La jornada católica se va a financiar con 25 millones de euros de dinero público en un momento en el que las administraciones hacen gala de austeridad. El Ayuntamiento de Toledo se muestra muy generoso con una parte de la ciudadanía. Sin embargo, parece lo más lógico que la organización que promueve los actos corra con la financiación de los mismos con sus propios recursos.
La visita del papa y la jornada de la juventud católica que se celebrarán en Madrid se han planteado como una visita donde el cabeza de la iglesia católica será tratado en España, constitucionalmente aconfesional, como jefe religioso y jefe de Estado, recibido por el Rey y agasajado por el Presidente del Gobierno. Los eventos van a costar en torno a 50 millones de euros, de los cuales al menos la mitad podrían ser fondos públicos. El resto serán aportaciones de empresas patrocinadoras que, al haberse declarado “acontecimiento de excepcional interés publico” en la Ley de Presupuestos Generales del Estado, se desgravarán hasta el 80%, es decir, escatimarán el pago de impuestos lo más que puedan, lo cual, por definición, perjudica al conjunto de la ciudadanía y del país.
Previamente a la celebración de Madrid, en Toledo se prevé la presencia de varios miles de visitantes a los que el Alcalde de la ciudad ha ofrecido las instalaciones públicas para alojamiento, tendrán acceso gratuito a los museos de la ciudad y generarán unos gastos al erario público de los que todavía no se conoce ni siquiera la cantidad.
Ya anteriormente, Alternativa Laica ha reclamado al Ayuntamiento y al resto de administraciones públicas una actitud responsable con respecto a la financiación de los actos religiosos a costa de los presupuestos públicos.
Por toda respuesta, desde el Ayuntamiento solo se ha podido argumentar que en Toledo se recibe bien a todo el mundo con independencia de sus creencias. No faltaba más y no podía ser de otra manera. Aunque parece que es, precisamente, por las creencias por lo que el Ayuntamiento y otras administraciones se embarcan en la financiación de un evento religioso. En lo que a los ciudadanos nos interesa, que no son las creencias sino la solvencia de las instituciones democráticas, nada se ha dicho todavía de lo que va a costarnos a todos la generosidad del Alcalde, del Ayuntamiento y de otras administraciones.
La apertura de centros e instalaciones públicas, el montaje de carpas, la gratuidad de las entradas de los museos, etc, tienen un coste que aún no se ha explicado. Quizá porque la única explicación posible es la demagogia habitual a la que los ciudadanos queremos desacostumbrarnos.
Los poderes públicos, que tanta gala hacen en estos momentos, de austeridad y equilibrios no reparan en gastos para el montaje de un acto religioso que debería correr íntegramente a cargo de quien lo convoca y de sus fieles. Las Administraciones, que están obligadas por el principio de neutralidad en materia religiosa, se extralimitan en su colaboración con las confesiones religiosas, a quienes deberían animar a ser autosuficientes y no una carga para el erario común de todos.
Como argumento principal, desde el Ayuntamiento y otras administraciones, se apela a los beneficios que tantos visitantes van a producir para la ciudad. Desconocemos quienes van a ser los supuestos beneficiarios, pero en todo caso, deberían ser ellos los que hicieran las inversiones de las que supuestamente se van a beneficiar y no el presupuesto público. Sin embargo, dudamos mucho de que estos beneficios vayan a existir.
Desde Alternativa Laica consideramos que toda organización puede promover las reuniones y eventos que considere necesario y oportuno. Consideramos que la iglesia puede organizar su jornada católica y todas las que quiera. Pero también, que debe sufragar los gastos que la misma genere. Hay que hacer notar que no estamos hablando de una pequeña organización de bajo presupuesto, sino de una gran estructura propietaria de infinidad de inmuebles, con ingresos importantes y, por tanto, con dinero más que suficiente para afrontar los gastos que acarreen sus actividades.
Además, y por otra parte, están previstos una serie de actos institucionales de recepción y despedida en los que, una vez más, se confunde la participación de las instituciones democráticas, que, en vez de mantener la neutralidad debida, forman parte inherente de los festejos religiosos. Los argumentos esgrimidos son los de siempre: la colaboración con la iglesia, los beneficios para la ciudad, la importancia del evento, la mayoría de creyentes.
Según los últimos datos del CIS, tan solo el 56% de los jóvenes españoles se declara católico. El 40% de esos mismos jóvenes dice ser no creyente o ateo. Las costumbres sociales dejan de lado los cánones religiosos: las bodas civiles superan en número a las religiosas, aumentan las ceremonias civiles de nacimientos y de defunciones. La sociedad ya no se rige por patrones religiosos, normalmente impuestos, característicos de otras épocas en las que todos eran católicos quisieran o no. En una sociedad cada vez más secularizada, en la que casi un tercio de la población ya no se siente en la obligación de decir que son católicos, sobre todo los jóvenes, no es entendible que los cargos institucionales que hemos elegido todos y a todos nos representan, estén permanentemente al lado de la jerarquía católica sin que se pueda saber donde acaban unos y empiezan otros.
Desde Alternativa Laica nos parece obligado hacer un llamamiento a los poderes públicos para que se comporten de forma responsable ante determinados eventos dirigidos a promover una fe religiosa con ayuda de los fondos públicos de un Estado que debe mantener la debida neutralidad en materia religiosa. Deben instar a la iglesia a hacerse cargo de los gastos que genere su evento, a utilizar sus múltiples instalaciones y no las públicas y a ser económicamente viable y no una carga para el erario público.
Por otro lado, se están produciendo por parte de las distintas administraciones actos de discrecionalidad injustificada, como la rebaja en los precios de los abonos de transporte, la gratuidad en las entradas a los museos que ya hemos mencionado, o la prohibición de manifestaciones de grupos y colectivos laicos. Los poderes públicos no deberían ni favorecer a unos por su participación en un evento religioso, ni discriminar a quienes tenemos el mismo derecho que cualquiera otra persona o colectivo a manifestar nuestras opiniones, a favor o en contra de lo que consideremos necesario opinar.
Las Administraciones deben asegurar que los eventos religiosos puedan celebrarse en libertad pero no mezclarse con ellos ni ser parte fundamental de su organización ni convertirse en jueces de las manifestaciones de libertad de expresión de los distintos colectivos del país. Los poderes públicos deben distinguir, y hacer que los ciudadanos distingan, entre colaboración con las organizaciones religiosas y subordinación a éstas.
Alternativa Laica
Agosto 2011
