Un estudio realizado en EE UU indica que las restricciones se traducen en casi 10.000 ligaduras de trompas menos al año en todo el país
En 1968 el Papa Pablo VI publicó una encíclica en la que arremetía contra el aborto, el uso de anticonceptivos y las relaciones sexuales sin fines reproductivos. Desde entonces la iglesia católica ha estado cerrada a la aplicación de cualquier intervención que pudiera limitar la concepción humana. Esta actitud ha tenido importantes repercusiones en la salud de las mujeres en todo el mundo, incluso sigue teniendo impacto en países occidentales de tradición católica, como España o Italia. Ahora, un estudio publicado en el National Bureau of Economic Research muestra que la creciente influencia de los hospitales católicos también está empezando a afectar a las mujeres de EEUU.
El país norteamericano es un campo de estudio más reciente sobre el efecto de la red hospitalaria católica al haberse expandido mucho en los últimos años: el número de centros ha crecido un 22% en los últimos 15 años. Los autores del informe aseguran que encontraron «reducciones estadísticamente significativas en múltiples procedimientos definidos como prohibidos por las pautas religiosas de la Conferencia de Obispos Católicos de EEUU» y señalan que «lo más preocupante son las grandes reducciones en el número de ligaduras de trompas realizadas en los hospitales de propiedad católica».
Según las estimaciones realizadas por los investigadores, «los hospitales católicos reducen en un 30% las tasas anuales de abortos hospitalarios por cama y en un 31% las ligaduras de trompas o las esterilizaciones». Una disminución que supone que en el país se hagan casi 10.000 ligaduras de trompas menos cada año, «lo que en sí mismo impone un costo sustancial para las mujeres y sus parejas, que deben depender de otras formas de anticoncepción menos eficaces y más incómodas», aseguran los autores del estudio.
Mujeres negras y con pocos recursos, las más afectadas
Los investigadores señalan que las restricciones católicas afectan a los grupos raciales de manera desigual, siendo las mujeres negras e hispanas las más afectadas. «Las mujeres de color y las que no tienen educación universitaria tienen más probabilidades de depender de la esterilización anticonceptiva para el control de la natalidad», afirman los investigadores. Además, destacan «el caso de personas de bajos ingresos, que carecen del tiempo o recursos necesarios para viajar a otro proveedor en otro área de servicio».
Estudios anteriores ya habían mostrado que el no ofrecer tratamientos anticonceptivos termina resultado en un embarazo no planificado y que casi la mitad de las mujeres a las que se les negó la posibilidad de realizarse una intervención de esterilización se quedaron embarazadas en un plazo de un año.
En este sentido, la Organización Mundial de la Salud señala que «la tasa de abortos peligrosos es más alta cuando el acceso a métodos anticonceptivos eficaces y a servicios de aborto seguro es limitado o inexistente» y que «las mujeres pobres tienen más probabilidades de someterse a un aborto peligroso que las mujeres más acomodadas».
Según los datos de agencia Fides, en el mundo hay 5.158 hospitales católicos, de los que 1.501 se encuentran en America y 1.221 en África. Actualmente, estos hospitales representan el 14,5% de todos los centros sanitarios de EEUU y poseen una de cada seis camas de hospital disponibles. Sin embargo, en algunos estados los proveedores católicos tienen una presencia dominante en el mercado y en cinco de ellos (Alaska, Iowa, Washington, Wisconsin y Dakota del Sur), son responsables de más del 40% de las camas hospitalarias. «En total, 10 de los 25 sistemas de atención médica más grandes del país son católicos», indican los investigadores.
Riesgo para la vida de las mujeres
Este tipo de centros han estado envueltos en varias polémicas durante los últimos años y los investigadores destacan el caso del Trinity Health, considerado el segundo sistema de salud católico más grande del país, con 86 hospitales en 21 estados. En octubre de 2015, la Unión Americana de Libertades Civiles demandó a esta corporación por no realizar abortos, incluso en los casos que se consideraba médicamente necesario para proteger la salud de la madre.
Además de esta demanda, que fue desestimada el pasado año, esta asociación también ha llevado ante la justicia el caso de varias mujeres que han sufrido secuelas por no recibir un aborto cuando estaba medicamento indicado, ya que las directivas de los obispos estadounidenses prohíben a los médicos que trabajan en hospitales católicos realizar o proporcionar información sobre el aborto, incluso cuando la salud o la vida de la mujer está en riesgo, como sucede en los embarazos ectópicos.
«Es un sinsentido prohibir el aborto en situaciones de riesgo como los embarazos ectópicos, porque no estamos interrumpiendo algo que sea viable, sino haciendo una intervención médica para evitar una complicación grave para la mujer», explica a eldiario.es el portavoz de las Sociedad Española de Contracepción y ginecólogo del Hospital Universitario de Burgos, Modesto Rey.
«Entiendo que es imposible separar las creencias de las prácticas médicas, pero lo que pido es que no se contaminen los conocimientos científicos con creencias personales, ya sean religiosos o no, ya que muchos de estos posicionamientos no tienen fundamento científico y suponen un atentado contra la salud de las mujeres», concluye este especialista.
Los casos de estas mujeres recuerdan al de la mujer española que tuvo que viajar 500 kilómetros porque la sanidad gallega se negó a practicarle un aborto o a la de la ciudadana italiana que tuvo que recorrer 23 hospitales para abortar. En ambos países, diversos colectivos han denunciado en repetidas ocasiones las dificultades que tienen las mujeres para acceder al aborto y a los anticonceptivos, por motivos de objeción de conciencia.
Falta de regulación de la objeción en España
La objeción de conciencia en el ámbito sanitario sigue sin estar regulada en nuestro país y varios informes denuncian la aplicación «casi nula» de la Estrategia Nacional de Salud Sexual y Reproductiva, a pesar de que el informe sobre esta cuestión publicado por el Ministerio de Sanidad en 2011 asegura que «uno de los derechos básicos de las mujeres en materia de salud reproductiva es el derecho a la información y a decidir libremente».
«En España la objeción de conciencia no está regulada y no es un derecho constitucional, ni un derecho natural, solo es un reconocimiento por cuestiones ideológicas», explica Rey. Según este especialista, «lo que ha de prevalecer siempre es el derecho de la mujer, de forma que no se vaya a limitar el derecho de los profesionales a no realizar una intervención, pero que las instituciones estén obligadas a garantizar que se cumple el derecho a recibir una prestación sanitaria que está reconocida por la ley».
Las cuestiones relacionadas con la salud reproductiva y la anticoncepción han sido tremendamente controvertidas dentro de la iglesia católica y aunque en los últimos años teólogos de todo el mundo han exigido al Vaticano que avale el uso de anticonceptivos, la iglesia aún no ha tomado pasos decisivos en este sentido. «Yo soy médico y no entro en conflictos ideológicos, pero si una persona se dedica a tratar la salud de las personas, lo que no puede hacer es actuar en contra de la salud de esas personas», concluye Rey.
Hospitales católicos que practican la eutanasia
La iglesia católica no solo prohibe la aplicación de métodos o intervenciones que puedan frenar la reproducción, sino que también prohibe otros procedimientos como la eutanasia. Sin embargo, la congregación de los Hermanos de la Caridad en Bélgica anunció el pasado 12 de septiembre que comenzaría a aplicar la eutanasia a aquellos pacientes psiquiátricos no terminales que lo soliciten, algo permitido por la ley belga siempre que se cumplan una serie de requisitos.
La decisión se tomó a pesar de las críticas recibidas tanto desde dentro de la congregación como de otras instituciones católicas, como la Federación Internacional de Hospitales Católicos, que aseguró en un comunicado que «la eutanasia en casos de sufrimiento psíquico no-terminal no va en el interés del paciente, ni en el interés de la sociedad y daña el testimonio cristiano de la congregación en nuestra cultura secular”. La decisión también ha contado con el rechazo explícito de los superiores de la sede central de la congregación en Roma, que han enviado el caso al Vaticano.
