Fuentes de la Conferencia Episcopal hablan de intento de “control ideológico” de las confesiones. La vicepresidenta pilotará la Ley de Conciencia pactada con Podemos
Carmen Calvo, ‘número dos’ del Gobierno, ha asumido una nueva competencia que ha sembrado inquietud en varias confesiones, y singularmente en la Iglesia Católica: la vicepresidenta primera se ocupará del “ejercicio de la libertad religiosa”.
El Real Decreto 2/2020, publicado ayer, lunes, por el que se reestructuran los departamentos ministeriales del Ejecutivo que acaba de nombrar Pedro Sánchez, en su artículo 12, referido al Ministerio de la Presidencia, apartado 2, especifica: “Asimismo corresponde al Ministerio de la Presidencia, Relaciones con las Cortes y Memoria Democrática, la propuesta y ejecución de la política del Gobierno en materia de memoria histórica y democrática, así como del ejercicio del derecho a la libertad religiosa”.
Un primer aviso
El último párrafo de ese apartado 2, sobre la libertad religiosa, no aparecía en las atribuciones anteriores del Ministerio de la Presidencia, que ostenta Carmen Calvo. Esas competencias estaban en el Ministerio de Justicia.
Se trata de un cambio en el organigrama ministerial en absoluto menor, según destacados expertos en Derecho Público Eclesiástico consultados por Confidencial Digital.
Y en ámbitos políticos se concluye que el Gobierno de Pedro Sánchez no ha tardado ni un minuto en lanzar un primer y peligroso mensaje a las confesiones religiosas en España, incluida la Iglesia Católica.
“Un control ideológico»
La decisión de sustraer al Ministerio de Justicia las competencias en libertad religiosa y pasarlas al Ministerio de la Presidencia, Relaciones con las Cortes y Memoria Democrática, supone un proceso de “mayor control ideológico de las relaciones con las confesiones religiosas en España, también con la Iglesia católica”, según fuentes de la Conferencia Episcopal consultadas por ECD.
Aunque es cierto que las Relaciones entre la Conferencia Episcopal y el Gobierno se desarrollan, para los grandes temas, en el marco de los Acuerdos entre la Iglesia y el Estado, del cual es competente el Ministerio de Asuntos Exteriores, el día a día lo llevaba hasta ahora la Subdirección General de Relaciones con las Confesiones, adscrita al Ministerio de Justicia.
Se da la circunstancia de que este cambio en el organigrama era una reivindicación constante de la Confesión Evangélica, que pedía que el marco jurídico de relaciones del Estado se hiciera desde un organismo ministerial transversal. Reivindicación que no tuvo mucho eco en otras confesiones religiosas, que preferían permanecer en el ámbito de lo técnico jurídico y no en lo político.
La Ley de Conciencia pactada con Podemos
El cambio de competencias aprobado ahora implica, entre otras consecuencias, que la propuesta Ley de Conciencia, firmada por el PSOE y Podemos en su texto programático, la redactará el equipo de la Vicepresidenta Carmen Calvo, lo que provoca mucha preocupación sobre su contenido. La inquietud se acentúa debido a que uno de los objetivos del llamado “Gobierno de progreso”, pactado entre Pedro Sánchez y Pablo Iglesias, es la aprobación de una ley de eutanasia. Una normativa que, igual que ocurrió con el aborto, planteará a buena parte de la profesión médica acogerse al derecho a la objeción de conciencia.
Choques de Calvo con la Iglesia
Otro elemento de inquietud se centra en las cuentas pendientes de la vicepresidenta con algunas confesiones, y singularmente con la Iglesia Católica. Por ejemplo, en la polémica por la exhumación de Franco, Carmen Calvo no se caracterizó por ser una persona dialogante.
Y se recuerda que el Vaticano tuvo que rectificarle públicamente en un comunicado, después de que la vicepresidenta se reuniera en Roma con el cardenal Secretario de Estado, Pietro Parolin, e hiciera unas declaraciones que no se correspondían con la realidad de lo acordado.
Registro de Entidades Religiosas
La nueva atribución asumida por el Ministerio de la Presidencia plantea, según los expertos, varios problemas más en la relación ordinaria con las confesiones religiosas.
El primero, y no menor, es el futuro del Registro de Entidades Religiosas. Si se mantiene en Justicia, supondría que pasaría a depender de la Dirección General de Registros y Notariado. Y eso significaría que la Subdirección General también se adscribiría a la Dirección General de Registros y Notariado.
Este supuesto implica que se agudizará la dimensión ideológica del tratamiento de la cuestión religiosa en España en detrimento de la técnica.
Criterios políticos
El tratamiento del derecho a la libertad religiosa dependiente, dentro del Ministerio de la Presidencia, de la indefinida e ideológica Secretaría de Estado de Memoria Democrática, colocaría a las confesiones religiosas en una especie de limbo arbitrario donde van a imponerse los criterios de carácter político.
No hay que olvidar que la Subdirección General de Relaciones con las Confesiones, creada por el Real Decreto 1213/2010, era hasta entonces una Dirección General. Un organismo en constante proceso de degradación técnica.
Habrá que esperar al Real Decreto que desarrolle las competencia de cada Ministerio para saber cómo el Gobierno de Sánchez ha diseñado un mayor control ideológico a las confesiones religiosas en España.
