La eutanasia está cada día más cerca en España. Tras más de 25 años de intentos fallidos y de debate social y político, el Congreso ha dado este jueves uno de los pasos definitivos para aprobar una ley que convierte a nuestro país en el cuarto de Europa y uno de los pocos del mundo en regular el derecho a una muerte digna. El dictamen que venía de la Comisión de Justicia ha logrado un amplio respaldo, con 198 votos a favor, 138 en contra y dos abstenciones. PP, Vox y UPN han sido los únicos partidos que han rechazado la norma, que despenaliza ayudar a morir a personas enfermas en determinadas situaciones y cuando así lo solicitan.
A la ley solo le queda el paso por el Senado para ser una realidad. Ante la negativa de Vox de incorporar este punto en la sesión ordinaria de esta semana, la Junta de Portavoces decidió convocar un pleno extraordinario y llegar a las Navidades con la norma prácticamente consumada. El texto, impulsado por el PSOE, introduce en el ordenamiento jurídico «un nuevo derecho individual», el derecho a la eutanasia, que puede solicitarse en un contexto de sufrimiento «que la persona experimenta como inaceptable y que no ha podido ser mitigado por otros medios». Se ampara así la autonomía y la libertad del paciente, razona la norma, porque «no existe un deber constitucional de imponer o tutelar la vida a toda costa y en contra de la voluntad» de la persona.
En la práctica, se trata de un marco legal que despenaliza el hecho de prestar ayuda para morir en acotadas situaciones, ya sea de forma activa, que es cuando un médico pone fin a la vida del paciente a petición de este, o en forma de ‘suicidio asistido’, que se refiere a la persona que se da muerte a sí misma con la asistencia de un médico, que le proporciona los medios necesarios y le atiende en el proceso. Deberá ser mayor de edad y sufrir una enfermedad «grave e incurable» o un «padecimiento grave, crónico e imposibilitante» que le cause «un sufrimiento físico y psíquico intolerables». Además, tiene que ser «capaz» de obrar y decidir y hacerlo de «forma autónoma, consciente e informada». Los médicos tendrán derecho a la objeción de conciencia.
Aunque los grupos ya habían mostrado sus posiciones en la Comisión de Justicia, el debate en el pleno ha vuelto a reflejar el apoyo de la mayoría de la cámara, que ha destacado el avance en derechos que supone la norma. También casi todos han dedicado su aprobación a las asociaciones, personas y familias que llevan décadas luchando para que esto ocurra, en ocasiones haciendo públicos sus casos. Desde Ramón Sampedro, que en los años 90 solicito su derecho a poner fin a su vida, hasta Luis de Marcos, Maribel Tellaetxe, Antoni Monguilod o María José Carrasco, la mujer a la que ayudó a morir su marido, Ángel Hernández.
María Luisa Carcedo, portavoz de Sanidad del PSOE e impulsora de la norma, ha celebrado que introduzca en España «un nuevo derecho civil que nos hace libres y avanzar en libertad». Una ley «absolutamente garantista», pese a que «algunos discursos que aquí oímos digan que se impone desde el Estado», mientras es «la persona y el paciente el que decide en una situación de sufrimiento extremo», ha descrito. Carcedo ha lamentado que la derecha se oponga a ella y ha recordado que «cada vez que se debate un derecho en este Parlamento, se enzarzan en batallas apocalípticas, pero pasado un tiempo, lo asumen y pasado un poco más, lo practican».
Por su parte, desde Unidas Podemos, la diputada Rosa María Medel ha tildado el pleno «de un día histórico» y ha remarcado que «la ley no implica oposición y tiene por fin garantizar el ejercicio de la autonomía personal», mientras que algunas formaciones como Bildu o ERC han lamentado también algunos puntos como el control previo que deberá seguir la solicitud del paciente al margen de los filtros médicos, que consideran que puede convertir el proceso «en un calvario». Con todo, han celebrado que el ordenamiento jurídico «esté a punto de terminar» con la «condena a las personas que padecen un sufrimiento inhumano e irreversible», en palabras de la diputada de ERC Pilar Vallugera Balañà.
El PP y Vox, que presentaron textos alternativos rechazados el pasado mes de septiembre, han esgrimido duros reproches contra el resto de grupos, a los que han acusado de aprobar la ley «con nocturnidad y alevosía», según el diputado del PP José Ignacio Echániz, que ha recibido un largo aplauso de la bancada popular tras su intervención. En su opinión, se trata de «una ley injusta, inoportuna e inconstitucional» que «no responde a una demanda social alguna salvo el del lobby de la eutanasia». El parlamentario ha insistido en pedir el desarrollo de cuidados paliativos como alternativa, que «sí dignifican la vida humana», algo que también el resto de partidos demandan, pero no como algo sustitutorio de la eutanasia.
De hecho, desde Ciudadanos, Inés Arrimadas ha reivindicado también el apoyo a una ley de cuidados paliativos, pero ha insistido en diferenciarlo como «derechos complementarios». La diputada ha destacado que «nadie pierde derechos hoy» y ha apuntado a que se trata de un modelo «garantista» que permite «respetar el derecho a poder vivir nuestras vidas o poner fin a ellas según nuestras propias convicciones». Arrimadas ha querido también dirigirse a los diputados del PP y Vox, a los que ha recordado que así como no estuvieron a favor del aborto o el matrimonio igualitario «no sorprende que hoy no estén de acuerdo».
Por su parte, la extrema derecha ha reiterado que recurrirá la norma al Tribunal Constitucional, que la diputada Lourdes Méndez ha tildado de «inhumana y despiadada». La parlamentaria ha acusado a los partidos que la apoyan de «introducir la industria de la muerte en España», comparándola con el aborto y ha augurado «consecuencias aterradoras» de aplicarse. «Es una tragedia para España y los españoles. En plena pandemia, y una semana antes de la Navidad, mientras se llora la muerte de nuestros mayores y mientras el mundo celebra la muerte del hijo de dios ustedes celebran la destrucción de nuestra cultura para sustituirla por la cultura de la muerte», ha manifestado.
La ley prevé que será una prestación pública incluida en la cartera de servicios comunes del Sistema Nacional de Salud y que podrá realizarse en centros sanitarios públicos, privados o concertados, y en el propio domicilio. En cualquier momento la persona que lo solicita puede revocar su petición y debe tener nacionalidad española, residencia legal o contar con un certificado de empadronamiento que acredite al menos 12 meses de permanencia en España. Deberá, además, pasar por varios filtros en el que al menos dos médicos diferentes deben autorizar la solicitud y una Comisión de Garantía y Evaluación hará un control previo. Todo ello con unos plazos estipulados que solo pueden acortarse si la muerte es «inminente» y tras un «procedimiento deliberativo» entre sanitario y paciente sobre su diagnóstico, posibilidades terapéuticas y resultados esperables, así como sobre posibles cuidados paliativos. Información que la ley obliga a que el solicitante reciba por escrito.
Con todo, la sociedad parece haberse adelantado ya a la política y respalda mayoritariamente la legalización de la eutanasia. Según una encuesta de 2019 de Metroscopia, la apoya el 87% de la ciudadanía y otra de IPSOS de 2018 situaba el apoyo en una cifra similar, en torno al 85%. España se convertirá con esta ley en el cuarto país europeo en permitir la eutanasia, después de Holanda, Bélgica y Luxemburgo –en Suiza se permite el suicidio asistido–. Fuera del continente existe en Canadá y en Colombia, donde es un derecho, pero no existe una ley. En varios estados de Estados Unidos existen normas sobre el suicidio asistido y también en Victoria (Australia).
