El Ayuntamiento de Valencia gobernado por el tripartito de izquierdas dejó clara desde la llegada de Joan Ribó a la Alcaldía su intención de acabar con la exención en el pago del Impuesto de Bienes Inmuebles (IBI) a los locales que pertenecen a confesiones religiosas. En pleno siglo XXI, resulta inconcebible que la Universidad Católica no abone un tributo que sí pagan «religiosamente» los vecinos por sus casas y los comercios por sus inmuebles.
Para ello, un grupo de consistorios pedirá al Gobierno central un cambio legislativo y del Concordato con el Vaticano. La medida va en la línea del laicismo oficial que pregona el tripartito, hasta transformarse en «laicismo fiscal», como lo definió el concejal de Hacienda, el socialista Ramón Vilar.
Esta iniciativa, que no afectaría a los lugares de culto ni con fines sociales (para entendernos, una parroquia o una sede de Cáritas) encontrará resistencias. Pero una cosa, también discutible, es la presencia de la religión, cualquiera que sea, en la vida pública, y otra que un garaje, un piso o un negocio no paguen impuestos simplemente por pertenecer a una confesión religiosa.
La legitimidad de una Administración para cobrar impuestos a los ciudadanos se basa en laequidad y en la justicia. Otorgar privilegios es propio de otros tiempos.
