Esta primera semana de julio de 2019, se ha iniciado —a decir de los medios de comunicación— la repartición de la cartilla moral, casa por casa, en las poblaciones de México. Un documento que la nueva administración pública federal propone con la finalidad de inculcar en la población una serie de lineamientos básicos y elementales (no jurídicos) que permitan una mejor convivencia en sociedad. Ello a causa del índice tan elevado de rispidez que existe y que, en parte, provoca ese clima de inseguridad y de violencia permanente.
El buen propósito es latente, pero el problema es muy grave: es de forma y de fondo. De forma, porque hay una violación palpable al Estado laico previsto como uno de los ejes del Estado Constitucional democrático de derecho. Ese documento es repartido por la iglesia evangélica, que, desde luego, no es la religión más popular en México ni es parte de la tradición o cultura nacional. Por ello, que los órganos gubernamentales hayan permitido o escogido, seleccionado o acudido con ella para dicha labor es, de suyo, una violación grave al Estado de derecho laico, representativo y democrático. Esa repartición se pudo haber realizado con empresas dedicadas al servicios de mensajería, con el propio servicio postal mexicano o, bien, acudiendo a la innumerable cantidad de personas jóvenes a las que se les está dando un apoyo económico en la actualidad; pero no a través de una organización religiosa, llámese evangélica o como sea. Otro problema de forma es el diseño bastante pobre, además de una cantidad excesiva de ideas en pocos renglones; el uso de un lenguaje complejo que impide conocer perfectamente el contenido, sobre todo, en un país donde poco se lee.
En cuanto a los problemas de fondo, está el contenido de esa cartilla moral, en primer término, porque debió ser elaborado a través de una convocatoria nacional de escuelas, universidades, padres de familia, profesionales, asociaciones civiles, fundaciones, asociaciones religiosas, etc, en vez de ser un contenido impuesto y dictado por alguien; lo cual no es ejemplo de democracia representativa ni, menos aún, participativa.
El contenido de la cartilla moral se presta a muchas interpretaciones y corre el alto riesgo de causar mayores problemas que los beneficios que busca provocar o, bien, de justificar y legitimar cambios en las leyes nada democráticas. Basta un par de ejemplos y se cita la cartilla: “el respeto a la ley […]. Las sanciones contra las violaciones respectivas ya no se dejan a la mera opinión pública. Son verdaderos castigos: indemnización, multa, destitución, destierro, prisión, trabajos forzados, pena de muerte, según las leyes de cada país y la gravedad del acto violatorio”.
¿Pena de muerte? Si esta se encuentra prohibida por la Constitución y los tratados internacionales que ha firmado México. ¿Se querrá imponer o, por lo menos, agudizar los castigos? Por lo pronto, ya se presentó en esta nueva administración pública federal una reforma al artículo 19º de la constitución para incorporar más delitos que requieren prisión preventiva. Además, el Congreso está repleto de iniciativas de ley para aumentar las sanciones y crear más delitos, que, de entrada, se visualizan como una forma de criminalizar a la población.
Además, ¿quién determina la gravedad del acto violatorio de la ley? Se está despenalizando el aborto, se prohíbe y castigan las peleas de gallos, pero no sucede nada con los desplazamientos forzosos, con la depredación al medio ambiente, con la importación excesiva de productos que ha reventado la economía nacional.
En otra parte, de esa cartilla moral, gratuita y repartida por una sola asociación religiosa, sostiene: “Para que el Estado pueda operar y proporcionar servicios públicos a la comunidad, necesita la contribución de todos. Estos son los impuestos y los derechos que pagamos, proporcionalmente, a las exigencias de cada uno. Rehuirlos o intentar el engaño, además de delito, es romper la solidaridad social”.
¿Pagamos proporcionalmente los impuestos?, ¿acaso alguien se ha dado cuenta de la lamentable legislación tributaria?, ¿no se han percatado de que vivimos en un sistema fiscal inverso?, ¿nadie ha observado que es necesario calibrar la tasa del Impuesto al valor agregado?, ¿no se ha analizado que los impuestos para proteger el derecho a la salud y a la alimentación sana solamente son recaudatorios?, ¿que las grandes empresas transnacionales, los bancos y, en general, las instituciones del sistema financiero son los que menos contribuciones causan?, ¿que el sistema procedimental fiscal persigue al contribuyente de a pie, pero nunca a los grandes consorcios?
Moralizar es algo muy complejo para un gobierno en sus primeros meses en el cargo; moralizar no puede ser decisión de quien ostenta el poder ni, menos aún, decisión en manos de una asociación religiosa. La historia lo confirma. Las primeras medidas de los sistemas gubernamentales radicales del siglo XX en Europa fueron imponer una moral pública a su población; al final provocaron grandes genocidios y politicidios, sean de políticas públicas de izquierda (stalinismo) o derecha (nazismo), da lo mismo; generaron muertes: los genocidios armenio o judio, evidentemente, se debe trabajar en esa moralización; no puede haber exclusión, pues la propia Constitución sostiene que unos de sus principios es que el Estado debe ser participativo y demócrata, incluso para moralizar; pues, de lo contrario, sólo se trataría de mera evangelización y de una asociación religiosa en particular.
Silvino Vergara
