Los obispos han vuelto a cargar contra la ley LGTBI que se tramita en el Congreso. Así, la norma, cuya toma en consideración fue aprobada por la Cámara el pasado mes de septiembre con la abstención del PP, es para los obispos “una propuesta fundamentalista” con “visos ciertamente inquisitoriales” que “llega a instaurar una verdadera censura”.
Durante la rueda de prensa posterior a la celebración de la Asamblea Plenaria, el portavoz de la Conferencia Episcopal, José María Gil Tamayo, denunció que la propuesta “presenta graves dificultades, y un ataque frontal a una serie de derechos fundamentales, so capa de la protección de minorías, que merecen todo el respeto”. “No puede convertirse en una asfixia de la libertad y pone en peligro seriamente todos los bienes que nos trae la convivencia en democracia y libertad”, añadió el portavoz.
Citando un informe presentado por el obispo de Bilbao y responsable de Familia y Vida de la Conferencia Episcopal, Mario Iceta, el portavoz de la CEE habló de “imposición” que “pretende excluir e impedir otras visiones acerca del ser humano”. Así, según los obispos, “se coartan libertades fundamentales como la libertad religiosa ideológica, libertad de expresión, de presnsa, de cátedra, etc…. Llega a instaurar una verdadera censura; se trata, en definitiva, de una propuesta fundamentalista”.
Gil Tamayo llegó a hablar de “destrucción de libros, incluso en las bibliotecas, que vayan contra la ideología de género” para justificar su visión de “una ley inquisitorial”. “En la ley hay un pensamiento único impuesto a todos, excluyendo los otros. Por eso puede ser considerada una ley totalitaria, porque va desde la escuela a los medios de comunicación, no se da lugar a la libertad de pensamiento”, añadió. “Aquí nadie se va a poder mover, si no es para apoyar la ideología de género”, concluyó.
No es la primera vez que los obispos se pronuncian sobre el tema. A finales de septiembre la Comisión Permanente de la Conferencia Episcopal Española trató el tema durante su reunión en Madrid para concluir que el proyecto y el resto de normas autonómicas contra la LGTBIfobia, “conculcan derechos fundamentales de la persona”.
