En un auto hecho público a última hora de esta mañana, los magistrados de la Sala Contencioso-administrativo estiman la medida cautelar solicitada por los obispos de Aragón y por la Asociación de profesores de religión APPRECE y acuerdan suspender la orden dictada por el Departamento de Educación, Cultura y Deporte el pasado 29 de julio que reducía el número de horas de las clases de religión en primaria en un 50%.
La Sala Contencioso-administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Aragón ha dictado esta mañana sendos autos de medidas cautelares en respuesta a los recursos presentados por el Arzobispado de Zaragoza y los Obispados de Teruel-Albarracín, Huesca, Jaca, Tarazona y Barbastro-Monzón y por la Asociación Profesional de Profesores de Religión de Centros Estatales (APPRECE) en los que estima las medidas cautelares solicitadas y suspende, a partir del curso 2016/2017, la distribución horaria semanal de la asignatura de religión en la Educación Primaria tal y como estaba prevista en la orden dictada por el Departamento de Educación, Cultura y Deporte el pasado 29 de julio.
El tribunal, sin entrar a prejuzgar el fondo del asunto, considera que es un interés legítimo tanto de los obispos como de los padres y los alumnos que quieren cursar la asignatura y que este interés se vería seriamente perjudicado de no adoptarse la medida cautelar ya que se reduce nada menos que el 50 % del horario de la Religión, sin que haya un motivo expuesto en la norma que justifique que la enseñanza de la Religión quede como la materia con menor carga lectiva de todas las que se cursan en Primaria.
Entiende también los magistrados que la medida perjudica a los Profesores de Religión que pueden ver reducida su jornada, e incluso extinguidos sus contratos, dada la peculiar naturaleza de su nombramiento (FD II, pags 5, 6).
Ambos recursos fueron presentados el pasado 1 de Septiembre y en ellos se solicitaba la adopción de medidas cautelares argumentando que la reducción del número de horas de clases de religión establecida en la Orden del Departamento de Educación, Cultura y Deporte (dictada el de 29 de julio) “determina un perjuicio irreparable para los padres y los alumnos que quieren cursar Religión” además de vulnerar el Acuerdo del Estado con la Santa Sede.
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