Según DMD, diez personas han intentado solicitar la eutanasia en Andalucía sin éxito de momento. Madrid tampoco ha creado la comisión.
Me quedo con su nombre, que venga la semana que viene, para qué me van a dejar nada si se va a quedar en un cajón, no tenemos directrices… Son, según denuncia la asociación Derecho a Morir Dignamente (DMD), algunas respuestas dadas a personas que han intentado solicitar la eutanasia en Andalucía y que, por el momento, no han podido hacerlo. En total, la asociación tiene contabilizados unos diez casos.
“La situación es bastante desalentadora y cabreante porque las personas que intentan pedir la eutanasia, que por otra parte son muy pocas, se encuentran con que los equipos médicos no saben qué hacer. Y son personas que están sufriendo mucho, que han tomado una decisión tras una reflexión profunda y que, después de mucho pelear, tienen ese derecho”, relata Eva Camps, responsable de DMD en Málaga.
Andalucía y Madrid, ambas presididas por el PP, son las dos únicas comunidades que no han creado aún la comisión de garantía y evaluación necesaria para la puesta en marcha de la ley de eutanasia, aprobada el pasado marzo en el Congreso. El decreto que regula esa comisión debería haber estado listo antes del 25 de junio. Hasta esta semana, Extremadura, gobernada por el PSOE, también estaba en la lista de las comunidades rezagadas. Tras la aprobación del decreto este mismo miércoles, el consejero extremeño de Sanidad, José María Vergeles, afirmó que el retraso no había supuesto la vulneración de ningún derecho porque no habían recibido ninguna solicitud.
No obstante, denuncia DMD, no se puede registrar ninguna solicitud si no existe la comisión. «Si esto le estuviera pasando a alguno de sus familiares, ya estaría funcionando. Están alargando mi sufrimiento. Tengo mucho dolor, contaba con estar muerto hace dos meses”, relató esta semana Javier, un madrileño con ELA que expuso su caso en la Cadena SER.
“Andalucía fue la primera comunidad que hizo la exposición pública del decreto y está siguiendo sus trámites, ahora está en los órganos consultivos”, dijo también esta semana el consejero andaluz de Salud, Jesús Aguirre, en la rueda de prensa posterior al Consejo de Gobierno. Según explicó, a preguntas de una periodista, la Junta tiene ya elaborados los protocolos de derivación, captación e intervención. “Estamos ahora formando a todo el sistema público sanitario, sobre todo a los comités de ética, y cuando termine el trámite consultivo se aprobará el decreto donde viene ya quién forma la comisión y cómo aplicar la ley, que es de obligado cumplimiento”, añadió el consejero en clara referencia a quienes acusan a la Junta (gobernada por PP y Ciudadanos) de torpedear la ley. La razón del retraso, explican desde la Consejería de Salud, es que quieren que sea una ley “muy garantista”.
En otros sectores interpretan el alargamiento como una “dejadez ideológica”, sobre todo cuando Vox marca y pone avisos en la ruta del presidente, Juan Manuel Moreno Bonilla, quien está ahora mismo con los quebraderos de cabeza de los próximos presupuestos. Más que en Madrid –donde el entonces gobierno del PP linchó al doctor Luis Montes por el conocido como caso Leganés–, el retraso es llamativo en Andalucía, pionera en este ámbito.
La ley de muerte digna aprobada en Andalucía en 2010, la primera en España, con la hoy ministra de Hacienda, María Jesús Montero, como consejera de Salud, supuso una reacción furibunda de la Iglesia católica, que ya había obligado a otra mujer, Inmaculada Echevarría, a cambiar del centro religioso en el que estaba hospitalizada a uno público para poder ser desenchufada del respirador que la mantenía con vida. En aquella ocasión, el PP –entonces liderado por Javier Arenas– respaldó el texto andaluz en su mayoría, pero rechazó tres artículos de la norma por no ajustarse a las exigencias del partido, relacionados con la regulación de la objeción de conciencia y una composición diferente de los comités de ética.
Con la ley de eutanasia estatal, son las comunidades las que deciden la composición de los comités de garantía y evaluación, lo que podría marcar distintas velocidades en su aplicación. Antes de aprobarse la norma en el Congreso, el presidente de DMD, Javier Velasco, afirmó: “Nos preocupa que las gobernadas por la derecha boicoteen la puesta en práctica de la ley, como con el aborto. Creo que la izquierda y la mayoría social debemos ser fuertes y valientes y no ser timoratos».
Según la DMD, en Andalucía hay dos casos en los que los facultativos sí han dejado constancia de la solicitud en la historia clínica de las personas. “Y si esto no se resuelve, porque esto es una cuestión de voluntad política, habrá gente que terminará suicidándose, como ya ha ocurrido en otros lugares. Ya alguna se está planteando no aguantar más y hacerlo de otra manera. No son nadie para ningunear el dolor de estas personas”, sostiene Eva Camps.
Según denuncia, en Andalucía, además, no servirán los testamentos vitales que se registraron solicitando la eutanasia en el caso en que se regulara alguna vez. Ella lo hizo en 2008 –la ley ha llegado 13 años más tarde–, antes incluso de que se aprobara la ley autonómica de muerte digna: “Nos dicen que tenemos que rehacerlos”. Preguntada por esta cuestión, la Consejería de Salud no ha aclarado si se deberá proceder de esta manera.
