La Junta de Andalucía ha rechazado reaccionar ante las demandas de la plataforma ciudadana que reclama la titularidad pública de la Mezquita de Córdoba desde 2014. A pesar del respaldo de 400.000 ciudadanos que han firmado a favor de que el monumento omeya sea público y los 10 informes, solicitudes y documentos presentados ante el Gobierno andaluz, que demuestran el intento de hacer desaparecer la huella andalusí por parte del Obispado, el Ejecutivo autonómico permanece pasivo.
“Esa actitud [de la Junta] no se compadece con la Ley de Transparencia”, ha denunciado el Defensor del Pueblo Andaluz, Jesús Maeztu, sobre el silencio administrativo de la Junta. Maeztu se ha reunido esta semana con la plataforma ciudadana que reclama desacralizar la mezquita y una gestión profesional.
La Unesco declaró el monumento Patrimonio de la Humanidad, es decir, de todos, pero hoy se disputan su titularidad la Jerarquía eclesiástica, que la puso a su nombre en 2006, y aquellos que quieren que vuelva a ser pública —aunque sus usos católicos se mantengan—, entre ellos 400.000 ciudadanos firmantes del manifiesto.
Maeztu reclamará a la Consejería de Cultura, responsable de la vigilancia del patrimonio histórico, que responda al colectivo, ignorado casi un lustro por la Administración. El portavoz de la plataforma, Miguel Santiago, entregó el informe sobre el “uso abusivo y desnaturalización de la Mezquita Catedral”, que destaca las “anomalías” en la gestión del tesoro omeya por parte de la Iglesia.
La denuncia de la plataforma es clara: “En su afán por mutilar la identidad árabe del edificio e imponer una visión excluyente católica, el Obispado ha invadido el muro de la Quibla, el más importante del conjunto monumental, de elementos ajenos que distorsionan su narración arquitectónica. Asimismo, colapsa el mundialmente famoso bosque de columnas de exposiciones y muestras continuas sin criterio museístico coherente, que impiden al visitante disfrutar de la belleza de un espacio único”.
La plataforma Mezquita Catedral, Patrimonio de Todos defiende la creación de un órgano compartido con la Administración que regule el uso cultural del monumento y defina un criterio científico de gestión para evitar “las arbitrariedades” del Obispado, informa en un comunicado. Maeztu ve “razonables” las peticiones del colectivo y así se lo transmitirá al consejero de Cultura. Este diario ha intentado sin éxito recabar la postura de la Consejería de Cultura andaluza.
En su denuncia sobre las actuaciones del Obispado, la plataforma informa: “La última de las iniciativas del Obispado en este sentido ha sido su intención de trasladar las taquillas de la Mezquita Catedral al Palacio Episcopal con el objetivo de escenificar su supuesta propiedad sobre él e integrarlo en un circuito de interpretación confesional católica”. La Iglesia ingresa cada año casi 15 millones por la explotación comercial del edificio, según el colectivo, que critica que no declare ante Hacienda o publique dicho lucro.
Finalmente, la Plataforma Mezquita Catedral ha transmitido al Defensor su preocupación por la nula transparencia económica en las cuentas del conjunto monumental. El Cabildo ingresa anualmente casi 15 millones de euros por la explotación comercial del edificio, que no declara ni publica como es preceptivo para cualquier ciudadano, empresa o institución de este país.
