La “demanda social” como criterio rector de oferta educativa, que el Gobierno quiere quitar de la Lomce, estrecha el margen para limitar el avance de la red católica
“Vuelve la dictadura totalitaria”, afirma el arzobispo de Oviedo, pese a que el Estado dedica 6.000 millones a la red concertada, que copa una cuarta parte del alumnado
Escuelas Católicas justifica su contundente reacción en que “el PSOE de ahora no es el de 1985 o 2006”
“Vuelve la dictadura totalitaria“, ha clamado el arzobispo de Oviedo, Jesús Sanz. “Con su habitual liberticidio intervienen nuestra libertad. Tienen miedo de la verdad que nos hace libres de veras, y por eso la quieren controlar, expulsando a los padres de la educación de sus hijos e imponiendo ellos una ética de Estado”. Las apocalípticas manifestaciones invitarían a pensar que el nuevo Gobierno de Pedro Sánchez (PSOE) ha decidido acabar de sopetón con la escuela concertada, católica en más del 60% y a la que el Estado dedica más de 6.000 millones de euros anuales. Pero no. Ni mucho menos tiene previsto ir tan lejos. La ministra de Educación, Isabel Celaá, se ha limitado a anunciar, tras declarar que la concertada no tiene “nada que temer”, que eliminará la asignación de plazas en razón de la llamada “demanda social” recogida en la Lomce. La Plataforma Concertada, que agrupa a las organizaciones CECE, Cofapa y Escuelas Católicas, ha puesto el grito en el cielo. Y hasta la Conferencia Episcopal ha emitido una nota expresando su “profunda preocupación” e invocando la “libertad” de los padres.
¿Están justificadas las suspicacias? La respuesta sólo puede ser afirmativa con la lógica de la defensa de un marco actual privilegiado, pero no porque exista una amenaza al modelo de doble red. La concertada no depende de la Lomce. Ya era sólida antes. Lo que hace es estrechar aún más los márgenes para que gobiernos progresistas intenten limitar su ascenso. “Las familias son las primeras responsables de la educación de sus hijos y por ello el sistema educativo tiene que contar con la familia y confiar en sus decisiones”, señala la ley. Es decir, lo que hace la Ley Wert es consagrar legalmente la interpretación constitucional sobre la pugna entre derecho a la educación y libertad de elección más favorable a la Iglesia, que ya disponía desde antes de un paraíso para el desarrollo de su propia red. Una red generosamente financiada por el Estado.
… … …
Seguir leyendo en InfoLibre
