la denuncia de los padres a la Inspección para que investigue lo ocurrido. Según Mougán, los centros privados tienen reservado el derecho de admisión, pero, como cualquier entidad, nunca podrían caer “en la discriminación”.
“Esto ya me aburre”, lamenta Lucas. “Quiero llevar una vida tranquila. ¿Pero, qué hago, me callo? No quiero que el colegio mienta con su ideario, que utilizan solo como marketing”. Lucas y su marido quieren una vida tranquila porque ya pasaron un calvario para tener a su hijo (a través de la gestación subrogada, que coloquialmente se conoce como vientre de alquiler) y para que la justicia les reconociera como los padres del pequeño.
Ricardo Lucas y Iván Vallejo con su hijo, cuando tenía seis meses. / GARCÍA CORDERO
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