En pleno debate sobre el uso del burkini en las playas francesas, el primer ministro francés, Manuel Valls, ha brindado su apoyo a los alcaldes que han decidido prohibir esta prenda. En una entrevista al diario La Provence publicada este miércoles, considera que el bañador islámico, que cubre todo el cuerpo y el cabello, “no es compatible con los valores de Francia y de la República” y por ello “entiende” a los regidores de Cannes y otras ciudades costeras que lo han vetado para evitar altercados. Sin embargo, Valls no considera que sea necesario legislar a nivel nacional. Recuerda que el Consejo de Estado, la máxima autoridad administrativa, debe pronunciarse sobre el tema.
“Las playas, como todo espacio público, tienen que preservarse de toda reivindicación religiosa”, apunta el primer ministro socialista. “El burkini no es una nueva gama de bañadores, una moda. Es la traducción de un proyecto de contra-sociedad, fundado entre otros en el sometimiento de la mujer”, añade. En el contexto actual de tensión provocado por los atentados yihadistas, Valls “entiende” y “apoya” a los alcaldes que han querido evitar altercados. Pero descarta legislar en ese sentido. “La reglamentación general de las prescripciones de las vestimentas no puede ser la solución”, señala. En este sentido recuerda que el Consejo de Estado, al que ha anunciado recurrir el Colectivo Contra la Islamofobia en Francia, tendrá que pronunciarse “próximamente”.
Valls recuerda que ya existen dos leyes que prohíben ciertas prendas religiosas: la de 2004, conocida como ley del velo, por la que todo “signos religioso ostentoso” está proscrito de los centros educativos de primaria y secundaria, y la de 2010 contra el burka, que veta el uso de esta prenda (y cualquiera que cubra el rostro y dificulte así la identificación). Considera, sin embargo, que esta última no se aplica de forma automática, algo que quiere remediar. “Antes de pensar en legislar, haremos aplicar la ley que prohíbe el velo integral en el espacio público”, señala. “Las autoridades musulmanas también deben condenar el velo integral, condenar los actos de provocación que crean las condiciones de la confrontación”.
El lunes, el ex ministro y senador Jean-Pierre Chevènement, cuyo nombre suena para dirigir la Fundación para el Islam que el Gobierno quiere poner en marcha para controlar la financiación de las mezquitas, había pedido a los musulmanes “discreción” en la manifestación de fe, unas declaraciones con las que Valls se muestra de acuerdo. “Si queremos construir un Islam de Francia, compatible con nuestros valores, nuestras libertades, la igualdad entre hombres y mujeres, el Islam debe, al igual que las demás religiones, aceptar la discreción en la manifestación de sus convicciones religiosas”.
El debate sobre el burkini se inscribe dentro de uno más amplio y más antiguo sobre el lugar de la segunda religión de Francia dentro de la República laica. Se estima que hay entre 4 y 5 millones de musulmanes en el país, aunque se desconoce el número de practicantes. Tras los ataques de julio en Niza y en Normandía, Valls había apuntado ya a la necesidad de reformar sus instituciones —de momento existe el Consejo Francés del Culto Musulmán, creado en 2003, minado por las divisiones internas y rechazado por parte de la población musulmana en Francia—, y de buscar formas de garantizar la transparencia de la financiación del culto y asegurarse de que los imanes sean formados dentro del país.
