El juez obliga al Consell a pagar los másteres no habilitantes tras estimar el recurso de un alumno de la Universidad Católica
La Sección Quinta de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana (TSJCV) ha establecido en una sentencia que las becas concedidas a los alumnos de másteres impartidos por universidades privadas que no habiliten para el ejercicio de una profesión han de cubrir la totalidad del coste de la primera matrícula conforme a los precios públicos fijados por crédito.
De esta forma, el alto tribunal valenciano ha estimado así parcialmente el recurso de un estudiante de la Universidad Católica de Valencia San Vicente Mártir (UCV) contra las resoluciones que limitaban la compensación económica de la Generalitat a los beneficiarios de dichas becas en lo relativo a la parte no financiada con cargo a los Presupuestos Generales del Estado para el curso 2014-2015.
El estudiante fue becado por el Ministerio de Educación con 978,60 euros (16,31 euros) para cursar en la citada universidad privada un máster de gestión administrativa. La matrícula del máster, que no habilita para el ejercicio profesional, tenía un coste total de 1.900,20 euros, por lo que el becario solicitó a la Generalitat que asumiera el importe restante: 921,60 euros.
La Dirección General de Universidad, Investigación y Ciencia de la Conselleria de Educación, en una resolución dictada el 9 de diciembre de 2015, acordó concederle únicamente una compensación de 77,40 euros. Esa decisión, que fue confirmada en febrero de 2016 por la Secretaría Autonómica de Educación e Investigación, fijaba un límite de gasto para la Generalitat derivado del nivel de experimentalidad (conjunto de prácticas) que la conselleria reconocía al máster.
Sin embargo, la sala del TSJCV ha anulado ahora las resoluciones de la Conselleria de Educación al entender que contradicen tanto la normativa estatal como lo establecido por decreto por la propia Generalitat, que estableció en su día para los másteres no habilitantes de profesión en el curso 2014-15 un precio único por crédito de 46,20 euros por gastos de primera matrícula, «sin ninguna mención o referencia a niveles de experimentalidad».
Según se recoge en la sentencia, distribuida ayer por el TSJCV, explica que la Generalitat ha de abonar la diferencia entre el coste sufragado por el Ministerio de Educación y el importe total de la primera matrícula «para que el becario no tenga que realizar ninguna aportación con relación al mínimo fijado por la comunidad autónoma, salvaguardando y preservando la gratuidad de la matriculación».
Por todo ello, la sala acuerda condenar a la Conselleria de Educación a abonar al estudiante la cuantía de 844,20 euros, adicionales a los 77,40 euros que ya le fueron reconocidos, hasta sumar la cantidad de 921,60 euros, que es el total de la beca a cargo de la parte demandada, más los intereses legales a contar desde la fecha de notificación de la sentencia, todo ello sin hacer imposición en cuanto al pago de las costas procesales causadas de acuerdo con el fundamento de derecho sexto de la presente resolución.
Por último, el tribunal no cree necesario abordar la alegación del recurso relativa a una supuesta discriminación entre los alumnos de universidades privadas respecto a los de las universidades públicas, una vez reconocido el derecho del demandante a percibir de la administración autonómica la compensación económica reclamada.
