La Iglesia católica, pese a decirse al servicio de los pobres, maneja su patrimonio financiero con los mismos criterios que cualquier empresa. Compra títulos deuda pública, se beneficia de las sicav y busca ganar rentabilidad e influencia con sus multimillonarias inversiones.
La Iglesia llegó a controlar varias sicav, el instrumento favorito de los ricos, que la crisis se llevó por delante
Aunque su reino no sea de este mundo, la Iglesia católica nunca ha descuidado los asuntos terrenales. Como cualquier empresa, procura administrar su copioso patrimonio con criterios de rentabilidad y/o influencia. Sobre todo, el patrimonio financiero: los miles y miles de millones que cada año pasan por sus manos, procedentes de las arcas públicas o de las donaciones de sus fieles.
Los negocios de Dios son tan universales como su Iglesia y tienen su epicentro en la sede apostólica de Roma, aunque se extienden por los centenares de diócesis del planeta que cuentan con recursos para hacerlos. Hay ejemplos muy reveladores de hasta dónde llega el poderío económico y cuál la forma en la que gestiona su dinero una institución que se proclama al servicio de los pobres.
A finales de 2012, el Banco Vaticano no quiso quedarse al margen de los pingües beneficios derivados de la crisis de la deuda, que puso por las nubes la rentabilidad de los bonos del Estado. Para sumarse al festín, colocó en ese tipo de productos cerca de dos mil millones, la mayor parte en dos países sobre los que pendía la espada de Damocles de la intervención: Italia (1.179 millones) y España (589 millones).
Se trata sin duda de cifras modestas, comparadas con las que movilizaron por aquella época los grandes inversores institucionales, pero constituyen una prueba irrefutable de que el modus operandi de quienes gestionan la Iglesia no difiere del más habitual en las entidades con ánimo de lucro. A pesar de que, al menos en teoría, los fines que persiguen son radicalmente distintos.
Por supuesto, la Iglesia española no constituye ninguna excepción y, cuando opera en los mercados financieros, parece regirse por aquello de “a Dios lo que es de Dios y al César lo que es del César”. De ahí que, durante años, no haya tenido el más mínimo pudor en utilizar unos de los instrumentos favoritos de los ricos para engordar su patrimonio con el menor coste fiscal.
A principios de 2008, la Iglesia controlaba varias sicav, las sociedades de inversión colectiva cuyos beneficios gozan del privilegio de tributar sólo al 1%. Umasges tenía como socios a los arzobispados de Madrid y de Burgos y a la Mutua Umas, perteneciente a la órbita de la Conferencia Episcopal. En Vayomer y Gran Premier había también una clara presencia eclesiástica, aunque el aliado era en este caso (quién mejor) el banco portugués Espirito Santo.
La crisis se llevó por delante algunas de estas sicav: Umasges fue disuelta en el mismo 2008 y Gran Premiere, en 2011. Vayomer cambió en 2012 su nombre por el de Naujirdam Inversiones, y otro tanto ocurrió con Finanzas Querqus, propiedad de la Orden Hospitalaria de San Juan de Dios, que pasó a llamarse Relian Capital. Pero el objetivo seguía siendo idéntico: sacar la máxima rentabilidad y pagar los mínimos impuestos.
Para saber en qué activos colocan sus activos estas sicav, basta con echar un vistazo a último informe de Naujirdam depositado en la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) y correspondiente al primer trimestre de 2017. Títulos de renta fija y acciones de grandes empresas, como Banco Santander, Telefónica o Repsol, forman parte de su cartera, por un importe total que rondaba los cinco millones de euros a esa fecha.
Por cierto que la existencia de Naujirdam se compadece mal con el manual de inversiones financieras que aprobó el Plenario de la Conferencia Episcopal celebrado en noviembre de 2016. Según la información que trascendió entonces sobre su contenido, los obispos se comprometieron a no invertir en paraísos fiscales, ni realizar operaciones de carácter especulativo… ni utilizar sicav.
La afición de la Iglesia a poner su dinero bajo el sol que más calienta viene de antiguo y ha hecho que sobre ella caiga algún inesperado chaparrón. El más sonado fue, sin duda, el escándalo de Gescartera, la agencia de valores intervenida en 2001 por defraudar a sus clientes después de ofrecerles altas rentabilidades. Unos veinte millones de euros perdieron las instituciones religiosas que confiaron en ella.
Al menos dos diócesis figuraron entre los damnificados: la de Valladolid y la de Astorga. El ecónomo (administrador) de esta última, el sacerdote Ángel Lucio Vallejo Balda, fue nombrado tiempos después secretario de la Prefectura para Asuntos Económicos de la Santa Sede, seguramente en recompensa por su buen olfato. Ya con Francisco como papa, Vallejo Balda protagonizaría la filtración de documentos pontificios secretos bautizada con el nombre de Vatileaks 2, por la que fue condenado en 2016 a 18 meses de prisión.
Si Gescartera constituyó un ejemplo de las consecuencias de la avaricia en la gestión del patrimonio financiero de la Iglesia, el más reciente del Banco Popular refleja hasta qué punto organizaciones vinculadas a ella están dispuestas a arriesgar mucho dinero a cambio de mantener ciertas cuotas de influencia y de poder.
Uno de los pesos del banco ha sido tradicionalmente la Sindicatura de Accionistas, que tenía el 9,8% del capital antes de la absorción por el Santander. Pertenecía a ella la Unión Europea de Inversiones (UEI), promovida por personas e instituciones cercanas al Opus Dei, el movimiento religioso que nutrió la alta dirección del Popular durante años, incluidos al menos un presidente (Luis Valls-Taberner) y un consejero delegado (Rafael Termes).
La participación de la UEI, que era del 3%, valía más de 260 millones de euros hace dos años. Para que no se diluyera en las tres ampliaciones llevadas a cabo desde entonces, tuvo que desembolsar una fuerte suma de dinero (74 millones en la última). Como parte lo obtuvo a crédito, el desplome posterior de la acción puso a la sociedad al borde de la quiebra técnica.
Todos estos asuntos, aunque estuvieran en juego fondos de distinta procedencia, han proporcionado argumentos a quienes defiende que la Iglesia debe estar sujeta fiscalización por el Tribunal de Cuentas, al ser perceptora de recursos públicos. Sólo a través de la asignación tributaria (la casilla del IRPF), recibe del orden de 250 millones de euros anuales, a los que hay que añadir las subvenciones de todo tipo provenientes de las distintas administraciones.
Sin embargo, el Tribunal de Cuentas se niega a entrar en las de la Iglesia, como quedó de manifiesto en la votación de su plan para 2017. Nunca antes se había visto el asunto en el pleno, y los siete consejeros nombrados a propuesta del PP hicieron valer su mayoría, frente a los cinco del PSOE. Eso impedirá que se sepa con detalle a qué dedica el dinero una institución como la Conferencia Episcopal, que incluso en los momentos más duros de la crisis ha gastado más en mantener su propia televisión (13TV) que en ayudar a Cáritas.
