La comunidad musulmana reivindica la libertad para usar esta prenda mientras que colectivos de mujeres lo rechazan
La comunidad musulmana en el Estado reivindica la libertad para usar el burkini mientras que colectivos de mujeres rechazan esta prenda con rotundidad, tras la polémica desatada en Francia por la prohibición del traje de baño islámico, que cubre todo el cuerpo, excepto la cara, las manos y los pies.
En declaraciones, el presidente de la Unión de Comunidades Islámicas del Estado (Ucide), Riay Tatary, subraya que la controversia sobre el uso del burkini no afecta al Estado, donde no se ha regulado sobre esta cuestión.
Tatary reconoce que este atuendo es excepcional en las playas del Estado y enmarca su utilización dentro de la libertad personal.
Pone como ejemplo el caso de Alemania, donde las mujeres y jóvenes musulmanas acuden a piscinas públicas o privadas que reservan un día para ellas con normalidad, aunque los grupos de ultraderecha discrepan de esta medida para «sacar tajada electoral y arañar votos».
Opina que el debate sobre el burkini «no es de envergadura» y apuesta por abordar cuestiones «más importantes» en el Estado como la educación que, desde su punto de vista, es «la llave para evitar la radicalización y favorecer la convivencia en una sociedad plurirreligiosa».
Destaca que la Unión de Comunidades Islámicas del Estado trabaja desde hace veinte años para que todos los musulmanes reciban una enseñanza religiosa «idónea y correcta», al tiempo que reclama al Estado un aumento del profesorado para impartir esta materia.
Por su parte, la presidenta de la Asociación de Mujeres Juristas Themis, Amalia Fernández, se muestra en contra de la utilización del burkini por considerarlo «un retroceso en los derechos de las mujeres».
«En Europa, no podemos retrotraernos en los derechos que hemos conseguido las mujeres. Igual que el hombre no lo usa, la mujer no tiene porqué hacerlo», señala.
A su juicio, el uso del burkini no entra dentro del derecho personal de ninguna mujer, sino que implica la obligación y la imposición de que ellas tengan que vestir de determinada manera, independientemente de que algunas lo lleven porque quieren.
Si surgiera algún problema en el Estado, lo mejor sería regularlo, según la representante de la Asociación de Mujeres Juristas Themis, quien aboga por la prohibición del burkini.
«Es vergonzoso ver en las playas y hoteles de todo el mundo a estos hombres disfrutando de las playas junto con sus hijos mientras sus mujeres permanecen con el cuerpo cubierto debajo de una sombrilla pasando calor», resalta.
La profesora titular de Derecho Constitucional de la Universidad de Alcalá de Henares (Madrid), Encarna Carmona, coordinadora del Grupo de Investigación para la Igualdad de Género, precisa que en la prohibición del burkini en varias localidades francesas hay un conflicto de derechos fundamentales.
A favor de la prohibición de esta prenda, los ayuntamientos franceses alegan la laicidad del Estado, así como la protección del orden público y la seguridad tras los últimos atentados yihadistas.
La igualdad de género es otro argumento para apoyar el veto al burkini, que cubre el cuerpo de las mujeres y no de los hombres, lo que supone «una discriminación» y «un atentado a la dignidad de las mujeres», recalca.
En el otro lado de la balanza, afirma, los defensores del traje de baño de las mujeres musulmanas pueden reivindicar el derecho a la libertad religiosa y a la libertad ideológica, que están reconocidos en el artículo 16 de la Constitución.
La libertad ideológica no solamente protege la posibilidad de pensar como uno quiera, tener ideas propias y vivir de acuerdo con ellas, sino que permite que haya personas que vayan a la playa con un bañador o que vayan desnudas, agrega.
Carmona defiende la prohibición absoluta del burka, pero en el caso del burkini se inclina por no vetar esta vestimenta por entender que esto «puede generar conflictos».
Se muestra a favor de la integración de las mujeres musulmanas en la educación, la cultura y la vida social, por lo que estima que es mejor que acudan a bañarse a las playas con estos «trajes de buzo», en vez de recluirse en sus casas.
«El Derecho solo debe prohibir cuando algo está muy justificado», resalta la profesora tras recordar que, en el norte, la gente acude a las playas con trajes de neopreno, que solo dejan la cabeza, las manos y los pies a la vista.
En el Estado el problema no existe. «El Derecho debe tratar de resolver problemas y no de crearlos. No se deben prohibir cosas que no son peligrosas, que no alteran el orden público o que no afectan a los derechos de otros», recalca.
