El responsable del anteproyecto que reformará la anticuada norma de 1985 y que amplía la protección del patrimonio histórico asegura que la nueva propuesta no lesiona las competencias de las comunidades, aunque algunas ya hayan mostrado su rechazo y planifiquen un frente común en contra.
«Es una puesta al día de la ley de 1985. Lo que está bien para qué estropearlo», explica Javier García Fernández, secretario general de Cultura, sobre la reforma que ha hecho a su propia norma: es el autor de la Ley de Patrimonio Histórico de hace más de 35 años y del anteproyecto que este martes ha iniciado su camino parlamentario. Su autoridad es incontestable. De hecho, el catedrático emérito de Derecho Constitucional de 72 años fue repescado a finales de enero de 2020 por el entorno cultural del presidente Pedro Sánchez, después de formar parte del equipo del anterior ministro de Cultura, José Guirao, que lo cesó en octubre de 2019 del cargo de subsecretario. Su encomienda, tanto entonces como con la llegada al equipo de José Manuel Rodríguez Uribes, ha sido sacar adelante esta actualización de la Ley, que amplía la protección del patrimonio español gracias a la incorporación de nuevas categorías: patrimonio industrial, subacuático y cinematográfico y audiovisual. Además, se reformará al tiempo la Ley de Patrimonio Cultural Inmaterial que aprobó el PP en 2015 sin consenso para sacar adelante la protección de la tauromaquia. Una vez ambas se hayan aprobado por el Congreso y el Senado, el Ministerio de Cultura se encargará de fundirlas en una sola. Un proceso que se alargará mínimo un año.
Tal y como indica el alto cargo a este periódico, no es una actualización ambiciosa ni de grandes pretensiones. El 75% de la Ley de 1985 se mantiene y hay un 25% de articulado nuevo, según explica. “No queríamos tocar temas conflictivos, como la tauromaquia. No hemos cambiado nada de la aprobada en 2015 [con mayoría absoluta del PP], no queremos polémicas. El contenido es pacífico”, indica García Fernández, que espera lograr el mayor consenso en las Cámaras. Sin embargo, durante la tramitación parlamentaria la reforma será señalada por los grupos de la oposición, tanto por el crecimiento de las competencias del Estado en materia patrimonial, como por la perpetuación de los postulados del PP.
De hecho, varios responsables de patrimonio de las comunidades autónomas ya han mostrado su malestar tras el anuncio de la creación de la figura “Patrimonio Mundial”, que se aplicará únicamente a los conjuntos declarados Patrimonio Cultural de la Humanidad por la Unesco. Entienden que detrás de esta etiqueta hay un intento de injerencias en sus competencias sobre las declaraciones y la gestión de sus bienes.
¿Cuál será el nuevo papel del Estado en una gestión y competencias que son exclusivas de las comunidades autónomas? García Fernández explica en qué consiste esta nueva etiqueta: “Hasta ahora la Unesco se ponía en contacto con el Ministerio de Cultura cuando entendía que algún bien de la Lista se estaba desvirtuando. Entonces el Ministerio informaba a las comunidades de la amenaza de ser expulsado. Con esta nueva figura lo que pretendemos es que haya más coordinación en la gestión entre las comunidades y el Ministerio. El control y la gestión seguirá siento de las comunidades. El Bien Mundial sólo es un instrumento de coordinación. El régimen no cambiará pero el Ministerio estará más presente en la gestión. Para ello crearemos un órgano similar a un Consejo de Administración”, sostiene el secretario General de Cultura.
Asegura que este refuerzo de la presencia estatal en la gestión de los bienes declarados por la Unesco no conlleva obligaciones económicas al Estado ni vulnera las competencias autonómicas. ¿Le preocupa que la reforma acabe en el Tribunal Constitucional? «Que la lleven. No me preocupa, porque no hay ampliaciones de las competencias del Estado», contesta el responsable. En 2013 Javier García Fernández, sin cargos gubernamentales y dentro de los movimientos ciudadanos por la defensa del patrimonio, presentó varias alegaciones contra la reforma de la Ley de Patrimonio de Madrid del PP, que acabaron con una sentencia contra ocho de los nuevos artículos porque se entrometían en las competencias del Estado. La ley sigue sin reformarse y el PP no guarda buen recuerdo de García Fernández, que ahora podría devolverle la jugada y judicializar el trámite.
Aunque el secretario general de Cultura está convencido de que la reforma «está tan bien montada que no tiene por qué haber discrepancias», en el PP no ha tardado en mostrar su indignación. A la portavoz de los populares en la Comisión de Cultura del Congreso, Sol Cruz Guzmán, esta reforma le parece «un cachondeo». Cuenta que los diputados no tienen el anteproyecto: «Ni siquiera lo tiene el propio portavoz del PSOE. Ni han contestado a los consejeros de Cultura que la han reclamado», indica. Marc Lamuà, portavoz de Cultura del PSOE, confirma que no lo ha visto todavía. Guzmán entiende que el consenso al que aspira el secretario general de Cultura con su ley “hay que ganárselo antes de llegar al Congreso” y adelanta un frente común entre todas las Comunidades Autónomas del PP.
De hecho, las principales asociaciones de protección del patrimonio español consultadas por este periódico también muestran la misma indignación, porque es una reforma que se ha hecho a espaldas de la sociedad civil. “Evidentemente, claro que no tienen constancia de la reforma. Evidentemente, es la capacidad del Gobierno. El trámite de audiencia se dirigirá ahora a las asociaciones que decidamos preguntar. No se ha consultado con nadie. Quien legisla es el Gobierno, no las asociaciones”, explica García Fernández, que asegura que la reforma empezó a hacerse en otoño de 2018 y estaba lista a finales de 2019. Su cese, el cambio de ministros y la pandemia han retrasado esta ansiada actualización.
