Los obispos, cientos de sacerdotes y una treintena de entidades cristianas piden al Gobierno central respeto al autogobierno de Cataluña y que permita la votación
La comunidad católica de Cataluña ha generado decenas de manifiestos en los últimos días condenando las acciones judiciales contra los miembros de la Generalitat investigados por la organización del 1-O y a favor de que se pueda celebrar un referéndum. Algunos específicamente partidarios de la votación y otros de la autodeterminación, se han posicionado en este sentido desde las más altas instancias de las diócesis, pasando por párrocos y entidades cristianas educativas. La Conferencia Episcopal Tarraconense, que reúne a los obispos catalanes, hizo pública el miércoles una nota pidiendo que, “en este momento de la historia de Cataluña”, “se respeten los derechos y las instituciones”.
Los obispos catalanes difundieron en mayo otro comunicado en el que señalaban que “conviene que sean escuchadas las legítimas aspiraciones del pueblo catalán, para que sea estimada y valorada su singularidad nacional”. La comisión permanente de la Conferencia Episcopal Española (CEE) celebrará la semana que viene una reunión en la que “podría definirse una postura como institución”, si así se consensúa y se considera pertinente, según fuentes de la CEE. La comisión está formada por 24 miembros, entre ellos el cardenal arzobispo de Barcelona, Juan José Omella, el arzobispo de Urgell, Joan Enric Vives, y el obispo de Tortosa, Enrique Benavent.
Ayer se hizo público un manifiesto firmado por 300 sacerdotes y diáconos (en las diez diócesis catalanas hay 2.190 sacerdotes y religiosos, según una estadística de la Conferencia Episcopal de enero de 2016) que llama a los católicos catalanes a votar el 1-O: “Ante la imposibilidad de pactar las condiciones para llevarlo a término de forma acordada, consideramos legítima y necesaria la realización de este referéndum”. Unas 30 instituciones cristianas catalanas también se han solidarizado esta semana con las protestas contra la detención de 14 cargos de la Generalitat y los registros en varias dependencias del Gobierno catalán.
El miércoles, el mismo día de la operación ordenada por el juez Ramírez Sunyer, 14 entidades católicas difundieron una carta en la que mostraban su “apoyo a las instituciones catalanas, y el rechazo a las últimas actuaciones del Estado español contra la democracia y el Estado de derecho”. Entre los firmantes se contaban la Escuela Pía de Cataluña —sección catalana de los escolapios—, la Congregación Vedruna y la Fundación Claret. Los claretianos también han defendido que, “de acuerdo con la doctrina social de la Iglesia, Cataluña tiene el derecho a decidir libremente su futuro”.
Los escolapios catalanes han condenado por su parte lo que consideran una acción “contra las instituciones catalanas” y contra “miembros de nuestro pueblo”. Además, han defendido la necesidad de que la ciudadanía se manifieste en contra de las acciones judiciales.
Los maristas y La Salle Cataluña coincidieron el jueves en pedir respeto para todas las opiniones políticas y que “la ciudadanía sea escuchada”. La Fundación Jesuitas Educación —vinculada a los centros educativos de la Compañía de Jesús— expresó “su desencanto ante la situación política que se vive en Cataluña con repetidos episodios que ponen en juego la libertad de expresión de todos los catalanes”. Los últimos en sumarse a la protesta fueron este viernes cinco monasterios femeninos benedictinos y cistercenses, que reclamaron la autodeterminación y condenaron «la vulneración de los derechos del gobierno y del pueblo catalán».
Malestar con Omella
Juan José Omella (nacido en Cretas, Teruel) y Enrique Benavent (Cuatretonda, Valencia), dos de los tres representantes de las diócesis catalanas en la Comisión Permanente de la CEE, son referentes de las voces más moderadas sobre la exigencia de un referéndum.
Omella causó malestar entre el independentismo a raíz de la misa por los fallecidos en el atentado yihadista en La Rambla. Omella no habló en ningún momento en catalán y se refirió a los representantes políticos catalanes como “autoridades autonómicas”, mientras que sí que se dirigió al Rey, al presidente y a la vicepresidenta del Gobierno. Varios medios de comunicación aseguraron que el presidente de la Generalitat, Carles Puigdemont, increpó a Omella tras la ceremonia. El Arzobispado de Barcelona negó este desencuentro.
El Vaticano ha sido cauto sobre el proceso de independencia en Cataluña. El papa Francisco valoró en 2014 en La Vanguardia que “hay casos que serán justos y casos que no serán justos, pero la secesión de una nación sin un antecedente de unidad forzosa hay que tomarla con muchas pinzas y analizarla caso por caso”.
