Enrique Santiago asegura que Unidas Podemos seguirá trabajando desde el Gobierno para “dejar sin efecto la norma que permite la apropiación de bienes por parte de la Iglesia católica”

El portavoz parlamentario de Izquierda Unida muestra “todo nuestro apoyo” a los portavoces de la Coordinadora Estatal para la Recuperación del Patrimonio Inmatriculado por la Iglesia que se han concentrado a las puertas del Congreso e incide en que “el Estado debe tomar medidas activas de recuperación de ese patrimonio que ha sido usurpado”

El portavoz parlamentario de Izquierda Unida y portavoz adjunto de Unidas Podemos en el Congreso, Enrique Santiago, ha mostrado hoy “todo nuestro apoyo” a las asociaciones y plataformas que siguen denunciando las decenas de miles de inmatriculación llevadas a cabo por la Iglesia católica durante años y trabajan para la devolución de estos bienes.

Santiago asistió esta mañana en representación de Unidas Podemos y de IU a una concentración en el exterior del Congreso convocada por la Coordinadora Estatal para la Recuperación del Patrimonio Inmatriculado por la Iglesia. El diputado indicó tajante tanto a representantes de dicha coordinadora como a los medios de comunicación que le preguntaron que “seguiremos trabajando para dejar sin efecto la norma legal que permite esa apropiación de bienes por parte de la Iglesia católica”.

“El Estado -explicó- debe tomar medidas activas de recuperación de ese patrimonio que ha sido usurpado. Nosotros trabajamos para que se haga. Está en el acuerdo de gobierno, exigimos que se haga y constantemente recordamos que está en el acuerdo”.

Para el también secretario de Estado de la Agenda 2030 es necesario “defender el patrimonio público” y para ello “el Estado debe mostrarse activo a la hora de actuar para la recuperación de los bienes que pertenecen a toda la sociedad española y que han sido indebidamente apropiados”.

Santiago recordó uno de los ejemplos que más utilizan las asociaciones que integran la coordinadora estatal, como es el caso de la Mezquita de Córdoba, y recordó que junto a otras muchas propiedades inmatriculadas lo que realmente pasa es que “son bienes que forman parte del patrimonio cultural y que pertenecen a todos los españoles, y no tienen por qué estar sometidos a comercio ni explotación económica” de la forma en que lo están ahora por parte de la Iglesia.

El pasado mes de febrero el Gobierno remitió al Congreso un informe que incluía un amplio listado donde se constataba los efectos de la ley que aprobó el PP durante la etapa de José María Aznar al frente del Ejecutivo que abrió la puerta a la Iglesia para registrar bienes en propiedad a través de una simple certificación eclesiástica. El resultado fue que entre 1998 y 2015 se realizaron 34.961 inmatriculaciones para que estos bienes engrosaran el patrimonio de la Iglesia católica.

De esa cifra, cerca de 20.000 fincas -20.014- son templos o dependencias complementarias, mientras que casi 15.000 -14.947- resulta que son terrenos, solares o simples viviendas y locales. El Gobierno especificaba también en su informe de este año que “30.335 inmatriculaciones responden a una certificación eclesiástica y 4.626 se han inscrito bajo un título distinto”.

Preguntado por los medios por este informe, Enrique Santiago indicó que su publicación “es una medida”, aunque insistió en que lo importante sigue siendo “dejar sin efecto la norma legal que permite esa apropiación de bienes”.