Efectivamente, el sexenio que concluye se ha caracterizado por desafiar la historia de separación entre la Iglesia y el Estado, considerada por la historiografía oficial una conquista histórica. Más que políticas de gobierno estamos ante gestos incitantes y retadores arrebatos religiosos que han desconcertado a una clase política habituada, hasta hace poco, a la liturgia secular como lugar común de hipocresía oficial. Sin embargo, a pesar de toda esta teatralidad religiosa y mediática, el gobierno de Fox no avanzó en iniciativas que trastocaran estructuralmente el carácter laico del Estado, incluso incumplió las generosas ofertas de campaña electoral prodigadas, en el llamado Decálogo, de mayo de 2000, que presentó ante los obispos de todo el país prometiendo introducir reformas a la educación, medidas para defender la vida y acercar la posesión de medios de comunicación electrónicos a la jerarquía.
La laicidad es una dimensión propia del Estado moderno mexicano, es fruto de un complejo proceso histórico que si bien ha estado marcado con particularidades anticlericales y excesos, es necesario reconocer que ha permitido una convivencia pacífica entre los mexicanos. Ante todo, Benito Juárez estableció la formal separación entre el Estado y la Iglesia, por ello la laicidad se asienta en la independencia del hombre, de la sociedad, y especialmente la del Estado, de toda influencia religiosa y eclesiástica; en otras palabras, el Estado no necesita de la legitimidad divina para ejercer su soberanía como tampoco las iglesias necesitan del apoyo gubernamental para poder desplegar su misión. La legitimidad del Estado proviene de la voluntad de los ciudadanos por medio de diferentes formas de representación y de participación popular, como puede ser el voto. La laicidad no debe estar contra las creencias, se sitúa más allá de la religión y de las iglesias, porque se sustenta en una sociedad pluralista y en la libertad de conciencia. El Estado que se reconoce laico no se arroga autoridad ninguna sobre cuestiones religiosas y fomenta la libertad religiosa, así como la tolerancia y el respeto por las minorías.
Sin embargo, ¿por qué existe una sensación en este final de sexenio de que la condición laica debe discutirse y reanalizarse a fondo? En sectores liberales hay un malestar de que el laicismo histórico se está desdibujando, no sólo está amenazado, sino tentado por una reconfesionalización de las más importantes instituciones del Estado, como pueden ser la escuela, la familia, los medios. Frente a la crisis cultural y política que vivimos y, sobre todo, ante los reflujos de la secularización, la religión puede erigirse nuevamente en portadora de nuevas legitimidades y agregación social. El hecho de que políticos y partidos, aun los más anticlericales, recurran al alto clero católico como referente obligatorio resulta preocupante. Por otra parte, entre los sectores confesionales, incluso creyentes no católicos, reivindican la laicidad del Estado como garante de la más absoluta libertad religiosa, que incluya la libertad de expresar y expresarse religiosamente de los más altos funcionarios públicos.
Estamos, pues, ante dos nostalgias que se tocan: la católica, añorante de sus privilegios y fueros, y el laicismo combativo, militante y anticlerical que se ha reactivado con reciedumbre en los últimos años. Este afirma el carácter laicista del Estado como instrumento para completar a fondo la secularización de la sociedad para que quede liberada de viejos dogmas. Estamos ante una profunda herida abierta que aún no ha cicatrizado y las provocaciones atrevidas del foxismo han quebrantado los esquemas simplistas de nuestra historia oficialista.
Los temas centrales de la discusión contemporánea sobre la laicidad ya no son sólo la legitimidad ni la soberanía, cuestiones centrales a mediados del siglo XIX. En cambio, los interrogantes centrales para discutir la laicidad del Estado hoy son la libertad, la pluralidad, la tolerancia y el respeto a las minorías. En una palabra: el carácter democrático de la sociedad. Es insuficiente reivindicar el carácter aconfesional del Estado para determinar su laicidad, es necesario que sea garante de la pluralidad y del ejercicio de las libertades de credo, de orientación política y de convicciones personales; que sea protector de las minorías frente a la amenaza, a veces ilegítima, de las mayorías.
En este sentido me impresionó un importante posicionamiento de Gilberto Rincón Gallardo, quien expresaba: "Necesitamos reconstruir el Estado laico para que sea capaz de convertir esta pluralidad en riqueza social y no en fragmentación y enfrentamientos. Esta pluralidad política, cultural y religiosa debe acompañarse de un marco definido de convivencia y bienestar común a los diferentes grupos, asociaciones o religiones que componen el mosaico plural de creencias en nuestro país. La fórmula para la convivencia de la pluralidad es el laicismo. Sabemos que el laicismo es el recurso que el mundo moderno encontró, y que el Estado mexicano retomó como principio, para evitar tanto la crispación en las relaciones entre el Estado y la religión, y para impedir que las divisiones de creencias religiosas fracturaran de forma irremediable a la comunidad política". Creemos posible abrir un amplio debate sobre la laicidad en México.
