El ministro de Presidencia, encargado de las relaciones con las confesiones religiosas, anuncia se reunirán las subcomisiones para abordar “la situación de los bienes inmatriculados por la Iglesia Católica, el régimen tributario y la Obra Pía de Roma”.
Gobierno e Iglesia retomarán este mes las conversaciones para abordar el pago de impuestos como el IBI por parte de la conferencia episcopal así como la situación de los miles de bienes inmatriculados gracias a una reforma de José María Aznar. El ministro de Presidencia, Relaciones con las Cortes y Memoria Democrática, Félix Bolaños, ha anunciado que a partir de este mes, y de acuerdo con la conferencia episcopal, se reunirán las subcomisiones creadas al inicio de la legislatura para abordar las tres cuestiones clave: el proceso de recuperación por parte de sus legítimos propietarios de los 34.961 bienes inmatriculados por la Iglesia, el sistema fiscal y la Obra Pía de Roma.
Bolaños, que es el encargado de las relaciones entre el Estado y las confesiones religiosas, ha explicado en su primera comparecencia en el Congreso que la libertad de culto está garantizada en España. “El 3 de agosto me reuní con el presidente de la Conferencia Episcopal Española (CEE), el cardenal Omella. Garantizamos por completo la libertad de culto y el derecho de toda persona a profesar libremente su religión en el marco de la aconfesionalidad del Estado”, concluyó Bolaños. El Ministro de Presidencia mantiene una buena relación con el cardenal Omella desde sus conversaciones con motivo de la exhumación del dictador Francisco Franco del Valle de los Caídos, operación que pilotó el propio Bolaños como secretario general de Presidencia.
Desde que llegó a Moncloa en 2018, uno de los compromisos de Pedro Sánchez es acabar con algunos privilegios de la Iglesia, como su sistema tributario. La voluntad del Gobierno es que empiece a pagar el Impuestos sobre Bienes Inmuebles (IBI) por los lugares que son de su propiedad y que no están dedicados al culto. Los socialistas dan por hecho que la Iglesia está dispuesta a asumir ese cambio impositivo. Recientemente un juzgado dio la razón al Ayuntamiento de Barcelona para que una congregación pague el IBI -que es una tasa municipal- de un edificio que tiene alquilado a una empresa educativa.
El otro gran asunto que Bolaños tiene que abordar con la Iglesia es la situación de las decenas de miles de bienes inmuebles que puso a su nombre entre 1998 y 2015 gracias a una modificación legislativa del PP. En una primera fase, el Gobierno elaboró un listado en el que se recogen los 34.961 bienes inmuebles matriculados en ese periodo. El siguiente paso es que quienes consideren que son los legítimos propietarios puedan reclamarlos.
En las reuniones consensuadas por ambas partes, junto a estas cuestiones, Gobierno e Iglesia esperan alcanzar acuerdos -o, cuanto menos, abrir el diálogo- en materia educativa y de migraciones. La mano tendida por la nueva ministra de Educación, Pilar Alegría, ha sido aceptada por los obispos y por los responsables de Escuelas Católicas, “para mayor desazón de los grupúsculos ultracatólicos que se habían infiltrado (vía HazteOir.org) en la plataforma Más Plurales”, señala R.D.
También hay buenas perspectivas en el diálogo con el Ejecutivo en lo tocante a la acogida de menores inmigrantes y de los refugiados afganos. En este sentido, Omella y José Luis Escrivá mantuvieron alguna reunión este verano para abordar la colaboración de Cáritas y otras instituciones de Iglesia ante los dramas en la Frontera Sur y la llegada de los que han huido del régimen talibán.
Cuestión bien distinta son otras cuestiones, como el aborto o la eutanasia, donde no hay acuerdo posible, y tampoco interlocución, pues el Ejecutivo considera que la Iglesia católica no es un ente con el que haya que debatir estas cuestiones.
